Los sindicatos insisten en que su prioridad es mantener el empleo

No obstante, los cuatro sindicatos coincidieron que su objetivo principal es conseguir mantener la actividad industrial en la fábrica de San Balandrán. «Es algo que no lo dará una sentencia judicial, sino que vendrá por una intervención pública de la SEPI», aseguró ayer el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz en una idea que repiten sus compañeros de UGT, USO y APC, todos ellos participantes en el proceso judicial.

Desde Comisiones Obreras, José Manuel Gómez de la Uz reconocía su «satisfacción por el fallo». «Confirma todo lo que hemos venido y diciendo este tiempo. Alcoa quería cerrar las plantas y, durante el proceso, ha actuado de mala fe», aseguró.

No obstante, recordó que «nuestro objetivo no es recuperar las condiciones del despido que se habían pactado en 2019 con Alcoa. Lo que nosotros queremos es trabajar, conservar nuestro empleo. Y eso no nos lo dará ninguna sentencia judicial. Solo lo vamos a lograr con una intervención pública de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)».

Desde UGT, Daniel Cuartas también destacó que la sentencia «da la razón a los sindicatos y confirma todas las denuncias que hemos venido expresando estos años».

Pero Cuartas recordó que «aunque es una satisfacción leer la sentencia, eso no asegura el mantenimiento de la actividad industrial. Para ello necesitamos voluntad política para adoptar las medidas necesarias». Así, el dirigente de UGT, expresó su confianza en que la ministra Reyes Maroto presente en la reunión de hoy las bases para «un proyecto industrial que de viabilidad a las plantas y que pasa por apartar al Grupo Industrial Riesgo de la gestión».

Ángel Marqués, de USO, señaló la sentencia evidencia que «Alcoa es la culpable de la actual situación. Es algo que sabíamos desde el principio, pero no llevo dos años peleando para que un juez me diga lo que sabemos desde el principio; nosotros buscamos la viabilidad de las plantas y que se conserve el empleo y es algo que no nos lo dará una sentencia judicial». En este sentido, desde USO, se insistió en la necesidad de una intervención pública para asegurar la continuidad de una empresa «estratégica para la comarca».

Por su parte, Juan Antonio González Barriocanal, secretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) también expresó su satisfacción porque «la sentencia reconoce la responsabilidad de Alcoa, que es algo que veníamos denunciando los sindicatos desde el principio». Sin embargo, señaló que «la sentencia no asegura el futuro de las plantas, que es nuestro objetivo. Eso sólo vendrá por el papel del gobierno y que la SEPI ponga a las plantas a funcionar y no estén en la situación actual».

Por su parte, desde la Federación de Industria de UGT (FICA-UGT) se insistía ayer que, después de la sentencia de la Audiencia Nacional «las plantas de Avilés y La Coruña deben volver al grupo Alcoa».