El Gobierno negocia con la UE la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva

La gran industria lleva mucho tiempo impacientándose por la falta de mejoras en el precio de la luz, tanto que fuentes del sector reconocen haber perdido la esperanza ante tantos retrasos. El último, al ver que el estatuto para las electrointensivas se queda fuera de los primeros consejos de ministros, cuando la promesa era aprobarlo en cuanto hubiera Gobierno. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, reconoció ayer que el Ejecutivo aún está intentando alinear el documento con el marco de ayudas que establece la Unión Europea. No obstante, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que esta le había trasladado que el visto bueno llegaría «en días».

Los aplazamientos vienen de lejos. El Gobierno de Pedro Sánchez prometió aprobarlo antes de las elecciones del 28 de abril, hace casi nueve meses, pero tras los reparos que puso al documento la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el texto se quedó en suspenso. Se prometió, entonces, que vería la luz un nuevo estatuto cuando el Gobierno dejara de estar en funciones, pero según trasladó ayer Maroto este aún no tiene el visto bueno de la UE. En el sector se comprende que estos procesos sean tutelados por Bruselas, pero se esperaba que las conversaciones informales desarrolladas en este periodo hubieran dado ya sus frutos.

Además, según señaló ayer Maroto, el Ejecutivo aún está a la espera de nuevos informes, entre ellos otro de la CNMC. Y también será necesario el visto bueno del Consejo de Estado.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reconoció ayer que «lo último» que sabe es que se están emitiendo los informes preceptivos y que el documento estaba atascado porque «la UE lo entendía como posibles ayudas de Estado y por tanto lo prohibía». No obstante, insiste en que la exigencia está encima de la mesa y «es una prioridad absoluta».

Mientras, los grandes consumidores de energía desconocen las medidas que contendrá y desconfían de sus resultados. La ministra, que puso en valor el aumento de las ayudas por los costes indirectos del CO2 realizado por su Ejecutivo, anunció también que, además de elementos para reducir el precio de la electricidad, se incorporarán otros retos, como el de la transición ecológica y la digitalización. Sin embargo, la industria teme que se desvirtúe el estatuto con aspectos que nada tienen que ver con las electrointensivas y el objetivo con el que se planteó: que las empresas españolas no paguen la luz mucho más cara que sus competidoras de Alemania y Francia.

Uno de los sectores que reclama la aprobación inmediata del estatuto, es el siderúrgico. Desde su patronal nacional, Unesid, su director general, Andrés Barceló, se lamentó ayer de que en «en el año 2020, las industrias electrointensivas no tengan ninguna medida para mitigar el coste de la electricidad», ya que el sistema de interrumpibilidad «ha muerto y no se ha sustituido por nada» y las ayudas por los costes indirectos del CO2 que se pagarán este año corresponden con los costes ya pagados por las compañías en 2019. «De tener algo sustancial no habrá nada hasta 2021», señala con preocupación, mientras que recuerda la mala situación por la que atraviesa el sector.