Las consultas sobre prejubilaciones se disparan en Asturias ante el endurecimiento que plantea el Gobierno

Los teléfonos echan humo en algunos despachos laboralistas y sindicatos con una pregunta a la que por ahora nadie sabe responder: 'He oído al ministro Escrivá que se endurecen las prejubilaciones. Tengo 61 años, ¿qué hago?'. Todo se desató el 8 de septiembre, cuando el titular de Seguridad Social dijo que el Gobierno iba a actuar para que prejubilarse suponga un recorte de la pensión del 8% anual.

La edad real de jubilación aún está más de un año lejos de la edad legal -que alcanzará los 67 en 2027- y es preciso garantizar la sostenibilidad de un sistema que busca reinventarse porque cada año que se aumente la edad efectiva de jubilación se pueden ahorrar hasta 1,2 puntos de PIB. Aunque otra ministra, la de Trabajo -Yolanda Díaz, de Unidas Podemos-, se apresuró a mostrar una postura contraria a prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, la caja de los truenos ya estaba abierta.

Este efecto llamada a prejubilarse no es algo nuevo. Ya hubo una avalancha cuando se produjo la reforma laboral del Gobierno de Rajoy de 2012 que ahora el Ejecutivo de Sánchez quiere atenuar. El 41% de las jubilaciones de la última década han sido antes de los 65 años. Es decir, serían anticipadas, tanto voluntarias (una de cada seis) como involuntarias. En total, 1,5 millones de personas. Y el grueso estaban en torno a los 61 años. Según datos de la Seguridad Social que maneja UGT, la cifra de prejubilados en Asturias de entre 60 y 64 años suele rondar los 13.000, un número que en este 2020 ha caído a 12.200. Antes de entrar en la sesentena, hay otros 2.700 prejubilados.

El esquema que maneja el Gobierno para corregir algunos «elementos distorsionantes» en las regulación de las prejubilaciones, pone el foco en los salarios más altos. Aunque la penalización legal es de entre el 6,5% y el 8% por año de adelanto, como el porcentaje se aplica sobre la base reguladora (4.070 euros) y no sobre la pensión real (2.683), para los sueldos altos el castigo se queda en el 2% cuando para los más bajos sí supone el 8%. En Asturias, el miedo a que se endurezcan las condiciones de prejubilación ha calado muy hondo, sobre todo, en un colectivo: el de los funcionarios que pertenecen a las clases pasivas y no al régimen general. Es, por ejemplo, el personal docente, de Justicia y de las Fuerzas Armadas que lograron su plaza antes de 2010.

«Aquellos que están encuadrados en las Mutualidades de Muface, Mugeju e Isfas están preocupados por si cambian sus condiciones de jubilación, y eso aumenta las consultas sindicales exponencialmente», reconoce el presidente de CSIF Asturias, Sergio Peña. Estos trabajadores, unos 10.000, según sus cálculos, tienen ahora la opción de jubilarse con 60 años con un mínimo de 30 cotizados y con el 100% del haber regulador si a esa edad cuentan con 35 años de cotización. «Tienen miedo a que les modifiquen sus condiciones», asegura.

Los abogados laboralistas también están notando cómo se incrementan las consultas de este tipo, como constata el letrado Carlos Mena, que sí cree que se está produciendo una especie de efecto llamada. «En épocas de inestabilidad la gente intenta asegurar su futuro y ahora, con los ERTE, el tema de las prejubilaciones, de la Seguridad Social, todo es bastante incierto», explica, así que su teléfono es de los que suena ahora con frecuencia.

Elena Fernández, socia de Lenfersa Asesores y miembro de la junta de gobierno del Colegio de Economistas, destaca «la preocupación» que han generado las palabras de Escrivá. En su caso, también han notado un incremento de las consultas sobre los requisitos para la prejubilación. «Hay personas que nos dicen que si pueden jubilarse ya no esperan, por si acaso luego no pueden o la pensión se ve más penalizada», señala.

En su opinión, ante la incertidumbre actual, «la gente tiene miedo» y, si a ello se une la posibilidad de que se endurezcan los requisitos para acceder al retiro anticipado, no se arriesgará. De ahí que augure que, más allá de las consultas, se volverá a vivir un repunte de prejubilaciones, «sobre todo entre los que tienen rentas más altas».

En otros despachos donde llevan principalmente empresas, no se está notando ese aluvión de consultas, pero sí constatan que este tipo de declaraciones producen lo contrario a lo que se desea: una masiva salida del mercado laboral. Así ocurrió en 2018, relacionada «con la pretendida entrada en vigor del factor de sostenibilidad», explica el socio responsable del Área Laboral de Llana Consultores, Luis Antuña, que asegura que estos anuncios generan «desasosiego» e «incluso provocan un efecto pánico».

«No se puede seguir cargando a las personas trabajadoras con más penalizaciones, cuando hace más de 20 años que los políticos no se preocupan de pactar un modelo de equilibrio», lamenta, que cree que antes hay que terminar con los «gastos indiscutiblemente impropios» que se cargan a la Seguridad Social.