Riesgo planea invertir 250 millones en cinco años en Alu Ibérica

El grupo Riesgo, que anunció el miércoles por sorpresa la compra de las plantas de la antigua Alcoa de Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter Capital, tiene la intención de invertir 250 millones de euros en cinco años en las factorías, los primeros 20 de forma inmediata. Así lo aseguró ayer en un comunicado, tras reunirse de forma telemática con el comité de empresa de la instalación asturiana, que reclama al Gobierno central, al del Principado y a la Xunta que avalen esta adquisición, que empezó a negociarse en secreto apenas un mes después de que se cerrara el proceso de venta a Parter, el pasado 31 de julio. Aquella operación fue tutelada por el Ministerio de Industria, por lo que ahora la plantilla exige que se convoque la mesa de seguimiento.

«No sabemos si Riesgo son buenos o malos, ya se verá, pero ahora, sobre todo, nos preocupa cómo nos utilizaron e intentaron que avaláramos la venta a Parter, cuando no había ningún plan industrial», subrayó el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, en representación de unos trabajadores que nunca se fiaron del proyecto del fondo suizo.

Riesgo estuvo desde el inicio interesado en las instalaciones, «convencido de que su proyecto era la solución adecuada». Sin embargo, durante el proceso de venta fue la propia Alcoa la que lo descartó. Pese a ello, este grupo industrial no desistió y presentó una oferta por las factorías. «Es lo que siempre quisimos hacer y por fin vamos a hacerlo», subrayaron los nuevos propietarios sobre la adquisición del 74,99% del capital de Alu Ibérica, que supone su integración como socio mayoritario y operativo, «asegurándose así una gestión industrial profesional y experimentada». «Venimos para quedarnos, mantendremos los puestos de trabajo y vamos a impulsar el negocio para convertirlo en la referencia industrial del aluminio en el sur de Europa», recalcaron los nuevos propietarios que «mantienen inalterables los compromisos adquiridos» por Parter: el mantenimiento del empleo hasta el 31 de julio e 2021 en las condiciones actuales.

Lo que ve complejo es poder arrancar las cubas de electrólisis, dado el alto precio de la electricidad, algo que dependerá de que «se cumplan los compromisos gubernamentales de contar con costes eléctricos estables, competitivos y predecibles». En este sentido, reclama al Gobierno «una transición energética adecuada» y que apruebe el estatuto de las electrointensivas.

Esta operación «por debajo de la mesa» ha generado «malestar» y «sorpresa» en el Gobierno regional, que tuvo conocimiento de la transacción por una nota de prensa, según reconoció ayer el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, que advirtió de que el pacto con Alcoa y Parter de hace ocho meses no puede quedar en «papel mojado».

El consejero mostró, de hecho, serias dudas de que la reventa sea compatible con el acuerdo suscrito y avanzó que desde el Ejecutivo autonómico se consultará al gabinete de Reyes Maroto, que el miércoles aseguró que también desconocía la venta, si esta tiene cabida en el pacto ya que, anotó, «en la medida en que no esté dentro de este acuerdo que tenemos firmado todas las partes, incluidas las empresas, no habrá lugar a este tipo de operación».

Por su parte, ante la venta «encubierta» de la antigua Alcoa, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exigió «al nuevo grupo que tenga un proyecto industrial, que lo lleve a término como está establecido y que mantenga, por supuesto, el empleo y las condiciones laborales».

Sin embargo, los sindicatos reclaman explicaciones a las Administraciones, incluidos el Principado y el Ayuntamiento, que pidieron en su día el apoyo de los trabajadores a Parter. Para el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, esta venta demuestra que el gabinete de Reyes Maroto desconocía la situación, «no solo ahora, sino desde el primer momento». «Nunca tuvo la menor idea del futuro de las plantas, de ahí que exijamos ahora que juegue un papel activo en el proceso de reindustrialización, más allá de querer aparecer como salvador», advirtió. Desde UGT-FICA, su homólogo, Jenaro Martínez, censuró el «oscurantismo» de la operación, que cree «inaceptable» y considera que prueba la falta de proyecto industrial de Parter. De ahí que también reclame la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo «para no comprometer el futuro de las plantas». Por su parte, el coordinador de USO Asturias, Juanjo Estrada, ve con «estupor, sorpresa e indignación» la operación y pide revertir la situación para garantizar el futuro de las factorías.

Por otro lado, ayer, varios partidos también criticaron este proceso. Así, el portavoz de Industria del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, considera «desalentadora» la venta y cargó contra los gobiernos central y autonómico, «que han navegado entre el engaño y la ocultación». Desde Ciudadanos, su portavoz, Laura Pérez Macho, califica de «muy deficiente la tarea de supervisión y vigilancia desarrollada por el Ministerio de Industria», mientras que el de Vox, Ignacio Blanco, cree que este caso demuestra que ni el consejero ni la ministra «se anticipan, ni tienen control sobre nada».