Los distintos impuestos que encarecen la factura de la luz
Abonamos dos tributos directos, que incrementan la factura más de un 26 %, y otro indirecto
La factura de la luz es uno de los recibos que más preocupan en hogares y empresas; sin embargo, en ocasiones nos resulta difícil comprender el desglose del importe final. Una de las claves para entender qué pagamos en el recibo, es saber el tipo de impuestos gravan la electricidad. En total, abonamos dos tributos directos, que incrementan la factura más de un 26 %, y otro indirecto:
Impuesto especial sobre la electricidad
Este impuesto especial grava con un 5,11269632% el suministro de energía eléctrica y deben abonarlo todas las viviendas, locales y espacios que tengan contratado un punto de suministro eléctrico. Nació en el primer Gobierno de José María Aznar, en 1998, como «coste específico asignado a la minería del carbón».
En total, el Estado recauda alrededor de 1.500 millones de euros por este gravamen.
IVA
Por otra parte, la electricidad cuenta con un gravamen del 21% del IVA, que se aplica a la cuantía total de la facturación: potencia contratada, energía consumida, el impuesto especial y el alquiler de los contadores.
El IVA de la electricidad genera una constante polémica por dos cuestiones: supone una doble imposición al aplicarse sobre otro tributo (el impuesto eléctrico), y, además, se grava con el tipo general, el 21 %, utilizado habitualmente en productos que no suelen ser de primera necesidad.
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
Lo primero que hay que saber sobre el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) es que no afecta de forma directa al consumidor. No obstante, las productoras lo repercuten de forma indirecta en sus facturas.
Este tributo, que comenzó a aplicarse en 2012, grava con un 7% la producción eléctrica de todas las centrales del territorio nacional, con el objetivo de reducir el déficit estructural del sistema eléctrico.
Este impuesto ha generado una gran controversia legal y la cuestión ha llegado incluso al tribunal europeo de Luxemburgo, aunque el pasado 3 de marzo respaldó la validez del tributo. Por lo tanto, el Estado podrá seguir recaudando cada año una media de 1.500 millones de euros.
