AZSA supera el trámite ambiental para su obra de cien millones en San Juan

La empresa Asturiana de Zinc ha superado favorablemente el Informe de impacto ambiental necesario para construir su nueva nave de electrolisis en la planta de San Juan de Nieva, una obra en la que ya ha comenzado el movimiento de tierras y que supondrá una inversión de cien millones de euros por parte de la multinacional, garantizado así la continuidad de la factoría en la comarca.

Concluido el periodo de alegaciones, que en su día se retrasó a consecuencia de la interrupción de los plazos administrativos por la pandemia, este se ha resuelto sin problemas para la compañía. El Principado ha concluido que el proyecto «no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente» y, en consecuencia, se considera que este no debe someterse al más complejo trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Eso sí, la empresa deberá observar medidas preventivas, correctoras y de control ambiental, unas propuestas por la propia AZSA y otras a petición de distintas administraciones públicas consultadas durante el proceso.

La obra supondrá la construcción de una nueva nave de electrolisis en una parcela dentro de las propias instalaciones de la empresa en San Juan de Nieva, concretamente en el denominado parque de intemperie, con 35 celdas de 122 cátodos y una capacidad de producción de 248 kilotoneladas al año. Esta nave, denominada E, sustituirá a las dos más antiguas de la planta, la A y la B, que datan de 1960 y 1974 respectivamente, y que ya se han quedado obsoletas.

Paralelamente se construirá también una nueva instalación de fusión y colada de lingote, que a su vez reemplazará a los hornos de fusión de cátodo pequeño, que dejarán de existir, en la misma zona en la que se encuentran actualmente en funcionamiento las instalaciones llamadas 'fusión 1'. Se retirarán los equipos existentes y algunas oficinas, y se instalará un nuevo horno de inducción y un nuevo sistema de alimentación de cátodos de zinc, mientras que las dos líneas de colada existentes se reubicarán en la nueva zona.

El proyecto planteado por la multinacional implica, según figura en el informe emitido por el Principado, «menores emisiones indirectas, asociadas a los consumos de energía, de gases de efecto invernadero», y se considera además que no hay afección directa o indirecta sobre espacios naturales protegidos, al paisaje o al patrimonio cultural. Se valora en cambio que «permite garantizar el mantenimiento de la actividad, con importancia desde el punto de vista socioeconómico», y además que «conlleva unas mejores condiciones de trabajo en cuanto a la disminución del riesgo higiénico por exposición a nieblas sulfúricas de los trabajadores».

La Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente exige, eso sí, una especial vigilancia sobre la contaminación de los suelos y una adecuada gestión de los residuos que se generen, mientras que Salud pide proteger las masas de agua subterráneas y aplicar medidas de control del riesgo químico. La Confederación Hidrográfica, por su parte, exige la colocación de barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación o zanjas de infiltración para evitar el arrastre de tierras. La previsión de la empresa es llegar a ahorrar un 1,4% de energía, un 58% de agua, un 30% de plomo y un 38% de plata gracias a esta modernización.