El Gobierno asesta un duro golpe a la gran industria al recortar a la mitad la subasta eléctrica
No habrá bloques de 40 megavatios, los más rentables, y reduce a solo 1.000 megavatios la potencia interrumpible, lo que afectará a Arcelor y Asturiana de Zinc entre otras empresas
La gran industria ha recibido hoy un duro golpe por parte del Gobierno. Antes incluso de que se celebre la subasta eléctrica, que tendrá lugar entre los días 16 y 20 de diciembre, las compañías electrointensivas, entre las que se encuentran Arcelor o Asturiana de Zinc, ya saben que saldrán perdiendo.
La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020 se realizará con una subasta de solo 1.000 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad, lo que representa menos de la mitad de los 2.340 MW que fueron asignados en la última y la menor cantidad desde que se puso en marcha este sistema. Esto implicará que las compañías reciban una remuneración menor por suministrar a la red el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que se desconectan en caso de que se les requiera para equilibrar la oferta y la demanda eléctrica, bien por un pico de consumo, por una avería o para contener los precios.
Además, tan solo se pondrán en juego bloques de producto de 5 MW, con un total de 200 a subastar, según consta en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No habrá de esta manera en esta subasta de interrumpibilidad bloques de 40 MW, los más rentables para la gran industria.
En su resolución, el Ministerio para la Transición Ecológica señala que para esta subasta se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la solicitud de la Comisión Europea de modificar la metodología de cálculo de necesidades de cobertura, incorporando en el análisis elementos probabilísticos y prescindiendo del enfoque determinista empleado hasta la fecha. El equipo que dirige Teresa Ribera subraya también que, en aras de garantizar la provisión del servicio al menor coste para los consumidores, se ha optado por la imputación de toda la potencia interrumpible requerida para el periodo al producto de 5 MW, «que es el que ofrece a priori la concurrencia de una mayor presión competitiva en su provisión».
El problema es que la gran industria utiliza esta subasta para aliviar su abultada factura eléctrica, muy superior a la de sus competidores de Francia y Alemania, y que el Gobierno prometió aprobar antes de las elecciones de abril el Estatuto para la Industria Electrointensiva, un documento que no salió adelante por los reparos de la CNMC y que estaba llamado a rebajar los precios de la electricidad para los grandes consumidores. Sin que se haya aprobado y, por tanto, con un enorme diferencial entre el precio que pagan las factorías asturianas con respecto a las alemanas o francesas, estas ven ahora cómo se agrava aún más su situación, al verse recortada la remuneración que reciben por prestar el servicio de interrumpibilidad. Arcelor y Asturiana de Zinc son las compañías directamente afectadas en la región, pero también Alu Ibérica, la antigua Alcoa, que solo arrancará las cubas de electrolisis si hay una rebaja considerable en la factura eléctrica, algo que cada vez parece más lejano.
El precio de salida de los bloques de 5 MW de la subasta se situará en los 125.000 euros/MW. El escalón de bajada en la subasta con respecto a estos precios de salida será de 1.000 euros por MW.
En la última subasta, celebrada a finales de junio, se adjudicaron 2.340 MW a los grandes consumidores de electricidad por un importe de 95 millones de euros, lo que representaba ya un importante recorte con respecto a las realizadas en los ejercicios anteriores.
Sumando los 101,15 millones de euros destinados a la interrumpibilidad en el primer semestre del año, el importe de 2019 asciende a un total de 196,15 millones de euros. Esta cifra representó un nuevo significativo recorte, unido al del año pasado, que dejó la cifra recibida por la gran industria en 2018 en poco más de 300 millones de euros, respecto a los más de 350 millones de euros que los grandes consumidores de electricidad percibieron por este concepto en 2017, y menos de la mitad de los más de 500 millones de euros que recibían en años anteriores.
