AZSA reducirá la producción en las horas en las que el coste de la electricidad sea más alto

Las características técnicas de la producción de zinc electrolítico provocan que la actividad no pueda detenerse. Sin embargo, sí puede disminuir el nivel de producción y esa es la decisión que se ha tomado ante la evolución de los costes energéticos, que en la planta ya triplican los que supone la mano de obra.

En la reunión de ayer, la empresa avanzó que podría llegar a reducir la actividad hasta en dieciséis horas diarias, aunque todo dependerá del coste de la electricidad en cada momento. De hecho, la medida no comenzará a aplicarse de manera inmediata, pero la tendencia es que ese recorte se perdiba ya en octubre.

La compañía firmó recientemente un contrato bilateral de larga duración con EdP, lo que se conoce como PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés), por el que la eléctrica suministrará 237 GWh anuales a la planta de San Juan de Nieva provenientes de parques eólicos que está desarrollando en España. Sin embargo, no es suficiente para las necesidades de la factoría, que también tiene que acudir al mercado para lograr el suministro suficiente.

Una de las primeras consecuencias de la decisión de AZSA puede ser que las instalaciones de San Juan de Nieva no superen su récord de producción, como estaba previsto, y que los trabajadores no reciban la prima correspondiente. Desde el comité de empresa, Roberto Suárez, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc (SITAZ), mayoritario, reclamó ayer al Gobierno «un cambio en la política energética porque el modelo que imponen solo puede provocar pérdida de actividad industrial».

Mientras, algunas compañías energéticas, como Iberdrola o Endesa, se están poniendo en contacto con sus grandes clientes para negociar nuevas condiciones en sus contratos de electricidad ante el «impacto» que, según las firmas, tiene el plan de choque aprobado por el Gobierno a mediados de mes para amortiguar los efectos de la subida de la luz. El decreto incluía un recorte estimado en 2.600 millones de euros para centrales como las nucleares y las hidroeléctricas, entre otras acciones.

Sin embargo, desde el Ejecutivo no han tardado en cuestionar estas políticas comerciales. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ve justificada la revisión de tarifas. De hecho, ayer reconocía en el Congreso su «preocupación» por «las cartas que han enviado algunas eléctricas», acerca de la revisión al alza de su factura energética, «e incluso a sus trabajadores», dando a entender que las empresas habían avanzado posibles consecuencias en términos de empleo o condiciones laborales. Llegó a apuntar que «es probable que la revisión de tarifa la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas».

Por otra parte, Iberdrola también ha enviado misivas a los proveedores con los que trabaja habitualmente para comunicarles su decisión de «paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España», hasta haber llevado a cabo una «evaluación en detalle de la viabilidad económica» de dichos proyectos. En este caso, quedarían excluidos los proyectos que ya tengan reconocido un marco retributivo específico. Según cifró en junio la propia compañía, el año pasado realizó pagos por importe de 127 millones a más de 120 proveedores asturianos.