Las energías 'verdes' sitúan a España a la cabeza de los arbitrajes internacionales

Tiene más de 30 casos pendientes y solo este año ha recibido cinco, mientras que la factura a pagar supera ya los 1.150 millones según las ONG

J. A. BRAVOMADRID.

España se encuentra en el podio negativo de los Estados del mundo más demandados, con más de medio centenar de arbitrajes internacionales de inversión que ha tenido que afrontar desde 1987, solo superada por dos países sudamericanos como Argentina y Venezuela que se han visto envueltos en problemas (sobre todo, el segundo) por su polémica política de nacionalizaciones de empresas privadas. No obstante, en la última década ese nivel de litigiosidad se ha elevado todavía más por los recortes multimillonarios del Gobierno en las primas públicas a las energías renovables.

A principios de agosto España sufría su, por ahora, última derrota ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial. La cantidad era relativamente reducida si se miran otros casos (41 millones de euros), a la que se añadirán las costas (357.000 euros) por un proceso con origen en 2015 tras una demanda de la firma hispanoalemana SolEsBadajoz.

Y es únicamente una piedra más en la ya abultada mochila del Estado por culpa del 'hachazo' que se dio a las ayudas del erario público a las energías verdes para ahorrar costes en plena crisis económico-financiera. Lo comenzó el exministro socialista de Industria Miguel Sebastián y lo continuó su sucesor con el PP José Manuel Soria. Según estimaciones de Greenpeace y otras ONG del sector, solo entre 2010 y 2013 superó los 1.150 millones de euros. De hecho, España se enfrenta aún a posibles indemnizaciones a abonar por un valor de hasta 8.000 millones.

Todo dependerá de la suerte que corran los 33 casos que todavía están pendientes de resolver en los órganos internacionales de arbitraje; además del Ciadi -donde este año ha recibido cinco, la mayor cifra para un solo país-, están la Cámara de Comercio de Estocolmo y la Uncitral, la comisión de la ONU para el comercio internacional. España, no obstante, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea -admitida como parte en algunos de ellos- para defender que esos conflictos deben resolverse en el Tribunal de Justicia de la UE como estableció la Corte de Luxemburgo en marzo de 2018 para los contenciosos bilaterales en la Unión.