Fade y sindicatos ven «muy mejorable» e «insuficiente» la propuesta del estatuto

El lunes se avanzaron las claves del borrador del estatuto para las electrointensivas y ayer se esperaba como agua de mayo conocer los detalles. El documento, sin embargo, se hizo esperar y solo fue hasta bien entrada la tarde cuando se hizo público el texto íntegro y se inició el periodo de audiencia pública, en el que agentes sociales, organizaciones o comunidades autónomas podrán estudiarlo para realizar sus alegaciones. En Asturias los sindicatos ya han anunciado que pedirán modificaciones, tras considerar la propuesta «mejorable», y también lo hará la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), después de que su presidente, Belarmino Feito, asegurara ayer que espera que en el periodo que ahora se abre se corrijan algunos aspectos que no comparte. No obstante, los agentes sociales consideran que el documento es un avance, mientras que desde el Principado, el consejero de Industria, Enrique Fernández, aseguró ayer que se van a lograr los dos objetivos que planteaba: mejorar la estabilidad en el coste del suministro y la competitividad de la industria, de forma que no esté excesivamente penalizada en relación a la de otros países. Igualmente, el Ejecutivo regional lo estudiará con el sector y planteará «las alegaciones que puedan ser oportunas si es que procede».

La Delegación del Gobierno en Asturias, sin embargo, defiende el documento sin ambajes, del que asegura que ofrece «un mecanismo estable y que aporta certidumbre, sostenibilidad y seguridad jurídica a la industria gran consumidora de energía». Asimismo, cree que las medidas serán «eficaces» para garantizar su competitividad, por lo que pide apoyo parlamentario para que el estatuto pueda ser aplicado «cuanto antes».

Tanto desde este organismo como desde el Principado se destaca también el «esfuerzo» y el trabajo «arduo» para sacar adelante un documento, con dos convocatorias electorales de por medio y las duras exigencias de la Unión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sin embargo, incluso antes de conocerse el documento de forma completa, Fade ya recalcaba que el estatuto no permitirá eliminar el diferencial entre el precio de la electricidad que asume la industria española y el que paga la alemana o la francesa. «Todo apunta a que será insuficiente», señaló Feito, tras llamar la atención sobre la desaparición, en la práctica, de la retribución por la interrumpibilidad que recibían las empresas, que llegó a suponer una inyección de más de 500 millones y que, en este primer semestre, apenas se queda en cinco.

Además, el presidente de la patronal asturiana también puso el foco en que las medidas dependen en una buena parte de que exista capacidad presupuestaria y, por tanto, de que el Gobierno logre sacar adelante sus cuentas, lo que hace que las compensaciones a la industria dependan en buena medida de lograr una mayoría parlamentaria, mientras que «el mercado no entiende de negociaciones políticas».

Desde UGT, CC OO y USO también se apuntan deficiencias en el documento y se adelanta que habrá alegaciones. Coinciden en que hay que elevar las compensaciones por los costes indirectos del CO2, que ahora se sitúan en 172 millones de euros, y llevarlas al tope que podría aceptar la UE, alrededor de 300 millones, según el precio actual de los derechos. Además, consideran que hay más margen para reducir los peajes y cargas impositivas sobre el precio de la electricidad -el recorte de 90 millones supondrá apenas 2,25 euros por MW-, como hacen en Alemania o Francia.

El secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, también recalca la necesidad de avanzar en los contratos bilaterales (PPAs), de forma que el Estado no solo actúe como aval, sino también como promotor de los acuerdos entre industria y eléctricas para garantizar que esos pactos logren un precio suficientemente rebajado sobre el de mercado.

Por su parte, el secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez, también pide un papel más predominante del Estado en cuanto a los PPAs y reclama mayores medidas de protección contra las deslocalizaciones para asegurar el empleo y la actividad industrial. «Este es el primer paso, un avance, pero escaso», resume. Mientras que Manzano ve que aún queda un «margen de mejora importante».

Además, el coordinador de USO en Asturias, Juanjo Estrada, lo ve como «un primer paso, positivo, pero insuficiente». Recuerda que va en la línea de lo que se demandaba, pero no cree que el precio por Kw/h se acerque a los 35 euros, «que es la estimación que tenemos para que la industria electrointensiva sea competitiva y no peligre el empleo».

Otro punto que provocará alegaciones en Asturias es que no haya ningún tipo de reconocimiento para la industria hiperelectrointensiva, la que pueden representar Arcelor, Asturiana de Zinc y Alu Ibérica si enciende de nuevo las cubas de electrólisis, un tipo de empresas para las que se piden medidas diferenciadas por su singularidad, ya que su consumo eléctrico es mucho mayor y tiene una incidencia más fuerte en sus costes.

En este sentido, el presidente del comité de empresa de la planta avilesina de Alu Ibérica, heredera de Alcoa, se mostró ayer «muy preocupado» en el programa La Lupa, de Canal 10 ante unas propuestas que son «insuficientes». En este sentido, recordó que, en el mejor momento de interrumpibilidad, «estaban compensando los costes eléctricos en torno a 28-30 euros megavatio y el estatuto que está presentando el Gobierno compensa 8 euros», una diferencia que considera «brutal» y a la que «deberían darle una vuelta». Por este motivo se mostró crítico con el beneplácito del Principado, porque «están poniendo en jaque a la industria».