La gran industria reacciona con fuerte malestar ante un nuevo recorte de la subasta eléctrica

La gran industria se llevó ayer por la mañana un nuevo varapalo en pleno momento de incertidumbre y de anuncio de recortes y amenazas de cierre. El Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria de una nueva subasta de interrumpibilidad, que nace de partida con recortes tanto en los bloques, como en los precios. Este mecanismo retribuye a las compañías por desconectarse de la red en caso de que el operador lo solicite ante la falta de oferta para cubrir la demanda eléctrica o para rebajar los precios. Se les paga, por tanto, por estar disponibles para ceder su consumo eléctrico, lo que les permite a cambio rebajar considerablemente su abultada factura de la luz.

Sin embargo, mientras cada vez se piden más desconexiones, la remuneración no deja de bajar. Solo en la última subasta se redujo un 30% y, aunque aún se desconoce el resultado de la próxima, para el segundo semestre del año, todo apunta a que volverá a caer. En la nueva convocatoria, el Ministerio para la Transición Ecológica pone sobre la mesa 16 bloques de 40 MW, frente a los 21 de la anterior -ya no hay bloques de 90 MW-; mientras que los precios de salida también son inferiores. La puja para los de 5 MW parten de 125.000 euros el MW, frente a los 150.000 de la anterior convocatoria, y en los de 40 MW el punto de salida es de 150.000 -en la precedente eran 200.000-.

La convocatoria fue recogida ayer con un fuerte malestar en la gran industria, tras el fracaso del estatuto para las electrointensivas, comprometido por el Gobierno para antes de las elecciones generales y que no ha salido adelante. Así, reconocen que todo el apoyo se fía a la compensación por los costes indirectos del CO2, que el Ejecutivo de Sánchez aseguró que subiría hasta los 200 millones de euros. Sin embargo, las empresas no se fían de que se acabe ejecutando, entre otros factores, porque el último pago que recibieron por este motivo corresponde a 2016.

El ajuste de partida en la subasta llega, precisamente, en un momento muy convulso para la industria asturiana. Arcelor anunció un recorte de la producción de 700.000 toneladas en sus factorías de la región, que atribuye en gran parte al alto coste de la luz, y amenaza con parar un horno alto de Gijón. Ya en la anterior convocatoria la compañía mostró su disgusto por los resultados y, el pasado jueves, durante el comité europeo trasladó a los sindicatos su malestar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por otro lado, la garantía de un precio eléctrico ajustado resulta fundamental para encontrar un comprador que se haga con las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña. Queda poco más de un mes para lograr un acuerdo y el viernes termina el plazo indicativo que dio la compañía para contar con ofertas vinculantes.

En esta convocatoria, la multinacional participará solo con su factoría lucense de San Ciprián, la única que sigue produciendo aluminio primario. No lo hará, sin embargo, con las de Avilés y La Coruña, donde mantiene en suspensión sus series de electrolisis. Sin ese incentivo, la posibilidad de que llegue un nuevo inversor se complica aún más.

El problema es que al no contar ya con las cubas de electrolisis no puede ofrecer el servicio de interrumpibilidad y no podría presentarse, aunque, según la normativa, cabe una excepción. Desde Alcoa se asegura que presentó la autorización para su habilitación, pero no ha sido concedida. «Si ocurriera, se procederá como corresponda», aseguran fuentes de la empresa, que califican de «una nueva decepción» la convocatoria y advierten de que «si no se adoptan medidas urgentes», la producción de aluminio primario en España «será inviable». Para el presidente del comité de empresa de la factoría de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, la subasta es un «desastre inentendible» y lamentó que el Gobierno diga que trabaja para que haya unos costes razonables «y hace todo lo contrario»

Por contra, según afirmó ayer el líder de los socialistas y ganador de la elecciones al Principado, Adrián Barbón, se ha adoptado la única opción que permitió la UE. Además, se mostró convencido de que con el estatuto y las compensaciones por el CO2 se dará una solución al problema de la industria.