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NOELIA A. ERAUSQUIN
GIJÓN.
Jueves, 27 de junio 2019, 03:17
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El European Steel Day, o lo que es lo mismo, el Día Europeo del Acero, que cada año se celebra en Bruselas organizado por la patronal siderúrgica Eurofer, sirvió ayer de reivindicación para un sector en horas bajas que da empleo a 330.000 personas en el viejo continente de forma directa, y 2,3 millones de forma indirecta. También permitió a esta entidad pedir en el corazón de Bruselas «acciones» a la UE para frenar los recortes de producción debidos a la caída del negocio, como reclamó Geert van Poelvoorde, presidente de esta patronal y director ejecutivo (CEO) de productos planos de ArcelorMittal en Europa. «Las autoridades europeas tienen que reaccionar, porque la reducción de la producción va extremadamente rápido y, cuanto más dure, mayor es el riesgo de que sea irreversible», subrayó.
La edición de este año ha llegado tras meses de advertencias del sector y también con las decisiones de recortes muy recientes, entre ellas las que anunció Arcelor para Asturias: 700.000 toneladas de reducción de la producción iniciales, a las que se sumarán las que se deriven de la prolongación de la parada de el horno alto 'B' de Gijón, a razón de 100.000 mensuales. En este contexto, las intervenciones de los participantes fueron toda una llamada de atención a Bruselas, en las que se recordó que están en peligro esos 330.000 empleos, aunque solo se sienta «el impacto real» cuando se anuncian ajustes concretos.
Especialmente duro fue el presidente de Eurofer y directivo de Arcelor, que destacó que el sector se enfrenta ahora a retos complejos, tanto geopolíticos, como económicos y medioambientales, situaciones que pueden ser «una gran oportunidad» o «borrar por completo la industria del acero» del continente. El cambio entre una cosa u otra dependerá de cuatro ejes: proteccionismo comercial, descarbonización, apoyo a la innovación y actualización de la cualificación de los trabajadores.
Van Poelvoorde hizo un repaso a las principales hechos que han llevado al sector de un año «fuerte» para el negocio, como fue 2018, a un 2019 en el que «están en peligro miles de empleos de forma inmediata». El cambio drástico se debió a circunstancias que se inician con la sobrecapacidad siderúrgica mundial -425 millones de toneladas- y el récord de producción de China, pasando por los aranceles de EE UU, el desvío hacia Europa del producto que iba a ir destinado a ese país -dos de cada tres toneladas- y la caída de la demanda de acero en Turquía, hasta un exceso de importaciones en Europa que no logran frenar las medidas de salvaguarda comercial de la UE y que agrava el alto precio de los derechos de emisión de CO2, que sí paga la industria local y no la de otros territorios.
Ante este panorama, el directivo de Arcelor insistió en que el sistema de cupos diseñado por la UE para frenar la distorsión del mercado «ha fracasado» y, pese a ello, a partir de la semana que viene, esas cuotas se incrementarán un 5% más, hasta un 10% en seis meses. Mientras, el sistema de comercio de CO2 grava a la industria europea, que intenta innovar para reducir sus emisiones, pero que no lo consigue a la velocidad necesaria para hacer frente a la competencia del resto de países. «El sistema como está ahora simplemente no funciona», recalcó Van Poelvoorde, que habló de un momento «crítico» para el sector, aunque defendió que «hay un futuro para el acero», pero que la propia industria no puede asegurar.
En este sentido, reclamó una protección para la industria contra las importaciones injustas, con medidas que funcionen; también pidió un sistema de derechos de CO2 que trabaje mano a mano con los productores bajos en emisiones y que no reduzca las asignaciones gratuitas tan rápido para que la producción de acero no se contraiga aún más; fondos para impulsar proyectos de descarbonización y un arancel ambiental que equipare la situación de los productores extracomunitarios a la de los locales.
Precisamente, ayer, el Comité de las Regiones (CdR), órgano consultivo de la UE, aprobó una enmienda del Principado para reclamar un arancel para los productos del acero procedentes de terceros países que no cumplen la normativa ambiental. «No podemos cerrar ojos ante paradoja de que aquellas fábricas siderúrgicas que se trasladan a terceros países en busca de condiciones más favorables no van a producir allí menos CO2 por tonelada de acero», recalcó el consejero de Presidencia del Principado en funciones, Guillermo Martínez.
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