El Gobierno aprobará el estatuto energético de la industria solo dos días antes de las elecciones

El Gobierno central aprobará el estatuto para la industria electrointensiva 'in extremis' el 26 de abril, solo dos días antes de las elecciones generales del 28, en el último Consejo de Ministros previo a los comicios. Así lo anunció ayer el secretario general de Industria, Raül Blanco, durante una reunión de la mesa técnica para buscar una solución para las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña. Este documento está llamado a dotar a estas empresas de un precio de la electricidad estable, predecible y competitivo y se ve como fundamental para conseguir un inversor que quiera hacerse con las factorías de la aluminera, en cuyos costes la electricidad supera, incluso, el 40%.

Estos plazos tan apurados generan desconfianza en los comités de empresa, que esperaban que ayer el Gobierno les pusiera sobre la mesa, al menos, el borrador de ese estatuto para verificar si puede cumplir las expectativas que se tienen depositadas en él. Sin embargo, aunque Blanco aseguró que el documento previo está finalizado, no hizo ninguna concreción y solo señaló los tres ejes en los que se va a basar: un mecanismo para bajar la factura eléctrica directamente, ayudas por los costes indirectos del CO2 y contratos bilaterales entre las empresas y los generadores de la electricidad. A pesar de ese calendario tan apretado, insistió en que está «garantizado» que el proyecto salga adelante.

No se fue más allá, aunque según señaló, el borrador saldrá a información pública de forma inminente, incluso apuntó que podría ser hoy mismo. Tras ello se abrirá un periodo de 15 días para alegaciones.

La falta de detalles sobre este estatuto generó decepción entre los representantes de los trabajadores y también en el consejero de Economía de Galicia, Francisco Conde, mientras que el director general de Industria del Principado, Manuel Monterrey, se mostró «optimista», aunque reconoció los plazos «ajustados».

Además, el representante del Ejecutivo asturiano -el consejero Isaac Pola está de baja- aclaró también que el estatuto irá en la línea de la decisión de la Unión Europea, que el pasado viernes autorizó el esquema de ayudas de España a las empresas con un consumo intensivo de electricidad, que contará con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2020. La Comisión concluyó que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado. Monterrey hizo referencia a esa aprobación y avanzó que «se va a pretender ir a ese máximo para que contribuya a la disminución de la tarifa eléctrica de las electrointensivas».

Para el presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), el proceso será demasiado justo. «Va pasando el tiempo y no está nada claro que vayan a cumplir los plazos», aseguró, con temor también por los efectos de las elecciones en este proceso. «Lo único que hay es un despido el 30 de junio», recalcó.

Daniel Cuartas (UGT) puso el foco en que, más allá de la fecha en la que entre en vigor, «tienen que presentar algo que sirva», porque sin un precio competitivo y estable de la electricidad, no se puede hablar de inversores o de futuro. Por su parte, Alberto Grijalbo (USO) insistió en que, a pesar de que se vaya a aprobar en la recta final de la legislatura, se hablará con el resto de grupos políticos para que sean conscientes de su importancia y «nadie lo tire para atrás». Para incrementar su presión al Gobierno, como hicieran sus compañeros gallegos el domingo, el comité de empresa ha convocado una concentración mañana, coincidiendo con el acto político que protagonizará Pedro Sánchez en Gijón. Será a las 18 horas, a la entrada del recinto ferial Luis Adaro.

Por su parte, el consejero gallego, del Partido Popular, criticó la falta de concreción después de que el domingo, en La Coruña, Pedro Sánchez hablara de «un futuro garantizado» para las factorías. «La realidad es que hoy ha quedado de manifiesto que no solo no hay solución sino que el ministerio no nos ha presentado el borrador del estatuto», se lamentó, para asegurar que Alcoa «sigue con la incertidumbre sobre su viabilidad».

Durante la reunión, que se alargó durante más de dos horas, se apuntó también la existencia de inversores interesados y que, incluso, podrían aparecer más una vez que se conozca el estatuto para las electrointensivas, aunque el presidente de Alcoa, Rubén Bartolomé, advirtió de que se «está muy lejos de dar los pasos necesarios hasta el mes de junio para encontrar algo que sea sólido». Además, alertó de que sobre el estatuto aún hay «muchas incertidumbres».

Durante el encuentro, el máximo responsable de la aluminera insistió también en la necesidad de contar con un protocolo de venta que incluya fechas indicativas para las distintas fases. Si bien, en un principio, Alcoa fijó el 15 de marzo como fecha hasta la que recibir propuestas de interés, Bartolomé amplió ayer un mes el plazo y habló del 15 de abril, para poder tener tiempo después para negociar la venta. Sería, por tanto, antes de la aprobación del estatuto para las electrointensivas. No obstante, también aclaró que se podrían recibir ofertas más allá de esa fecha.