La industria exige que se declare ilegal el sobrecoste de los peajes del gas

La gran industria tiene en el coste eléctrico uno de sus principales caballos de batalla, pero el precio de la energía no se circunscribe exclusivamente a la factura de la luz y varias asociaciones del sector se han unido para exigir también el fin de la desventaja competitiva que suponen las sobrerretribuciones del gas. Según una carta que entregaron ayer en mano a José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estas organizaciones, que agrupan a sectores como el siderúrgico, el papelero, el textil o el químico, se plantean encargar un análisis jurídico para dilucidar el encaje en el marco jurídico de los peajes del gas y «su posible calificación como ayuda de Estado» para denunciarlos ante las instancias europeas.

Estas once asociaciones (GasIndustrial, Acogen, Anfevi, Anffecc, Aop, Ascer, Aspapel, Confevicex, Consejo Intertextil Español, Feique y Unesid) representan a compañías presentes en el Principado como Arcelor, Ence, Fertiberia, DuPont, Química del Nalón o Bayer, y denuncian los efectos negativos que tiene en su competitividad el mantenimiento de los peajes del gas -la cuantía que paga el consumidor por su transporte y distribución- establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica. Según la propia CNMC se trata de «un concepto retributivo sin contraprestación explícita para los consumidores» y que, además, supone, al menos, «una sobrerretribución anual de 586,4 millones de euros, importe que se corresponde con la retribución por inversión de activos que se encuentran ya amortizados». Todo esto implica para los consumidores industriales un sobrecoste en la factura del gas que cifran en alrededor del 25% en relación a sus competidores directos europeos, tras un incremento de los peajes de más de un 63% en la última década.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido prorrogar estas esas tarifas de acceso hasta que la CNMC consiga sacar adelante una circular con una nueva regulación. De ahí, que ahora estas organizaciones pongan el foco en el regulador, al que piden que termine con «la insoportable desventaja competitiva de la industria en España por los costes regulados del gas». Consideran las asociaciones industriales españolas que la propuesta de circular de peajes del Ejecutivo «perpetuaría y aumentaría el agravio a la industria». De hecho, denuncian que la metodología utilizada «contiene deficiencias metodológicas que, de mantenerse, haría que los peajes industriales subieran» y su simulador «constata de manera irrefutable un incremento global en el coste de los peajes industriales para 2020». De ahí que muestren una «enorme preocupación». No en vano, el consumo industrial asciende a 4.700 millones de euros anuales -es uno de sus grandes costes de producción- y supone el 62% del total en España.

El planteamiento de que estos peajes puedan ser considerados una ayuda de Estado no es casualidad. Precisamente, algunas de las grandes compañías que se integran en estas asociaciones son de las principales perjudicadas por los recortes en la subasta eléctrica, ajustes que el Gobierno justifica por la advertencia que ha realizado la Unión Europea sobre este sistema y la posible sanción que conllevaría si se considera ayuda de Estado, aunque otros países cuentan con mecanismos similares y no les pone reparos.

Da la causalidad que ayer comenzó la subasta correspondiente al primer semestre de 2020, que cuenta con un 60% menos de potencia interrumpible que la anterior (1.000 MW). Las compañías pujan por prestar este servicio al sistema -dejar de consumir electricidad en caso de necesidad- y por sus retribuciones, pero estas no han hecho otra cosa que bajar desde hace unos años. Las subastas empezaron superando los 550 millones anuales y este año se quedan en menos de 200, pero para el primer semestre de 2020 la remuneración podría bajar de los 50 millones.