«Asturias es el caso más preocupante ante la falta de capacidad eléctrica»

–¿Con qué perspectivas inicia el año la gran industria a la que representa?

–Tenemos certidumbres positivas, pero también grandes incertidumbres. En este último mes el precio de la electricidad ha vuelto a desbocarse y pensamos que los precios para el gas natural serán más elevados que los del año pasado y también los de los derechos de CO2. Por ello, prevemos un precio medio 10 euros/MWh superior. Pero, por otro lado, hemos recibido con alivio dos anuncios: la prórroga a la exención en el pago del 80% de los peajes y que este año se van a doblar las aportaciones para las compensaciones por CO2 indirecto. Así que la previsión es complicada. Por un lado vemos señales de precios al alza y, por otro, medidas de la Administración que permiten mitigar algo ese impacto. Igualmente, estos precios, en el entorno de los 70 euros que se esperan, complican mucho la competitividad y la industria difícilmente puede convivir con ellos.

–¿Cómo influye la incertidumbre añadida sobre los impuestos energéticos?

–A lo largo del año pasado vimos cómo se han recuperado impuestos que había en la factura, como el impuesto especial de la electricidad que ha alcanzado el nivel precrisis. Aquí la industria electrointensiva tiene una exención parcial en línea con otros países. También se ha ido recuperando el famoso impuesto a la generación del 7%, que pagan los generadores, pero como con cualquier otro lo acaba pagando el consumidor final. Esto significa que este año vamos a pagar en el entorno de los 5 euros/MWh más, una cantidad importante que merma nuestra competitividad. Y luego está el famoso impuesto a los grandes grupos energéticos. Desconocemos cómo será el articulado, pero entendemos que se trasladará a toda la cadena de valor y eso significa que nuestra factura va a ser un 1,2% más cara. Un impuesto a la actividad energética implica una pérdida de competitividad.

–España cuenta, en principio, con ventajas de costes en la generación, gracias a las renovables, pero la factura eléctrica es más cara. ¿Es una decisión política?

–Hay un discurso que es difícil conciliar. Se argumenta que España tiene un mercado mayorista que es mucho más competitivo que los de nuestro entorno europeo, pero esa es una parte de la película. Aquí hago ya un inciso, si desapareciese el impuesto a la generación, ya tendríamos el precio un 7% más barato. Y a ese coste se le van añadiendo más cosas. Por ejemplo, están los servicios de ajuste del sistema, que se han triplicado en los últimos cinco años y, probablemente, a partir de ahora, con el peso de las renovables, vaya a ser un elemento más importante. Los electrointensivos de otros países o no pagan ese sobrecoste o es menor. Si aquí hablamos de 12 euros, en otros territorios son uno, dos o cero. Esto claramente cambia esa foto inicial que teníamos de un mercado mayorista competitivo. Y luego hay que añadir el coste de las redes, aquí sí que el Gobierno ha prorrogado la medida que nos equipara con los países del entorno; los cargos, los impuestos... Así la competitividad se va diluyendo en el resto de elementos que conforman la factura eléctrica.

–El Gobierno va a duplicar las compensaciones por los costes indirectos del CO2 de 300 a 600 millones. Hace un año la UE permitía ya 830. ¿Son suficientes?

–La normativa europea es la misma para todos, pero los países pueden aplicarla hasta el extremo máximo o no. Nosotros llevamos años insistiendo en que la dotación es muy insuficiente en relación a lo que se permite. El año pasado nos quedamos en un 35%. El Gobierno va ahora a duplicar la cantidad, lo que recibimos con gran satisfacción, pero seguramente este año tendríamos derecho a unos 850.

–Tras un inicio modesto, ahora sí se están firmando más PPA, contratos bilaterales a largo plazo para el suministro de electricidad. ¿Se va en el buen camino?

–España está liderando el mercado europeo de PPA en cuanto a número y volumen. Tenemos el producto fotovoltaico, que empieza a tener unos niveles que se asemejan a lo que puede considerarse competitivo. Vemos señales de precio muy por debajo de 40 euros y eso invita a la firma. Pero es más compleja la entrada de eólica. No está yendo al ritmo esperado. Es un producto escaso. Además, se busca un cierto mínimo de cobertura y, sin embargo, la gran industria es difícil que se pueda comprometer con volúmenes elevados. Por un lado, por la incertidumbre, no sé cómo va a ir la actividad en 2025 como para firmar un contrato a 10 años. Eso invita a la prudencia. Por otro, el PPA está directamente vinculado a lo que se espera que pase en el mercado y para eso uno se queda en el mercado. Nosotros esperamos ver costes desvinculados del mercado, del impacto que tiene el precio del gas natural.

–AZSA, que es una de las empresas integradas en Aege, solicitó a Red Eléctrica una ampliación de su capacidad de 3 MW, que es muy poco, y esta se la denegó. ¿Preocupa la falta de capacidad de la red tan necesaria para la descarbonización o para abordar nuevas inversiones?

–Asturias es quizá el caso más preocupante de todo el país. El peso de su industria y el cierre de térmicas hacen que necesite que la electricidad provenga de fuera de la región y la capacidad de las líneas es la que es. Tenemos un déficit de infraestructura eléctrica importante que nos lleva a casos tan absurdos como ese. Una industria pide una capacidad mínima y ni siquiera se la puede dar. Esto es muy preocupante para el futuro porque está condenado a aquellas industrias que quieran electrificarse o aumentar su producción. Ven limitadas seriamente sus posibilidades. Es un problema de país y para Asturias es muy serio. Somos conscientes de que la consejería se pelea por modificar esto y que está poniendo todo para que se corrija, pero es importante que esto se traslade a acciones concretas. Asturias debería ser prioritaria en la agenda del Gobierno.

–Más allá del urgente refuerzo de la red, ¿qué se puede hacer?

–Pedimos racionalidad a la hora de aplicar criterios de adjudicación de capacidad. Si una industria ya está y está pidiendo nueva capacidad, la va a utilizar. Cuando se mira quiénes están solicitando capacidad, vemos que hay muchos parques de baterías, que no se sabe si se van a hacer; centros de datos o, en general, industrias que vienen y piden esa capacidad en tres o cuatro sitios para ver dónde se la dan y ahí invertirán, en el resto no, con lo cual que aparece un número artificialmente alto de lo que está queriendo entrar. Además, está la especulación. Hay gente que está acaparando capacidad esperando revenderla después a un centro de datos porque cree que Google o Microsoft o quien sea va a pagar mucho por ello. Por eso pedimos un orden a la hora de adjudicar esa capacidad, y para evitar esa especulación, esos proyectos que son falsos, que se vaya hablando directamente con las industrias.

–Puede suceder que una empresa como Arcelor proponga electrificarse más para descarbonizarse y que Red Eléctria no le dé permiso...

–Es un buen ejemplo. Es algo muy serio, que a alguien que se quiera descarbonizar, le digan que no porque hay un límite de inversión o cualquier otra cosa. Esto debería ser absolutamente prioritario.

–El informe Draghi es demoledor sobre el futuro de la industria europea y, entre otras cuestiones, liga su competitividad a los costes energéticos. ¿Cree que servirá de algo o caerá en saco roto?

–El diagnóstico es ampliamente compartido. Es lo que venimos reclamando desde hace tiempo. La industria europea no puede competir con la de otras regiones del mundo al estar penalizada por la fiscalidad y por las políticas que se están aplicando. Esto nos hace perder el tren de la competitividad y tiene un elevado impacto en la sociedad en términos de empleo y de crecimiento. El informe es muy interesante y abre muchos melones, entra en temas que hasta ahora nadie quería plantear y los pone sobre la mesa con números y casos muy concretos. Y hace una reflexión sencilla, en la que la industria es un pilar fundamental de nuestra economía del bienestar. Si queremos seguir por ese camino no queda más remedio que adoptar decisiones para mantenerla. En cuanto al resto de cuestiones, unas tienen más recorrido que otras otras, pero esperamos que la nueva Comisión Europea recoja el guante.

–El informe avisa de que sectores como el siderúrgico pueden desaparecer. ¿Veremos cierres de líneas o de factorías?

–Muchos sectores industriales en Europa están abocados, no a su desaparición, sino a su traslado a otras regiones del mundo. No se va a dejar de consumir acero, lo que va a suceder es que ese acero no se va a producir aquí. Lo que es catastrófico es que el acero producido en Europa cada vez tiene menos CO2 y es un sinsentido dejar de producir aquí productos más descarbonizados y traerlos de otros sitios con mayor huella de carbono. O el resto aplican las mismas medidas medioambientales que tenemos en Europa o tenemos que tratar de ponernos nosotros al nivel de otras regiones que no tienen esta sensibilidad climática. De lo contrario conseguiremos un doble efecto negativo: que la producción se vaya fuera y que contamine mucho más.

–El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) no parece que vaya a ser una solución.

–El informe Draghi viene a decir, de forma muy elegante, que no nos demos tanta prisa en cambiar la política de asignación de derechos de CO2 gratuitos hasta que veamos si el CBAM funciona. Es razonable y prudente lo que dice, a ver si nos vamos a meter en un jaleo administrativo, burocrático, de aranceles o permisos que lo único que va a hacer es matar la capacidad exportadora de la economía europea. El sistema va a ser probablemente muy vulnerable y podemos acabar estrangulando la economía.

–¿Debería retrasarse la reducción de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión?

–Eso seguro. Hay que ser muy prudente, saber si nos vamos a meter en un sistema arrasando todo lo que tenemos para acabar dándonos cuenta de que no es efectivo.

–¿Qué se puede esperar de esta Comisión Europea, con Teresa Ribera como vicepresidenta?

–Es una buena noticia tener una comisaría española en una cartera de peso porque conoce y puede acabar trasladando o entendiendo la problemática que tenemos aquí. Para nosotros hay una parte fundamental que tiene que ver con todas las ayudas de Estado y las compensaciones que vemos por el CO2 indirecto. Uno de los retos que tiene es procurar homogeneizar todas las políticas de compensaciones y de ayudas.

–Arcelor ha suspendido su proyecto de planta de DRI para Asturias y la ayuda de 450 millones está en el limbo. CAPSA e Ilas han rechazado subvenciones millonarias del PERTE de Descarbonización. ¿Son casos aislados o hay más?

–No son casos aislados, aunque esperemos que sean mínimos. Cuando se solicitan estas ayudas hay unas expectativas, pero en el momento en el que se adjudican, cuando de verdad hay que tomar la decisión, impera la prudencia. Los PERTE son una herramienta fundamental en el proceso de descarbonización, muy bien recibida, pero tienen problemas que llevan a las empresas a ser prudentes.

–¿Cuáles son esos problemas?

–En primer lugar está el plazo para ejecutar cualquier obra, que es de mediados de 2026. Queda año y medio, para una industria es muy poco. No solo tiene que estar el proyecto, sino comprar los suministros, ejecutarlo. Si hay alguna declaración de impacto ambiental ya se lleva todo ese plazo. Y, en segundo lugar, está la incertidumbre tecnológica. Se ha impuesto en el PERTE el abandono de combustibles fósiles, algo que no está claro que sea tecnológicamente factible. Hubiera sido más potente promover la reducción de su uso en unos determinados niveles. Seguramente habría menos rechazos.

–¿Qué impacto puede tener en la industria española la decisión del corte del suministro de gas ruso a Europa por parte de Ucrania?

–Desde finales de agosto todo indicaba que iba a suceder esto y el mercado del gas natural lo ha ido recogiendo y su precio se ha ido incrementando. Ya estamos pagando toda esa incertidumbre en el suministro. Aunque no nos afecta de manera física, porque no recibimos gas ruso por tubo, afecta al mercado global y suben los precios.