Asturias se enfrenta al Gobierno por el maltrato a la gran industria en la energía

El ahorro del que se podrán beneficiar los grandes consumidores, entre los que se encuentran Arcelor, Asturiana de Zinc y Alu Ibérica, es muy escaso. En concreto, si se mantienen las medidas incluidas en el borrador, la rebaja sería de 54 céntimos por megavatio para compensar los cargos destinados a financiar las renovables. Junto con las partidas por costes indirectos de CO2 -alrededor de 200 millones en 2021-, la rebaja total en la factura eléctrica oscilaría entre el 10% y el 15%, según los cálculos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege).

El consejero de Industria, Enrique Fernández fue crítico con el anuncio, aunque reconoció una parte positiva, como es que «por fin se pone sobre la mesa una herramienta de política industrial que permitirá dar cierta predictibilidad a las empresas para su planificación e inversiones». No obstante, hizo hincapié en los aspectos negativos. En este sentido, lamentó que el Gobierno no haya tenido en cuenta las alegaciones conjuntas presentadas por Asturias, Galicia y Cantabria, ya que las compensaciones para las empresas altamente electrointensivas «no son suficientes para hacer frente a sus problemas principales», vinculados a las diferencias de la factura eléctrica respecto a otros países europeos, sobre todo Francia y Alemania, lo que es «un lastre para su competitividad».

Ante la falta de reconocimiento a las hiperelectrointensivas, cuyo consumo es muy superior a un gigavatio hora (GWh) -frontera que delimita el documento-, el Principado exigirá «que se tenga una consideración especial y que se articulen otras herramientas a mayores de las incluidas en este estatuto, el cual es insuficiente para que ese problema pueda tener solución y no genere consecuencias negativas irreversibles en pérdida de actividad y empleo que en Asturias no podemos soportar». En este punto, Fernández recordó que este sector es el que ofrece el empleo de mayor calidad, más estable y mejor remunerado. El consejero incidió en que las empresas de la región afrontan un gasto eléctrico tan elevado que supone hasta el 50% del coste total de producción, lo que las sitúa en posición de desventaja frente a las ubicadas en otros países y «compromete su supervivencia». Así, recalcó que se trata de un obstáculo que hay que «abordar de forma decidida» mediante la búsqueda de fórmulas que permitan aumentar las compensaciones -sin incumplir las directrices europeas- y evitar así deslocalizaciones, que supondrían un efecto arrastre sobre la economía que Asturias «no se puede permitir». Una de estas vías, apuntó, pasa por elevar al máximo las compensaciones por costes indirectos de CO2 y otra por el servicio que sustituye a las subastas de interrumpibilidad, aún en tramitación. El consejero instó al Gobierno a no olvidar que el papel de las electrointensivas es muy importante en este ámbito por su papel regulador en el sistema eléctrico, «de modo que podría ser perfectamente retribuido, como lo ha sido hasta ahora, a través de esas subastas de interrumpibilidad».

Otro aspecto perjudicial que percibe Fernández es el plano temporal. El plazo de dos o tres años calculado por el Gobierno central para que la repercusión de las subastas de renovables permita rebajar sustancialmente el precio de la factura eléctrica -el mismo que para poner en marcha el arancel ambiental que frene la entrada de acero 'sucio' en la UE- obliga a adoptar otro tipo de medidas. De ahí que el consejero abundara en la urgencia de actuar en el corto plazo.

También partidos y sindicatos expresaron su descontento con el esperado estatuto, prometido hace dos años. «Es preciso que el Gobierno central analice todos los instrumentos existentes para garantizar la viabilidad de la industria asturiana, que pasa por su competitividad», apuntó la portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo. La presidenta del PP, Teresa Mallada, se mostró más contundente y exigió al presidente del Principado, Adrián Barbón, que «plante cara» al Gobierno de Pedro Sánchez porque el estatuto «es una tomadura de pelo» a Asturias. «No será efectivo para nuestra región y, por tanto, no solucionará la crisis de competitividad de nuestra industria ni evitará el riesgo de deslocalización industrial», añadió.

Por su parte, el coordinador autonómico de Ciudadanos, Nacho Cuesta, señaló que el documento es «el golpe de gracia definitivo a la industria pesada asturiana», quien también cargó contra el Principado por «no hacerse oír en Madrid y defender las peticiones realizadas desde la comunidad». Mientras que Nuria Rodríguez, diputada de Podemos, hizo un llamamiento a establecer «una estrategia común entre las fuerzas políticas para reclamar al Gobierno que se realicen modificaciones específicas para garantizar el empleo en nuestra tierra». Parecida posición adoptó la portavoz de IU, Ángela Vallina: «La Mesa de la Industria debe abordar la situación tratando de buscar un consenso para exigir que se atiendan las necesidades de la industria electrointensiva de Asturias».

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, también indicó que el estatuto «confirma el nulo interés del Gobierno de Sánchez por el presente y el futuro de la industria asturiana». Mientras que su homólogo en Vox, Ignacio Blanco, señaló que Asturias «es la gran castigada frente a la industria catalana, valenciana o vasca». Para el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, «si el contenido va en la línea de la nota de prensa del Gobierno, sería absolutamente catastrófico para los trabajadores de las industrias electrointensivas».