La construcción asturiana advierte de que la normativa europea complica su viabilidad económica

Una de las repercusiones más lesivas es el aumento de los costes. Explica CAC-Asprocon que la UE impone «estrictos» requisitos sobre la eficiencia energética, la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO2 y, para cumplirlos, las empresas deben invertir en «materiales más caros, sistemas de energías renovables (como paneles solares) y tecnologías de eficiencia energética avanzadas». Esto puede elevar significativamente el costo de los proyectos y, en una región como Asturias, donde predominan las pequeñas y medianas empresas, estos montantes adicionales pueden suponer «una barrera considerable». Muchas empresas tienen dificultades para asumir estas inversiones, lo que puede afectar su competitividad en el mercado, y en algunos casos, esto podría hacer que ciertos proyectos sean «económicamente inviables».

A esto se suma que las normativas europeas requieren cumplir con una serie de trámites administrativos y presentar informes detallados, tanto ambientales como sobre eficiencia energética. Estos procedimientos burocráticos, que incluyen auditorías y certificaciones, añaden mayor complejidad a la gestión de los proyectos. Así, el aumento de la carga administrativa «puede retrasar la aprobación de proyectos y aumentar los plazos de ejecución». Las pymes asturianas enfrentan dificultades para cumplir con todos los requisitos, señala la patronal, lo que puede generar las citadas demoras y aumentar los costos operativos. Esta coyuntura afecta tanto a la rentabilidad como a la eficiencia en la ejecución de los proyectos, añade.

Otra de las dificultades derivadas de la normativas de la UE, en particular las relacionadas con la eficiencia energética (por ejemplo, las directivas de energías renovables y sobre eficiencia de los edificios), obligan a las empresas a adaptarse a nuevas tecnologías, materiales y enfoques constructivos que pueden ser complejos de aplicar. Asturias, al ser una comunidad con un alto porcentaje de edificaciones con varias décadas, encara el desafío de adaptar los edificios ya existentes a las nuevas normativas de eficiencia energética. «Las obras de rehabilitación pueden ser costosas y complejas debido a las características arquitectónicas de las construcciones antiguas, y las empresas asturianas se enfrentan a dificultades técnicas para incorporar las mejoras necesarias en eficiencia energética, lo que incrementa los costos de los proyectos», pone de manifiesto la patronal que preside Joel García.

Este envejecido parque de viviendas y edificios públicos, que Bruselas obliga a renovar para cumplir con los estándares de eficiencia energética, es un reto para el sector. Estas rehabilitaciones son «costosas y técnicamente complejas», por lo que las empresas deben invertir más tiempo y dinero, lo que puede limitar la rentabilidad de las obras. Además, esto puede provocar que «muchos propietarios de edificios antiguos no se decidan a realizar estas reformas debido a los altos costos».

Asimismo, la regulación comunitaria implica que estas empresas efectúen múltiples verificaciones y pruebas de calidad y obtengan diferentes permisos antes de que puedan completar los proyectos, lo que puede acarrear demoras tanto en la ejecución como en la entrega de las obras. En una región donde numerosos proyectos son de rehabilitación de edificios antiguos o de infraestructura pública, «los retrasos son un problema recurrente». En este sentido, CAC-Asprocon recalca que el cumplimiento de las normativas ambientales y de eficiencia energética puede retrasar aún más los plazos de entrega, con el consiguiente perjuicio para los promotores y los clientes finales.

Un problema que afecta a la construcción desde hace años y que se agudiza con la aplicación de las normativas de la UE es la falta de personal cualificado, ya que esta requiere de trabajadores que cuenten con las competencias necesarias para cumplir con los estándares de construcción sostenible y eficiencia energética. Esta carencia «puede dificultar que las empresas asturianas implementen las normativas de manera efectiva».

El sector también denuncia que su competitividad se ve comprometida porque la regulación europea exige una «inversión significativa» en la actualización de infraestructuras y procesos. Mientras que las empresas de mayor tamaño pueden contar con los recursos para adaptarse a estos cambios, las pequeñas y medianas empresas asturianas «pueden quedar rezagadas debido a sus limitados recursos financieros» y, por tanto, disminuir su competitividad en el mercado. Esto puede provocar «una concentración del mercado en grandes empresas, reduciendo la diversidad en la región y limitando las oportunidades de las pequeñas constructoras locales».

Por último, CAC-Asprocon apunta a la desigualdad en el acceso a fondos europeos, ya que las grandes tienen más recursos para optar a ellos y gestionar los proyectos. Por lo que las pymes asturianas pueden quedar en desventaja.