El ingreso mínimo vital comenzará con 100.000 perceptores identificados por el Gobierno
El ministro Escrivá aclara que puede alcanzar el millón de hogares sobre las que se tendrá en cuenta su patrimonio
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha aclarado algunos términos nuevos de lo que será el ingreso mínimo vital que ultima el Gobierno. Por ejemplo, que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares. Será la propia Administración la que haga «de oficio el reconocimiento de partida que permita arrancar con un número importante de hogares».
Así lo ha indicado Escrivá en una entrevista en RNE, en la que ha puntualizado que ese reconocimiento se realizará «a partir de los datos que tenemos de los hogares vulnerables». Tras su puesta en marcha, el resto de potenciales perceptores lo podrán solicitar y se estima que alcance un millón de familias con problemas económicos en los próximos meses.
Este ingreso vital se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no. Aunque todavía no son públicos los requisitos en cuanto a límites de renta, ni en cuanto a la propia cuantía mensual de la ayuda.
Escrivá ha explicado que esta renta será aprobada en «el último Consejo de Ministros de este mes» mediante un real decreto-ley, de forma que pueda solicitarse de forma inmediata. Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.
La intención del Gobierno es llegar a todo el mundo, eliminando complejidades y mejorando la información a las familias, por lo que estudian sistemas para que pueda ser solicitada por distintos canales, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas. «Lo importante es tener la mayor capacidad de capilaridad», ha dicho Escrivá, que ha recordado que la medida tendrá un coste entre 3.000 y 3.500 millones.
