Los bolsillos, pendientes del futuro energético

Fábrica de coches Renault en Valladolid./Afp
Fábrica de coches Renault en Valladolid. / Afp

El mercado eléctrico y el del automóvil se enfrentan a un modelo antagónico clave para la economía

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

La compleja desaparición del vehículo diésel

Fabricantes alertan del riesgo de prohibir la matriculación de estos vehículos por la dependencia económica, laboral y social

Hace solo dos años, seis de cada diez coches que se compraban en España eran diésel. Ahora, este tipo de vehículos nuevos representan un 26% de todas las ventas. La eficiencia en el consumo, la potencia y la durabilidad -las grandes bazas- ya no llaman tanto la atención a los conductores porque ven con temor los anuncios restrictivos sobre el futuro de estos modelos: el precio del combustible subirá hasta ser similar al de la gasolina y habrá prohibición de circulación en determinadas zonas de las ciudades. ¿Quién está dispuesto a pagar 3.000 o 4.000 euros más, de media, por un diésel sin saber qué va a ocurrir con ese coche en pocos años?

Esa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos, y que pocos políticos se atreven a responder con claridad, a pesar de que el diésel está íntimamente ligado a la economía española: cada año salen de las siete grandes fábricas de coches más de 1,2 millones de vehículos con esta tecnología, de los casi tres millones que se producen en esas plantas. El trabajo que desarrolla toda la industria (diésel y también gasolina) representa un 10% del PIB y emplean a nueve de cada cien trabajadores. Sin los coches no hubiera sido posible la recuperación, y sin esta industria será complicado afrontar cualquier otra época de recesión.

La propuesta del Gobierno actual aboga por prohibir la matriculación de todo tipo de vehículos de combustión a partir de 2040. Los Presupuestos del Estado de 2019, que finalmente no han sido tramitados, incluían el inicio de la equiparación del precio del gasóleo y las gasolinas. Pero la medida no ha contado con el respaldo de PP o Ciudadanos. Pablo Casado ha indicado que si llega a gobernar «no prohibiría» el diésel. Albert Rivera, ha atacado constantemente el «impuestazo» que suponía el aumento del precio del diésel. Ha sido una de las batallas políticas de los últimos meses de legislatura sin que todavía se haya puesto un plan a largo plazo encima de la mesa.

Mientras, la industria de la automoción ha alertado en varias ocasiones sobre las propuestas del Ejecutivo. Para el presidente de la patronal de concesionarios (Faconauto), Gerardo Pérez Giménez, la prohibición de la venta en 2040 «genera incertidumbre entre los compradores e impacta ya en todo el sector». En ese sentido se manifiestan desde Anfac, la organización que aglutina a los fabricantes españoles: «La solución no es poner fecha de caducidad, sino ir eliminando de forma decisiva los vehículos viejos que siguen circulando y que emiten hasta un 90% más que un moderno diésel Euro 6». Recomiendan a los partidos «no matar al diésel antes de tiempo». De hecho, KPMG estima que en 2030 hasta un 46% del parque de vehículos seguirá siendo diésel en sus diferentes versiones.

Centrales que condicionarán la factura de la luz

El Gobierno tendrá que definir qué tecnologías son las que más energía aporten para lograr los objetivos ambientales sin que impacte en el bolsillo

Central nuclear de Almaraz (Cáceres).
Central nuclear de Almaraz (Cáceres). / Efe

Pocos días después de que las compañías eléctricas acordaran el cierre progresivo de las nucleares entre 2027 y 2035, el mes de marzo finalizaba con estas centrales liderando la producción del sistema, al aportar un 26% de la energía consumida, un récord en los últimos años. La cuestión nuclear es una de las muchas que subyacen del futuro modelo energético. En la inminente legislatura que va a llegar, el Gobierno tendrá que definir su modelo para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea, para que un tercio de la energía sea renovable, el carbón se despida y se entremezclen el resto de instalaciones para garantizar el suministro.

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya ha presentado el programa 'Marco Energía y Clima', donde apuestan por una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990; o alcanzar en 2030 un 42% del consumo de renovables sobre el uso de energía final. Aunque casi todos comparten los objetivos, el resto de partidos ha puesto 'peros' a la propuesta socialista al considerarla irrealista. Ni siquiera entre las compañías hay acuerdo para afrontar los retos que tiene el sistema por sus heterogéneos intereses.

Se trata de «objetivos que son alcanzables», explica Alberto Amores, responsable de la práctica de Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte. Recuerda que para cumplirlo «es necesario invertir más de 200.000 millones en renovables, redes, coches eléctricos y convencionales más eficientes, renovación del equipamiento térmico e iluminación de edificios o rehabilitaciones».

La pregunta es si la sociedad está dispuesta a asumir un coste económico a cambio de completar los objetivos medioambientales y de sostenibilidad. «Estas inversiones producirán ahorros muy importantes en el consumo, haciendo que muchas de ellas sean rentables y recuperando los importes inicialmente gastados», argumenta Amores.

Además, se prevé el fin de la energía de carbón en 2030. Todas las instalaciones se encuentran en un proceso próximo al cierre: de las 14 en funcionamiento, nueve cerrarán en 2020. Las restantes se irán adaptando «a un proceso de salida». Y se mantendría inalterable el parque de ciclos combinados, con 27.000 Mw para dar estabilidad al sistema.

Frente a las ventajas de este cambio de modelo, se encuentra la realidad de la factura de la luz y la de las comarcas afectadas por los cierres. Con el cambio sostenible, el recibo de la luz se reduciría un 7% en una década, frente a otras variables que pueden hacer elevar su precio. Así lo ha constatado la Comisión Europea: aunque el coste de generación ha caído un 6% entre 2010 y 2017, los fijos (impuestos y cargas) han incrementado la factura doméstica un 19% en ese periodo.