«Estoy luchando para que Agalsa tenga futuro», defiende su consejero delegado

«Estoy luchando para que esta planta tenga futuro». Son las primeras palabras que el consejero delegado de Agalsa pronuncia ante un medio de comunicación, desde que el pasado 13 de febrero presentara ante el juez la solicitud de concurso voluntario de acreedores, y las dice en una conversación con EL COMERCIO, a su salida de la planta de la Lloreda. Son las once menos cuarto de la mañana y Jorge Esteva Sagüés, móvil en mano, se dispone a salir de las instalaciones cuando se le pregunta sobre sus gestiones para la posible venta de la empresa. Muy correcto y prudente, al inicio se muestra reticente a expresarse públicamente, pero finalmente accede mientras asiente con la cabeza e insiste en que está «haciendo todo lo posible».

El máximo responsable de la empresa afirma que al menos un inversor de origen español está mostrando su interés por la planta ubicada en el barrio de Tremañes y que se está actuando «en tiempo y forma». Tampoco descarta que otras dos firmas que ya habían negociado con los propietarios de Agalsa la compra de la sociedad antes de que entrara en concurso, retomen ahora su interés por esta operación. Esteva Sagüés no quiere entrar en más detalles. Mientras, en el interior de la nave de Agalsa un camión carga material, ya galvanizado, para un cliente. Los trabajadores dejan salir la carga sin reparos.

Mientras el consejero delegado abandonaba Agalsa en un vehículo, miembros del comité de empresa se dirigían a reunirse con la administradora concursal en una de las oficinas móviles frente a la nave. La plantilla «está cansada», admitía un dirigente sindical poco antes del encuentro. Son ya cuatro meses sin trabajar y sin cobrar. Una situación a la que ayer trataron de poner solución. La plantilla llegó a un acuerdo con la administradora para la presentación de un Expendiete de Regulación Temporal de Empleo para la plantilla, que les permitirá comenzar a cobrar las prestaciones por desempleo. Aunque tendrán que esperar a que el juez lo apruebe, según sus cálculos, después de Semana Santa. El expediente de suspensión -que irá acompañado de uno de extinción con fecha de diciembre de 2018- afectará a 72 trabajadores, de los que 21 han decidido ya abandonar la empresa.

Por otra parte, la administradora ha dado ya la orden de pago para la nómina de febrero, lo que reducirá al sueldo de tres meses lo que se adeuda a los trabajadores.