El juicio por el caso Niemeyer, aplazado

El presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial, Javier Domínguez Begega, ha aceptado este lunes la suspensión del juicio contra el exdirector de la Fundación Oscar Niemeyer, Natalio Grueso, tras la renuncia sucesiva de sus abogados.

Begega ha tomado la decisión en el primer día del juicio, después de que en las exposiciones previas, el nuevo abogado de Grueso, Fernando Burgos, quien se hizo cargo de la causa la pasada semana, asumiese el caso la pasada semana. Burgos lo ha solicitado basándose en la necesidad de preparar la defensa con la dedicación necesaria. Cuando el presidente de la Sala le preguntó cuánto tiempo quería, solicitó «20 o 25 días».

La sesión, en la que Begega ha prohibido a los medios de comunicación la toma de imágenes de los acusados en el procedimiento, el magistrado terminó así aceptando la petición de suspender la causa hasta dentro de un mes. Previamente, el fiscal, Alejandro Cabaleiro, comprendió la petición y se sumó a la misma. Ninguna acusación se opuso.

Grueso, que fue director de la Fundación entre 2007 y 2012 y que lleva desde la pasada semana en prisión comunicada y sin fianza por riesgo de fuga, se enfrenta a once años de cárcel, diez años de inhabilitación y multa por irregularidades detectadas en la gestión al frente de la Fundación Oscar Niemeyer, creada en 2007 con capital público.

El fiscal Alejandro Cabaleiro y la letrada Teresa Domínguez como acusación popular en nombre de Foro Asturias han mostrado su conformidad a la petición de la defensa para aplazar la vista y la acusación particular, en nombre del Principado a través de la Fundación Niemeyer, ha dejado la decisión a criterio del tribunal, que deberá pronunciarse esta mañana.

Por su parte, el abogado Luis Tuero, que ejerce la defensa de la ex esposa del ex director general de la Fundacion Niemeyer, J.P., para quien la Fiscalía pide dos años y seis meses, ha solicitado la nulidad de todas las actuaciones por la vulneración de derechos.

Tuero ha considerado que el tribunal no es competente para juzgar algunos delitos imputados que serían competencia, a su juicio, del tribunal del jurado y se coloca a su representada en una situación de indefensión.

Natalio Grueso ha llegado esposado a la Sala tras ser conducido desde el Centro Penitenciario de Asturias a la Audiencia Provincial, a donde fue tralsadado tras la sesión. Su abogado pedirá mañana su puesta en libertad.

El fiscal pide para él 11 años de cárcel, 10 años de inhabilitación y una multa de 24.000 euros, por los delitos continuados de malversación en concurso medial con falsedad, otro societario y un tercero de insolvencia punible.

Junto a Grueso se sientan en el banquillo de los acusados el agente de viajes J. M. V. R., quien afronta una petición fiscal de ocho años como presunto cooperador en sendos delitos de estafa y malversación, y el abogado José Luis Rebollo, ex secretario de la Fundación Niemeyer, como supuesto cooperador necesario en un delito societario, sobre quien pesa una petición fiscal de 2 años y 3 meses.

José Luis Rebollo se ha defendido a sí mismo y ha denunciado varias vulneraciones de derechos, entre ellas, ha enumerado la violación del secreto profesional y la inviolabilidad de la correspondencia, así como que ha sido llevado a la causa como persona física y no jurídica cuando todos los hechos que se le imputan supuestamente se produjeron en el despacho profesional. También está acusado Marc Martí, ex jefe de producción del Centro Niemeyer, que afronta una petición de un año y medio de prisión por su supuesta complicidad en un delito de malversación.

El abogado Alejandro Riera, en representación de la Fundación Niemeyer, pide 15 años y 6 meses de prisión para Grueso, mientras que la abogada María Teresa Domínguez, en nombre de Foro, solicita 13 años de cárcel. Tanto el fiscal como la acusación particular han rechazado las alegaciones de las defensas sobre posibles vulneraciones.

Natalio Grueso se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el pasado martes en cumplimiento de la orden dada por el tribunal por encontrarse en paradero desconocido y haber facilitado dos domicilios en los que no residía, lo que había imposibilitado entregarle la citación al juicio. El tribunal ratificó esta medida después de que Grueso se entregara por considerar que existe riesgo real de fuga.