Avilés pone orden en el servicio de ayuda a domicilio con una nueva ordenanza

El texto que hoy será presentado a los grupos determina que podrán beneficiarse del servicios de ayuda a domicilio todas aquellas personas empadronadas en Avilés que se encuentren «en una situación que les impida satisfacer sus necesidades personales y sociales por sus propios medios y requieran asistencia para continuar en el domicilio habitual». Por una parte, aquellos que tienen reconocido algún grado de dependencia, y por otra quienes no son dependientes pero sí tienen problemas: personas mayores o con discapacidad que tienen dificultades en su autonomía personal, pero también menores «cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y la atención de las actividades básicas de su vida diaria que en su propio domicilio requieren».

Se regulará también qué usuarios tendrán prioridad en el caso de que deba establecerse una lista de espera, y serán aquellos que se encuentren en situación de precariedad económica, entendida come una renta anual inferior al IPREM, establecido este ejercicio en 8.400 euros anuales, familias en situación crítica «por la falta de un miembro clave por enfermedad, internamiento temporal, hospitalización o dificultades de otra índole», y personas incluidas en programas de servicios sociales municipales que, de forma temporal, necesiten de esta prestación como parte de su tratamiento social.

La futura ordenanza dejará establecido claramente cuáles son las funciones que debe realizar el personal del servicio, de las que está excluidas expresamente la atención a los miembros de la familia de los usuarios, determinados tipos de limpieza, como la de persianas o garajes, los arreglos importantes de la casa o el movimiento de muebles. Tampoco se contempla ella atención a animales de compañía, salvo que se trate de perros de asistencia.

Se recogen también los derechos y obligaciones de los beneficiarios del servicio, entre ellas «la de participar en el coste en función de su capacidad económica y patrimonial» y la de «mantener una actitud colaboradora y correcta para el desarrollo de la prestación» y la de «respetar la dignidad de las personas trabajadoras mediante el trato correcto y sin que puedan darse conductas discriminatorias», además de «no exigir tareas o actividades no incluidas en el programa personalizado». La norma estipula expresamente que la prestación del servicio podrá suspenderse en casos de «violencia, caso o cualquier otra conducta que atente gravemente contra la dignidad o la integridad física del personal de atención directa de primer nivel».

Lo mismo se estipula para aquellos usuarios del servicio y de comida a domicilio y de teleasistencia, que también quedarán debidamente regulados con este nueva normativa municipal, que busca dar un mayor rango a las actividades que hasta ahora se guiaban por un procedimiento de funcionamiento. Las normas quedarán ya establecidas por norma para evitar malentendidos y suposiciones.