El Gobierno prepara una ley anticierres como la que adoptó Francia con una crisis de Arcelor
Penaliza los despidos y obliga a buscar comprador para las instalaciones; Hereu pide a las empresas que no quieran desarrollar proyectos «que no nos hagan marear la perdiz»
El Gobierno central plantea crear en España una ley anticierres similar a la que Francia impulsó hace prácticamente una década tras anunciar Arcelor la clausura ... de dos hornos altos en el norte del país. Se trata de «un mecanismo similar al de la denominada Ley Florange», explicó ayer el ministro de Industria, Jordi Hereu, en la comisión del Congreso en la que se abordaron los asuntos de su competencia. El nombre lo recibe de la planta siderúrgica gala que perdió sus instalaciones de cabecera en plena Gran Recesión. El gobierno francés de entonces, liderado por François Hollande, impulsó una ley que abre la puerta a penalizar a empresas con más de 1.000 trabajadores que cierren plantas rentables y las obliga a agotar todas las opciones para encontrar un comprador.
El ministro de Industria español, que no entró en detalles, avanzó la creación de «un nuevo mecanismo para la gestión de procesos de reindustrialización, para que ante el cierre de cualquier actividad industrial podamos iniciar un proceso de negociación para asegurar las capacidades de producción y el empleo», todo ello inspirado en la normativa francesa derivada de la crisis de Arcelor en Florange.
Asimismo, en su comparecencia, ofreció un gran pacto económico y social por la reindustrialización de España y la transformación del sector y aseguró que la Ley de Industria que se está tramitando proporcionará nuevos instrumentos como los denominados Proyectos de Interés Estratégico Estatal, la ventanilla única digital o una reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción (Recapi).
Con un mensaje optimista, Hereu defendió que, «aunque habrá dificultades», las aperturas serán superiores a los posibles cierres. «Industria no va de crisis, va del desarrollo de oportunidades, industria en positivo», insistió, tras argumentar que después de tres décadas de desindustrialización ahora se abre una de reindustrialización y que trabajará por «diseminar la riqueza» y redistribuirla.
Las ayudas por los costes del CO2 subirán a 300 millones
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El ministro de Industria adelantó ayer que el Gobierno aumentará hasta los 300 millones de euros las ayudas por los costes indirectos del CO2 que asumen las electrointensivas. Subirán así alrededor de un 23%, desde los 244 de 2023 y 2022. Aunque Hereu aseguró que su intención es mantener las subvenciones contempladas en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo hasta el máximo que permite la Comisión Europea, esos 300 millones distan mucho de llegar al tope que autoriza Bruselas, según los cálculos de las empresas, algo que afearon diputados de la oposición, como el representante del PP, Francisco José Conde, o la del PNV, Idoia Sagastizabal. Así, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) calcula que el pasado año hubieran podido tener derecho a 458 millones y que este la cifra podría aumentar hasta 650. En Asturias, compañías como Arcelor o Asturiana de Zinc se benefician de estas ayudas que, igualmente, son mucho menores que las de sus competidores en países como Francia o Alemania.
Igualmente, sostuvo que no se olvidarán de los casos problemáticos, que se afrontarán «uno por uno», entre los que citó el de Arcelor, que tiene en Asturias bloqueada la parte más ambiciosa de su proyecto de descarbonización. No obstante, el caso de la siderúrgica quedó en un segundo plano ante las preguntas de los diputados catalanes, el gallego o la vasca, que plantearon asuntos concretos de sus comunidades autónomas. Más allá de una escueta referencia del parlamentario popular Francisco José Conde, que calificó de «parche» el apoyo a las electrointensivas, y del propio ministro, que no ahondó en la situación de Arcelor en el Principado, esta quedó orillada.
Precisamente, en respuesta a Néstor Rego (BNG) sobre la crisis de Alcoa, Hereu aseguró que «estamos para que se cumplan los acuerdos y es evidente que nosotros lo que no queremos es perder proyectos industriales en este país», pero también advirtió de que «quien esté dispuesto a liderar proyectos tendrá nuestro apoyo y a quien no tenga la voluntad de desarrollar proyectos industriales también les diremos que no nos hagan marear la perdiz».
Cogobernanza
Además, el ministro destacó el papel de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), de los que aseguró que «lo mejor está por venir», ya que tras las primeras adjudicaciones y las que vendrán ahora toca ejecutarlos. En total, el conjunto de los gestionados por su departamento va a suponer una inyección de 8.000 millones de euros entre subvenciones y créditos. Entre otros apuntes, avanzó una segunda convocatoria del PERTE agroalimentario, otra del de microchips y el lanzamiento de una línea de ayudas para el sector transformador de la pesca de 50 millones de euros.
Hereu, asimismo, pidió a las empresas que participen en las convocatorias de los PERTE, cuyas ayudas no cumplirán un reparto territorial, ya que dependerán de los proyectos que se presenten. «Queremos agotar los fondos», recalcó, y eso pasa por los planes de las compañías, aunque reconoció que los recursos «son finitos». En este sentido, abogó por fomentar la colaboración público-privada y se describió como «un aliado» de la industria a la hora de defender dentro del Gobierno sus intereses y «fomentar condiciones competitivas», entre las que señaló como clave los costes energéticos. Además, apeló a la cogobernanza con las comunidades autónomas y recordó que ellas también tienen competencias en materia de industria.
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