La cautela se instala en el consejo de Indra que aplaza la fusión con Escribano hasta 2026

La reacción del mercado no se ha hecho esperar. Indra registra caídas cercanas al 3% en la sesión bursátil que alejan a sus títulos de los 50 euros por acción.

El plan inicial de la cúpula directiva de Indra era, según ha podido saber este periódico, cerrar el proceso empresarial antes de finales de año. «Los equipos están trabajando y quedan por ajustar ciertos detalles, como el precio de canje, pero todo va marcado», explicaban a mediados del mes de octubre. Incluso desde la propia Escribano eran optimistas: «Se cerrará antes de finales de año», decían sin titubear. Los cálculos apuntaban a la última semana del ejercicio, pero finalmente se irá a 2026, según adelantó El Confidencial y ha podido confirmar este periódico. «Todos se muestran cautelosos», apuntan miembros del consejo de Indra.

La ralentización se produjo el pasado miércoles, en el último consejo celebrado hasta la fecha. En él se habló de la operación. «Es un tema recurrente», confirman. Sin embargo, todo ha cambiado, aunque para los implicados «nada cambia». «Nunca hemos marcado plazos», aseguran fuentes conocedoras de la operación.

Este retraso, previsiblemente, hará que la fusión se retrase hasta el próximo año, aunque luego habrá que sumar procesos regulatorios y burocráticos que pueden demorar mucho más tiempo el proceso. Desde abril, fecha en la que se dio a conocer este nuevo interés, los equipos de Indra y Escribano, asesorados por bancos y firmas de abogados, trabajan en el encaje legal y, especialmente, financiero. Es uno de los grandes flecos y parece ser el desencadenante del frenazo.

La operación, como informó este periódico en octubre, no «será ni una absorción ni tampoco habrá desembolso monetario». La opción elegida era un «canje de acciones». En ello trabajan Goldman Sachs y Morgan Stanley, por un lado, y JP Morgan y Banco Santander, por otro, para ajustar todos los intereses. La duda es saber qué porcentaje recibirán los Escribano y en qué posición quedarán dentro del accionariado de la cotizada. En la actualidad, Ángel y Javier poseen poco más del 14%, solo superados por el Estado, a través de la Sepi, que ostenta el 28%.

Este encaje no es baladí ni tampoco sencillo de cuadrar, ya que un porcentaje superior al que posee la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales provocaría que Javier Escribano tuviera que lanzar una OPA, dado que la normativa vigente establece que «cuando una persona o empresa alcanza el 30% o más de los derechos de voto de una sociedad cotizada, debe formular una OPA obligatoria por el 100% de las acciones».

De ahí que la valoración de EM&E se esté mirando con lupa y que los expertos la sitúen en una horquilla de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. En el caso de que el canje se hiciera por el importe más bajo de esta franja, supondría el intercambio del 14% de Indra y dejaría a la familia Escribano al borde del 30%. «Todo está por ver y se está calculando detalladamente», señalan otras fuentes del sector.

En el seno del consejo de Indra -del que los hermanos Escribano se ausentan siempre que se trata este tema- «nadie está en contra», detallan, pero «sí se muestran cautelosos con la forma y la celeridad con la que todo se está haciendo», apostillan. De ahí la ralentización de los planes, que incluso se querían cerrar antes del verano. Ahora, la decisión se demorará más, al menos hasta el segundo trimestre, fecha en la que ya estarán cerradas y auditadas las cuentas anuales de 2025, tanto de Indra como de EM&E. Con esa base, los equipos de trabajo realizarán la valoración de la empresa familiar de los Escribano y para entonces se decidirá o no la conveniencia de la operación. También se espera para esa fecha el famoso informe de la comisión ad hoc sobre la presencia o no de incompatibilidades en la integración.

De los Mozos, CEO de Indra, ha sido contundente en más de una ocasión: «No hay problemas de gobernanza en la operación». No obstante, varios accionistas de la cotizada discrepan. Uno de los propietarios de Indra, la asociación Hay Derecho, ha pedido al supervisor que investigue posibles ilegalidades en la fusión entre Indra y EM&E. Uno de sus componentes es José María Muñoz, gestor del fondo de capital riesgo MCH Capital y, sobre todo, casado con Mónica Espinosa, la exdirectiva de Endesa que iba a entrar en el consejo de la empresa cotizada el pasado viernes, justo antes de la junta general extraordinaria que aprobó la compra de Hispasat.