La Fundación del Niemeyer apoya aplazar el juicio previsto el día 24

José Luis Rebollo, en una de las citaciones en los Juzgados. / MARIETA
José Luis Rebollo, en una de las citaciones en los Juzgados. / MARIETA

Tanto la acusación particular como una de las defensas remiten a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial sendos escritos en ese sentido

C. DEL RÍO AVILÉS.

La defensa de Natalio Grueso, uno de los cinco acusados en el 'caso Niemeyer', no está sola en su petición de aplazamiento del juicio cuyo inicio está previsto para el próximo 24 de septiembre. A la espera de que tanto la sala de vacaciones de la Audiencia Provincial como la propia Sección Tercera que juzgará el caso resuelvan los dos recursos acerca de la petición de suspensión, tanto el abogado del agente de viajes José María Vigil, el principal acusado junto con Natalio Grueso, como la acusación particular, ejercida por la Fundación Centro Cultural Oscar Niemeyer, han remitido sendos escritos en el que exponen que, dadas las circunstancias, será imposible realizar una defensa profesional digna. Saben que la sala es soberana en sus decisiones y acatarán la misma, pero transmiten su convencimiento de que, de celebrarse, el juicio contará con muchas posibilidades de ser declarado nulo.

Es la última novedad de un caso que vuelve a estar en los titulares por la adjudicación de un letrado del turno de oficio a Natalio Grueso en pleno agosto (mes vacacional por excelencia en los tribunales) tras la renuncia de Pelayo Mijares, que había llevado toda la instrucción. A mediados de agosto fue designado José René Alperi, que el día 18 recogió las acusaciones y hasta hace pocos días estaba a la espera de recibir toda la documentación del mismo. Nada menos que veinte mil folios.

Fuentes consultadas por este periódico coinciden en señalar la imposibilidad de preparar un caso de estas características en tan poco tiempo. Es lo que reivindica el nuevo letrado de Grueso, que cree que «la nulidad sobrevolará el juicio en el supuesto de que se celebre». El pasado miércoles aún no tenía en su poder todos los autos, «por no hablar de preparar decenas de testificales y once periciales. Es una causa tan extensa que es insostenible afrontar una defensa con garantías en tan poco tiempo».

Alperi recurrió a la sala de vacaciones de la Audiencia Provincial poco después de recibir la causa, quien en su auto denegó la petición a expensas «de lo que dijera el tribunal enjuiciador». Este dictó de oficio una providencia a principios de esta semana por la que denegaba la citada suspensión o aplazamiento y que ha sido recurrida por la defensa de Grueso. Se da la circunstancia de que ambos organismos, tanto la sala de vacaciones como la propia Sección Tercera, están presididas por el mismo magistrado, Javier Domínguez Begega. Por lo que, en un principio, parece improbable que se desdiga en sus respuestas.

José René Alperi, que ya trabaja en el caso, asegura que «este asunto paraliza un despacho. Me tengo que dedicar en cuerpo y alma. Necesito más tiempo que un mes». En su opinión, la celebración del juicio podría suponer una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española.

Cabe recordar que al juicio señalado el lunes 24 de septiembre y cuyas vistas se extenderían hasta el 11 de octubre, están convocados 83 testigos y once peritos a los que interrogarían los abogados de las siete partes personadas más la Fiscalía acerca de las supuestas irregularidades en la gestión financiera del Centro Niemeyer. Natalio Grueso, su exdirector, es el que se enfrenta a una pena mayor. El Ministerio Público pide para él once años de cárcel, diez de inhabilitación para contratar con la administración pública y una multa de 24.000 euros por los supuestos delitos continuados de malversación en concurso medial con falsedad, otro societario y un tercero de insolvencia punible por los que afronta seis, tres y dos años, respectivamente.

Al agente de viajes José María Vigil, entonces contratado por El Corte Inglés, que también se persona en la causa, se le acusa de crear facturas «totalmente falsas» y otras alteradas para que no se reflejasen en las cuentas anuales o se reflejasen bajo conceptos ficticios. Este empleado afronta ocho años de cárcel por un delito de estafa y otro de malversación en concurso medial con otro de falsedad.

La Fiscalía considera que Grueso también se ayudó del exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, que afronta dos años y tres meses de cárcel por un delito societario, por tratar de presentar al Patronato unas cuentas lo más saneadas posibles y «ocultar el concepto de los gastos reales».

Al exjefe de producción y amigo de Grueso, Marc Martí, se le acusa de malversación al haber recibido 9.000 euros de una de las cuentas de la Fundación Niemeyer y a la exmujer del director, Judit Pereiro, de un delito de malversación a título de complicidad, por el que se enfrenta a dos años y seis meses de prisión, además de una inhabilitación de cinco años con la administración pública.

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