La UE complica el futuro de la industria asturiana y presiona para acelerar su descarbonización

El objetivo es presionar a las compañías para que adopten con más rapidez tecnologías limpias, pero sectores como el cementero o el siderúrgico advierten de que descarbonizar sus procesos requiere más tiempo, además de ingentes cantidades de dinero. Como ejemplo, cada tonelada de acero que se produce en Asturias lleva aparejada la emisión de 1,8 toneladas de CO2. En caso de que no haya derechos gratuitos, el sobrecoste sería de unos 160 euros por tonelada a la cotización actual. Sin embargo, si las asignaciones se reducen lo más probable es que su precio se dispare aún más. Hace cinco años estaba en 4,70 euros, mientras que ayer cerró la jornada 89,15. Este encarecimiento dejaría fuera del mercado a los productos siderúrgicos comunitarios, advierten sus patronales.

Arcelor ya tiene planes para descarbonizar sus factorías asturianas, pero no llegarán a tiempo para 2030. En 2025 prevé que la mitad de la cabecera de Gijón pueda funcionar con hidrógeno verde. Sin embargo, es improbable que se haya desarrollado por completo el proyecto de HyDeal, que debería suministrarle esa fuente energética, por lo que se contempla poder utilizar también gases residuales y gas natural, con menos emisiones que el cok, pero aún contaminantes.

La otra mitad de la cabecera, en principio, seguiría activa. El fin de la vida útil del segundo horno alto está previsto para 2032. Sin embargo, su continuidad se complica si la multinacional tiene que asumir por completo los derechos de emisión que llevaría aparejado su funcionamiento o buena parte de ellos. El plan del Europarlamento es reducir los gratuitos al 90% en 2025, al 80% en 2026, al 70% en 2027, al 50% en 2028, al 25% en 2029 y dejarlos a cero en 2030. No obstante, se incluiría un sistema de bonificación para que las instalaciones más eficientes de un sector sí obtengan asignaciones gratuitas.

No solo dependen de estos derechos las plantas de Arcelor. En Asturias, hay 17 instalaciones que cuentan con asignaciones gratuitas. Además del gigante siderúrgico, se verían afectadas, sobre todo, las plantas de Cementos de Tudela Veguín, pero también AZSA, DuPont o Saint Gobain.

«El paquete adoptado hoy es un paso importante hacia el objetivo de la UE de independizarse de los combustibles fósiles caros y contaminantes de Rusia mucho antes de 2030», recalca el Parlamento Europeo, que asegura que esta posición permitirá proteger los empleos y a los ciudadanos. Pero la gran industria discrepa sobre el camino trazado y alerta del pernicioso efecto que tendrá sobre las compañías, incluso, con el ajuste en frontera que también impulsa la Unión Europea. Este mecanismo está llamado a gravar los productos extracomunitarios con algún tipo de tasa para compensar el sobrecoste de derechos de emisión que pagan los locales, de forma que puedan competir en igualdad. Sin embargo, la industria comunitaria denuncia que no podrá hacerlo en países terceros.

Hasta ahora se preveía que este ajuste afectara a productos siderúrgicos, cemento y aluminio, pero el alcance se amplía también a químicos orgánicos, plásticos, hidrógeno y amoníaco, así como emisiones indirectas. Además, se impulsa que edificios y transporte también tengan que pagar por sus emisiones y que la incineración de residuos municipales entre en el mercado de derechos en 2026.

Otra decisión implica aumentar el objetivo de sumideros de carbono, por ejemplo mediante la plantación de árboles.

Se compromete el Parlamento a que los ingresos que se generen se utilicen para respaldar la transición ecológica.

Para el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández, la votación de ayer «da una señal poderosa para avanzar en la transición», aunque subraya que este es el inicio de la tramitación y aún queda el voto del plenario del mes que viene y los trílogos posteriores -las reuniones del Consejo, el Parlamento y la Comisión-.

Por su parte, la diputada europea de Ciudadanos Susana Solís subraya que de la votación de ayer sale «una primera visión de qué quiere el Parlamento para el futuro de la industria europea» e insiste en que no se debe «perder el foco», ya que «el mantenimiento de la producción industrial y el empleo deben ser innegociables».

En este sentido, se muestra preocupada por la viabilidad del calendario y que «no suponga un tiro en el pie para nuestro tejido industrial», que sea una propuesta demasiado ambiciosa «para una industria tan relevante para el empleo en Asturias».