La falta de apoyo a la industria asturiana complica la recuperación económica de la región

La pandemia ha cogido a la industria asturiana con el pie cambiado. Antes de la llegada de la covid este sector tractor de la economía regional ya acumulaba problemas y el coronavirus no ha hecho otra cosa que agravarlos. Los efectos de la crisis sanitaria no se dejan notar igual en un negocio robusto que en uno que pasa por horas bajas y eso es lo que está sucediendo con buena parte de la industria del Principado, que tiene que sumar las graves consecuencias de esta crisis a otros problemas enquistados, como el precio de la factura eléctrica o la transición energética.

De momento, octubre ha terminado sin que el estatuto para las electrointensivas vea la luz, a pesar de que la promesa de este texto se remonta al 7 de diciembre de 2018. Desde entonces, el plazo para su aprobación se ha ido retrasando. Se comprometió para antes de las elecciones de abril de 2019, después para cuando el Gobierno dejara de estar en funciones, también se comprometió para este verano y la última fecha oficial era aprobarlo en octubre. Ya es noviembre. Es un retraso «inadmisible», según el propio presidente del Principado, Adrián Barbón.

Fuentes del Gobierno central reconocen que aún quedan trámites: la aprobación por parte de la Comisión Europea, el dictamen del Consejo de Estado y que pase al Consejo de Ministros. «Se espera que próximamente se finalice su tramitación y que para 2021 se pueda aplicar», señalan.

El problema ya no es solo que llega con mucho retraso sobre su promesa inicial, que se produjo en el contexto del anuncio de cierre por parte de Alcoa de sus plantas de Avilés y de La Coruña, sino que la gran industria asturiana confía poco en su contenido. El borrador, al que han hecho alegaciones el Principado, empresas y sindicatos, supuso un jarro de agua fría para compañías como Arcelor y Asturiana de Zinc, cuya competitividad depende de la factura eléctrica, ya que no distingue a este tipo de empresas hiperelectrointensivas de otras cuya viabilidad no está condicionada por el precio de la luz. Además, abre la puerta a que opten a sus beneficios muchas más compañías, al rebajar el consumo anual exigido a solo 1GWh. Cataluña será la comunidad más beneficiada, al triplicar prácticamente las empresas que podrán acceder a las ayudas. Este hecho no augura cambios en el texto final, ante la necesidad que tiene el Ejecutivo de los votos de ERC. Además, desde el Gobierno ya se ha trasladado que no habrá ninguna distinción con las hiperelectrointensivas.

Otro factor determinante para el pesimismo de la industria asturiana se refleja en la partida que prevé en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado esta semana, que contempla 91 millones de euros, la misma dotación del borrador, y considerada claramente insuficiente. Solo la subasta de interrumpibilidad, sistema ya enterrado, remuneraba a las electrointensivas con 500 millones hace no tanto. Además, las compensaciones por el coste indirecto del CO2 se quedan en apenas 109 millones de euros, frente a los más de 270 que permite la Unión Europea, a cuyas restricciones suele recurrir el Gobierno para justificar que no se aumente el respaldo al sector.

Y todo esto sucede, mientras se tiene que hacer frente a los efectos de la pandemia y a la competencia feroz de empresas de otros países comunitarios, con apoyos muy superiores por parte de sus Gobiernos, y de las de fuera del mercado común, que no juegan en igualdad de condiciones. Así, Arcelor ha reconocido que ha cerrado uno de sus hornos altos de Polonia por tres razones: el alto coste de los derechos de emisión, la falta de medidas de defensa comercial por parte de la UE efectivas y el alto precio de la electricidad en ese país. Tres factores que también afectan a sus factorías asturianas, con su división de largos y uno de los hornos altos también amenazados de cierre.

Pese a la caída de la demanda en Europa, Bruselas hace oídos sordos a las reclamaciones de la industria básica y sigue manteniendo sus fronteras relativamente abiertas, con cuotas libres de arancel basadas en datos previos a la pandemia y que, según los productores, distorsionan el mercado.

Pero, además, el coronavirus ha cogido a la transición energética justa sin los deberes hechos. Las minas han cerrado -a excepción del pozo Nicolasa-, las térmicas de carbón de Iberdrola y Naturgy también han cesado su actividad y el transporte sufre sus consecuencias sin que ningún proyecto se haya materializado aún. De nuevo la reconversión y los cierres llegan antes de que existan alternativas laborales. Además, de momento, las propuestas hechas públicas distan mucho de la ambición de algunas anunciadas en otros territorios. Mientras que Iberdrola y Fertiberia anunciaron esta semana un proyecto de hidrógeno verde de 1.800 millones en Ciudad Real y Huelva, aquí la primera iniciativa relacionada con el almacenamiento de energía llega por parte del Grupo Lamelas, que proyecta invertir 120 millones para producir electricidad con agua de mina en Tineo.

Existe, además, otro temor: que los fondos que iban a llegar de transición justa se diluyan en los de la recuperación de la covid hasta desaparecer. El miedo es que al final Asturias reciba la cantidad que le corresponda para hacer frente al coronavirus y no esa partida adicional que se esperaba por los efectos de la descarbonización.

Este contexto complica la recuperación económica de la región y pinta un escenario pospandemia más complejo, sobre todo, teniendo en cuenta el enorme peso de la industria en el PIB -ronda el 20 %-, pero sobre todo la actividad inducida que genera.