El comité europeo de Alcoa prepara una demanda contra el cierre de las plantas

La defensa de la actividad en las plantas de Alcoa se va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Así lo llevan advirtiendo los representantes de los trabajadores desde que se conoció «la decisión irrevocable» de la compañía americana y, ayer, dieron un paso más en esa dirección. El comité europeo de la multinacional celebró una reunión extraordinaria en Madrid para abordar el anuncio de cierre de las instalaciones de Avilés y La Coruña y decidió dar de plazo hasta el lunes a la empresa para que revierta su decisión o, en caso contrario, la llevarán ante la justicia holandesa, que sería la competente en este caso, ya que es el lugar en el que tiene su sede el comité. La denuncia que ultiman alegará que para llevar a cabo los cierres, según sus estatutos, es necesario un informe del comité europeo, una documentación con la que no se cuenta y que requiere de más tiempo de elaboración que los plazos que ha fijado el grupo, que prevé empezar las negociaciones del despido colectivo el próximo miércoles. Con este argumento reclamarán a los tribunales que se paralice el proceso por vulneración de los derechos de información y consulta al comité europeo.

La reunión contó con la presencia de altos directivos de la multinacional en el continente, como el vicepresidente de operaciones de Alcoa en Europa, el noruego Kai Rune; el jefe de recursos humanos, Borja Alvear; el responsable legal, Jesús Marín, y el jefe de energía, Álvaro Dorado.

Durante el encuentro, los representantes de la multinacional justificaron los cierres no solo en el elevado coste eléctrico, sino en un cúmulo de cuestiones que incluye el alto precio de las materias primas o la obsolescencia de las fábricas, entre otros. «Les desmontamos todos los argumentos», aseguró José Manuel de la Uz, representante de CC OO en el comité de empresa de la planta de Avilés y que también pertenece al europeo. En su opinión, lo único que quiere Alcoa es «irse», porque en realidad el precio de la electricidad es lo único que diferencia a las plantas españolas del resto y de la falta de actualización de las factorías «la única culpable es la empresa».

Ante este panorama, y con la amenaza de demanda sobre la mesa, el comité europeo propuso a la compañía abrir un proceso de gestión de las plantas compartida por la propia Alcoa, el Gobierno central y los sindicatos, sería un periodo de un año y medio en el que la empresa debería acometer las inversiones necesarias para dotar de competitividad a las factorías y poder buscar después alternativas para transferir a otro grupo ambos centros de trabajo, de modo que se garanticen los empleos y la actividad.