La Junta acuerda pedir a Industria que tome el control de Alcoa

El parlamento asturiano ha acordado pedir al Ministerio de Industria que estudie la posibIlidad de tomar el control y la gestión directa de las factorías de la antigua Alcoa hasta que se garantice el cumplimiento de los acuerdos adquiridos entre la multinacional de aluminio y los trabajadores de las factorías de Avilés y La Coruña.

La propuesta de IU, aprobada hoy en el pleno de la Junta General del Principado con el apoyo de socialistas y Podemos, plantea al Ministerio que tome cualquier medida que permita el ordenamiento jurídico español con el fin de que la empresa aluminiera garantice su futuro y mantenga el empleo y la actividad. El cierre de ambas factorías se evitó en julio del pasado año tras semanas de negociaciones que culminaron con su venta al fondo de inversión Parter Capital tras un acuerdo avalado por el Ministerio de Industria que garantizaba la continuidad de su actividad y el empleo.

No obstante, Alu Ibérica (antigua Alcoa) fue adquirida el pasado mes de abril por el Grupo Riesgo al fondo Parter, una operación que se llevó a cabo de forma sorpresiva y a espaldas del Ministerio de Industria y de Alcoa que es vista con recelo tanto por los sindicatos y trabajadores como por distintas administraciones, entre ellas el Gobierno del Principado. Riesgo, propiedad de un despacho legal madrileño, manifestó su vinculación a grupos industriales que posteriormente lo negaron, incurrió en impagos a empleados y proveedores, anunció inversiones que fueron cuestionadas y presentó el pasado 3 de junio un proyecto industrial en formato power-point que, para el Principado, acrecienta aún más las dudas sobre la existencia de un proyecto solvente.

El Principado ya ha instado a Alcoa y a Parter, que acordaron el traspaso de las plantas de Avilés y A Coruña en julio de 2019, que reviertan la reciente operación de venta a Riesgo para dar cumplimiento a los compromisos de mantenimiento de actividad y empleo. Para la portavoz de IU, Ángela Vallina, debe contemplarse hasta la nacionalización de estas factorías porque «las cosas no pintan bien» y parece que Alcoa «se desprende de sus responsabilidades y compromisos», mientras que para el socialista Luis Huerga el objetivo pasa por conservar los empleos y el proyecto industrial, con independencia de los instrumentos o mecanismos que se utilicen para conseguirlo. Desde Podemos, Lorena Gil también ha reclamado una «actuación inmediata» frente a un inversor del que dudan todos, mientras que la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez, por contra, considera que no ha llegado el momento de una intervención del Estado porque no se han agotado todas las vías jurídicas previas.

El PP, que al igual que Ciudadanos se abstuvo en la votación, también se manifestó «absolutamente en contra» de la nacionalización porque, según el diputado Pablo González, las inyecciones ingentes de dinero público no son una solución y porque hay otras intervenciones públicas de las que echar mano para rebajar su factura eléctrica. Vox se opuso porque «ya se sabe cómo acaban las empresas gestionadas por políticos», según su portavoz, Ignacio Blanco, mientras que de desde Foro, Adrián Pumares se mostró convencido de que una nacionalización sólo «cronificaría el problema».