Rechazo frontal en Asturias al estatuto de las electrointensivas

Rechazo total en Asturias al Estatuto de los Consumidores Electrointensivos aprobado este martes. La gran industria asturiana no esperaba ya gran cosa y sus peores presagios se cumplieron. El texto aprobado por el Gobierno mediante un Real Decreto dos años después de haberlo prometido, no recoge las principales reivindicaciones hechas desde Asturias para que la industria básica, la que más electricidad consume, pueda recortar el sobrecoste en la factura de la luz que tiene que asumir con respecto a sus competidores europeos, especialmente de Francia y Alemania, que cuentan con más ayudas y exenciones.

De hecho, se considerará igual a una planta que consuma 1 gigavatio hora (GWh), el consumo que se requerirá para que se considere electrointensiva, que a grandes factorías como las de Arcelor y Asturiana de Zinc o las alumineras, para las que el precio de la electricidad es una cuestión de supervivencia. Precisamente, un trato diferenciado para las hiperelectrointensivas era una de las grandes reivindicaciones asturianas que no se ha tenido en cuenta.

El Gobierno calcula que el estatuto aprobado ayer beneficiará a 612 compañías de más de 60 actividades -acero, aluminio, papel, química, azulejos y cerámica, textil o cemento-, cuando apenas se han presupuestado 310 millones de euros en las cuentas nacionales para las ayudas. Dan a apenas medio millón de media, aunque el reparto no será equitativo. En Asturias, se calcula que podrían obtener el reconocimiento alrededor de una veintena de plantas.

Desde el Principado ya han anunciado que reclamarán compensaciones ante un estauto «ineficaz». El Gobierno autonómico fue el primero en manifestar su rechazo a un texto que «no es favorable» a la propuesta que realiza para rebajar el precio de la luz.

«No cabe duda de que la aprobación de una herramienta de política industrial es positiva, pero entendemos que hay que calibrarla y dotarla adecuadamente porque en su versión actual las empresas con mayores consumos de energía, como la gran industria asturiana, tienen un bajo descuento en su tarifa», subrayó el Ejecutivo regional a través de la Consejería de Industria.

A juicio del Ejecutivo asturiano, y a falta de conocer el texto definitivo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el estatuto no da una respuesta satisfactoria a las singularidades de las empresas autóctonas con un consumo intensivo de electricidad, pertenecientes a sectores y subsectores económicos en claro riesgo de fuga de carbono y con desventajas competitivas frente a otros países de la Unión Europea (UE).

El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha valorado esta mañana el esfuerzo del Gobierno de Pedró Sánchez, pero también ha lamentado que no se hayan atendido las alegaciones conjuntas presentadas por los ejecutivos de Asturias, Galicia y Cantabria, que recogían también las consideraciones y sugerencias de las principales empresas asentadas en el Principado. Propuestas orientadas a impulsar la competitividad del sector como generador de riqueza y de empleo de calidad en la economía regional y evitar situaciones de desventaja frente a otros países y regiones de la UE, reduciendo el diferencial en los costes de la energía.

Ante este escenario, el Gobierno de Asturias «seguirá defendiendo la puesta en marcha de herramientas que puedan dar respuesta a las necesidades de los consumidores altamente electrointensivos en dos ámbitos». Por un lado, la existencia de partidas presupuestarias suficientemente dotadas para maximizar las ayudas contempladas en el nuevo marco legal, tanto las previstas para el desarrollo del estatuto como las relativas a las compensaciones de costes indirectos de CO2, «que deben elevarse hasta el tope permitido». Y, por otro, pide la implementación, en el menor tiempo posible, de mecanismos sustitutorios de las subastas de interrumpibilidad, como la reserva estratégica de respuesta rápida, que contemplen las singularidades de la industria altamente consumidora en energía.

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, exigía este miércoles al jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, que «plante cara» al Gobierno de España al considerar que el estatuto electrointensivo aprobado ayer por el Consejo de Ministros es «tomadura de pelo» a la comunidad.

Mallada ha afirmado que, tras un «calvario» de dos años de espera para que finalmente haya visto luz verde, el documento «llega tarde, sin consenso y no da ninguna solución a la gran industria asturiana».

«No será efectivo para nuestra región y, por tanto, no solucionará la crisis de competitividad de nuestra industria ni evitará el riesgo de deslocalización industrial», ha añadido.

Mallada ha considerado una «auténtica vergüenza» el proceder del Gobierno de Pedro Sánchez, así como la «inacción» del Ejecutivo de Adrián Barbón, respecto a la industria, que se encuentra «abandonada y a los pies de los caballos» con este nuevo articulado.

«Tenemos una gran industria que consume muchísima energía, de la que dependen miles de puestos de trabajo, y así seguirá en la incertidumbre y sin poder competir a nivel internacional por el lastre económico del precio de la electricidad», ha concluido.

El coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, considera que la norma no sólo llega tarde, sino que las medidas insuficientes que contempla suponen un «escenario devastador para el empleo y el corazón industrial de Asturias».

En su opinión, se avecinan «horas críticas para Asturias por un estatuto tardío, insuficiente y decepcionante que no responde a las demandas de la industria asturiana y mucho menos de sus trabajadores y que pone en grave riesgo el futuro de la industria asturiana».

Para Zapico, este «estatuto fallido», junto al incremento del precio de las emisiones aprobado la semana pasada, sitúan al Principado en un escenario devastador el próximo año y puede tener «repercusiones enormes para Asturias» que, en su opinión, tiene que «rebelarse contra estas injusticias».

El diputado de Vox por Asturias, José María Figaredo, ha asegurado que el estatuto electrointensivo aprobado ayer por el Consejo de Ministros es «totalmente insuficiente» y no tendrá impacto en la industria del Principado, que continuará «asfixiada por unos coste de energía artificialmente elevados».

«El PSOE tenía en sus manos solucionar el problema. Podía haber garantizado que la industria española compitiese en igualdad de condiciones con la europea. Sin embargo, no lo ha hecho», ha dicho en un comunicado.

Figaredo ha apuntado que el nuevo documento no servirá a compañías, como Alcoa, y a otras industrias que seguirán «en la misma situación precaria en la que estaban hace un año».

A su juicio, todo ello ahondará en la «desindustrialización» de España y, sobre todo, de la cornisa cantábrica, que cuenta con mayor proporción de empresas electrointensivas.