La industria pide al Gobierno reforzar las políticas de apoyo al sector y su peso en el organigrama
Reclama elevar el rango de los departamentos relacionados con el tejido productivo y una mayor coordinación que dé «prioridad» a una actividad «estratégica»
La industria no ha esperado ni un día tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para poner sobre la mesa una cuestión ... que lleva tiempo reclamando: un cambio de gobernanza en las políticas que afectan al sector. Lo hace antes de que se conozca el organigrama del nuevo Ejecutivo, porque parte de los cambios que reclama dependen de modificaciones en la actual estructura, entre ellas, que la actual Secretaría General de Industria, que ahora ocupa el asturiano Francisco Blanco, tenga rango de Secretaría de Estado. De este modo, se reforzaría su institucionalidad y, entre otras cuestiones, permitiría que el titular participe en la comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios, encargada del análisis y preparación de los asuntos que se someten a deliberación en el Consejo de Ministros.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, en la que se integran patronales como la siderúrgica Unesid, la cementera Oficemen, la papelera Aspapel o la química Feique, todas ellas con relevantes asociados asturianos, insistió ayer en que una actividad «estratégica» como la suya debe ser considerada una «prioridad». De ahí que calificara de «paradójico» que, a pesar de tener ese carácter, según la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el departamento encargado de la ejecución de sus políticas no tenga rango de Secretaría de Estado. Señaló, igualmente, que eso es «solo la punta del iceberg» que demuestra la importancia que han otorgado los distintos gobiernos al tejido productivo, pero también recordó en que el sector se enfrenta ahora a retos mayúsculos. Y lo hace lastrado «por unos desproporcionados costes energéticos, una intensa y cambiante sobrerregulación plagada de solapamientos y lentos procedimientos burocráticos, la ausencia de neutralidad tecnológica, una elevada presión fiscal y una nueva realidad geopolítica que amenaza, no solo la cadena de suministro y la autonomía estratégica, sino también el acceso a mercados exteriores».
La pretensión de la Alianza es que se promueva una nueva gobernanza que permita la completa coordinación del Gobierno para adoptar medidas que impulsen de forma efectiva la competitividad y el crecimiento verde del tejido productivo español. «A cambio, dispondremos de una economía más sólida, avanzada y sostenible, preparada para hacer frente a los retos del futuro y a las tensiones geoestratégicas, y capaz de generar empleo de mayor calidad», aseguraron las empresas.
En este sentido, más allá de la petición de una Secretaría de Estado, la Alianza demanda que se constituya una Comisión Delegada del Gobierno para la Política industrial, que tenga capacidad de coordinar la actuación de los diferentes departamentos ministeriales con competencias en ámbitos que afectan a la industria, ya que estos no competen únicamente a un ministerio. De hecho, argumentaron, el futuro del sector está vinculado a las políticas energéticas y medioambientales, al desarrollo de infraestructuras logísticas y de transporte, a la disponibilidad de materias primas minerales, a los programas de innovación, desarrollo tecnológico y digitalización, o al desarrollo de cualificaciones profesionales y de la formación para el empleo. «Indudablemente, este órgano permitiría desarrollar una política industrial efectiva y verdaderamente coordinada, así como diseñar adecuadamente la autonomía estratégica que nuestro país necesita», justificaron.
Precisamente, en los últimos años, ha habido quejas por parte de las empresas por la escasa atribución de competencias y presupuesto del Ministerio de Industria frente al de Transición Energética, que precisamente presiona para acelerar la descarbonización del sector.
Agencia estatal
Asimismo, las patronales reclaman la constitución de una agencia estatal para la ejecución de la política industrial, dotada de capacidad operativa y de recursos económicos y humanos suficientes, que actúe de forma coordinada con las diferentes comunidades autónomas. Entre otras funciones, podría gestionar los incentivos a la inversión, agilizar mediante procedimientos de ventanilla única proyectos estratégicos, facilitar el desarrollo de iniciativas innovadoras que respondieran a las necesidades de las empresas, e instituir observatorios de competitividad internacional y de vigilancia normativa, capaces de detectar las brechas que existen con terceros países y proponer medidas similares para España.
Por último, la Alianza quiere que el actual Foro de Alto Nivel de la Industria Española, creado con el objetivo de que las organizaciones empresariales y sindicales asesoraran al Ministerio de Industria en materias de su competencia, evolucione y se constituya como Consejo Asesor de Política Industrial. De este modo, manteniendo la estructura de su composición, incorporaría atribuciones para intervenir más eficazmente en el diseño de la estrategia industrial y de los instrumentos de ejecución de las políticas. Asimismo, el sector pide que recupere observatorios sectoriales que elevarían sus propuestas.
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