Alcoa repite hachazo industrial

La historia se repite. Como en el caso de las plantas alumineras de Avilés y La Coruña, es la crónica de una muerte anunciada. Alcoa llevaba años amenazando con cerrar, al menos en parte, sus factorías de Lugo y, en plena pandemia, ha hecho un anuncio, por desgracia, ya conocido en Asturias. Quiere prescindir de 534 trabajadores y cerrar la factoría de aluminio del complejo que tiene en la zona de A Mariña. Ante este nuevo hachazo industrial, miles de personas se manifestaron ayer entre Galicia y el Principado. Cortaron incluso la A-8, a la altura del puente de Los Santos que une ambas comunidades, hermanadas una vez más por la huida de la multinacional americana. No hubo grandes atascos porque el tráfico se desvío a través de la salida 508 hacia Vegadeo.

Los gritos de «Alcoa no se cierra», más el «Alcoa, peche non», en gallego, o «energía solución» volvieron a resonar a las puertas del Principado, cuando ya se ha demostrado que la venta de la factoría asturiana de San Balandrán fue solo un cierre en falso y los trabajadores asturianos preparan también movilizaciones, al no cobrar una parte de ellos el sueldo de mayo. Si ya había dudas sobre el futuro, al no materializarse ninguna de las inversiones comprometidas para garantizar la supervivencia de la actividad, la llegada del grupo Riesgo, propietario por sorpresa del 75% del capital, no ha hecho otra cosa que agravar la situación.

A pesar de que los trabajadores asturianos preferían otras opciones de venta, Alcoa decidió en julio del año pasado traspasar las plantas al fondo suizo Parter, pero un mes después ya negociaba con Riesgo una reventa que, ahora, la multinacional aluminera considera irregular. De ahí que haya cortado las cantidades que ingresaba a Parter cada mes, dentro del acuerdo al que habían llegado, y no hay dinero para los salarios.

En realidad, Alcoa lleva años en retirada. De las nueve fábricas que adquirió de la antigua Inespal ya solo cuenta con dos. Su fuga se inició, en el fondo, justo cuando terminó el contrato eléctrico que le había otorgado el Gobierno de José María Aznar con motivo de la privatización de la aluminera pública. Entonces empezaron los problemas y las quejas por parte de la compañía sobre el alto precio energético. Llegó, incluso, a forzar una subasta del servicio de interrumpibilidad convocada 'ad hoc' para que le rebajaran la factura.

A este alto coste se une su decisión de reducir su exposición al sector que, en su momento, era su columna vertebral. En doce años ha cerrado o vendido 18 plantas de aluminio o alúmina, entre ellas la asturiana. Abandona la producción de aluminio primario por un negocio más próspero como es el de la transformación y los productos de alto valor añadido. Y, mientras, deja a miles de trabajadores en la calle.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ayer que el tema de Alcoa es «recurrente» desde que llegó al Ejecutivo. También aseguró que está «intentando garantizar los empleos».

Lo cierto es que empresas y trabajadores llevan esperando desde hace años una equiparación del coste energético en España con el de países del entorno como Francia o Alemania. Y no llega. Ni siquiera lo hace el estatuto para la industria electrointensiva, que Sánchez prometió para antes de las elecciones de abril de 2019. El borrador no ha cumplido las expectativas y no permitirá cerrar esa brecha con empresas de países competidores, pero además, un año largo después, sigue sin haber visto la luz.

De hecho, otros de los gritos que más resonaron ayer, también conocidos en Asturias, fueron los de «¿dónde está el estatuto, el estatuto dónde está» o «Maroto, no nos vendas la moto», en referencia a la ministra de Industria, que se involucró en la venta de las factorías de Avilés y La Coruña, rebautizadas como Alu Ibérica, e instó a los trabajadores asturianos a que aceptaran la opción de Parter, que ha resultado un fracaso, como avisó que iba a suceder el comité de San Balandrán. La pasada semana la titular de Industria reconoció su «gran preocupación» por la deriva que han tomado las plantas.

De ahí que la intervención de las factorías de A Mariña, La Coruña y Avilés sea una petición que se repite. Incluso el presidente del Principado, Adrián Barbón, ve viable «una intervención pública» del Gobierno de España en Alu Ibérica. El problema es que al Ejecutivo central se le acumulan los frentes, con el cierre de Nissan, con 3.000 trabajadores, como la decisión de mayor calado.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer, tras la conferencia de presidentes con Pedro Sánchez, la necesidad de aplicar fondos de la Unión Europea (UE) a industrias «esenciales» como Alcoa. Lo contrario sería, a su modo de ver, un «gravísimo error».