Los arqueólogos piden «mano dura» con los cazatesoros
Recuerdan que hay profesionales que trabajan legalmente con detectores de metales, pero que otros «son auténticos expoliadores»
Los arqueólogos lo tienen claro: «Estamos en contra del uso de los detectores de metales por el daño que suponen a los yacimientos arqueológicos». No ... es que estén en guerra con las herramientas ni con los detectoristas, pero la experiencia les dice que, en la mayoría de los casos, el restultado es nefasto para los bienes patrimoniales que, recuerdan, «son de todos, no son de los arqueólogos ni de los detectoristas». Lo cuenta Patricia Suárez Manjón, presidenta de APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias), quien tiene claro que «hay gente que lo hace con mala intencion y otros por desconocimiento, porque lo consideran un hobby y piensan que ayudan a la sociedad, cuando en realidad lo que hacen es estropear los yacimientos», lamenta. Algunos son «auténticos expoliadores».
La polémica viene de lejos. Ha sido el artículo publicado este fin de semana por EL COMERCIO, en el que se recoge el 'boom' que están teniendo en Asturias este tipo de prácticas en los últimos meses -se han abierto siete expedientes sancionadores y es rara la semana en la que el Museo Arqueológico no recibe alguna pieza proveniente de este tipo de excavaciones no reguladas- el que ha vuelto a poner de actualidad esta problemática.
«El trabajo del arqueólogo no es buscar objetos, no es encontrar tesoros», recuerda Suárez Manjón ante quienes critican a su gremio. «Nuestro misión es seguir una metodología científica para poder comprender el pasado a través de los yacimientos, y todo eso se obvia en este tipo de intervenciones», denuncia. «Ahora nos llegan objetos mudos que no aportan información. En el reciente caso de las hachas de Langreo, por ejemplo. No sabemos en qué capa de tierra estaban enterradas, ni cómo estaban colocadas, en qué tipo de contenedor si lo hubiera».
Piden un cambio en la normativa, y muestran su apoyo al proceso que iniciará la Consejería de Cultura de poner en marcha un grupo de trabajo para frenar esta proliferación de expolios. «La legislación se está cambiando en otras comunidades y hay un borrador de la Ley de Patrimonio Nacional que contempla que se va a restringir esa práctica. Mientras tanto tenemos que actuar aquí, porque en los últimos tiempos empieza a ser un problema grave, así que hay que regularlo de alguna manera», apuesta. «Mientras no haya una prohibición, que no sé si será posible, sí se puede regular para minimizar o paliar el problema».
Tampoco es favorable a otros sistemas, como el de recompensar este tipo de hallazgos, como se hace en algunos países como Reino Unido. «En Inglaterra el ordenamiento jurídico es totalmente diferente. Aquí, un bien arqueológico es de interés público, nos pertenece a todos. En Inglaterra pertenece al dueño de donde se encuentra, salvo los metales preciosos, que por una ley medieval tienen que ser propiedad de la Corona, y se ingresan en los museos a cambio de una recompensa. Eso aquí no es posible. El hecho de que todo sea público y de que alguien los sustraiga para venderlo o quedárselo es un atentado». Es por eso que apuesta más por un modelo que combine lo didáctico con lo punitivo. «En este país, con sanciones y mano dura se acaba con parte del problema, pero yo creo que es tan importante eso como educar a la sociedad y a los cazatesoros. Quienes lo hagan con mala intención, lo seguirán haciendo, y habrá que perseguirlos. Pero también queremos explicar a quien no lo entiende el daño que se causa a los yacimientos», insiste. Recuerda también que «no se puede excavar todo a la vez, no hay capacidad para estudiarlo ni recursos económicos para asumirlo ni espacio para conservarlo adecuadamente», resume. «Un problema importante es la falta de efectivos en la propia Consejería para atender esto», reconoce.
Y aunque el uso de detectores está contemplado dentro de un proyecto de intervención arqueológica, con personal cualificado, la experiencia les dice que «no siempre funciona bien, porque los intereses son diferentes. Hay compañeros nuestros que están a favor de esa vía, pero otros están totalmente en contra», reconoce ante lo complejo del problema. Sí tiene claro el objetivo: «Lo que hay que hacer es frenarlo, recordar a la gente que si se encuentra algo, que no sigan excavando. Que sepan que hay que notificarlo antes de 48 horas al Museo Arqueológico o a la Consejería de Cultura», subraya. Alerta, por último, de que «también se pueden producir accidentes si aparece un proyectil de la guerra civil, por ejemplo».
También desde la AdministracIón se puede hacer más. «Los inventarios arqueológicos deberían ser más fácilmente consultables, que haya un sistema informático que refleje todos los yacimientos y lugares protegidos, con diferentes niveles de acceso. Esa herramienta podría ser muy útil para Guardia Civil, Seprona, Policía Nacional y para los profesionales. Así las cosas, desde APIAA ofrecen «toda la colaboración» a la Administración para tratar de frenar la proliferación de expolios que sufre Asturias.
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