El plan de choque bonifica con 20 céntimos el combustible y topa al 2% el alza del alquiler

Tras días de mucha expectación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado este lunes parte de las medidas económicas que el Ejecutivo aprobará hoy en el Consejo de Ministros para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania en las empresas y familias.

El objetivo del plan de choque es proteger a las familias y sectores más vulnerables y se extenderá «aproximadamente hasta el 30 de junio», es decir, los próximos tres meses. El coste total del plan, que consta de cinco ejes, será de 16.000 millones, divididos entre 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos ICO para aliviar el impacto de la crisis en la liquidez de las empresas.

La medida estrella será rebajar a partir del 1 de abril el precio del combustible en un mínimo de 20 céntimos el litro para todos los conductores, según avanzó Sánchez ante los empresarios en el foro de Europa Press en colaboración con McKinsey & Company. El Estado asumirá 15 céntimos y los 5 restantes serán a cargo de las petroleras, aunque algunas ya han anunciado rebajas superiores. La rebaja se hará directamente al repostar en la gasolinera.

Esto tendrá un coste para el Estado de 425 millones de euros al mes. Si solo se bonifica el carburante durante los tres meses previstos, supondrá unos 1.275 millones para las arcas públicas, pero si se extiende todo el año, la factura ascenderá a más de 5.100 millones, según datos obtenidos de la Agencia Tributaria, que revela que los conductores consumieron un total de 34.000 millones de litros de carburante en 2019, año previo a la pandemia. Para las petroleras, que aportarán un mínimo de 5 céntimos por litro, significará 140 millones de euros al mes, es decir, un recorte de márgenes de 425 millones en los próximos tres meses.

Otras medidas de apoyo a las familias son la decisión de no poder subir los alquileres más de un 2% los próximos tres meses pese al incremento del IPC o el aumento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital para las familias más vulnerables.

Además, se extenderá el bono eléctrico a otros 600.000 consumidores, lo que supondrá llegar a más de 2 millones de hogares. Pero también habrá prohibiciones: el Gobierno vetará d enuevo el despido objetivo del 1 de abril al 30 de junio.

La medida estrella será rebajar a partir del 1 de abril el precio del combustible en un mínimo de 20 céntimos el litro para todos los conductores, según avanzó Sánchez ante los empresarios en el foro que organizan Europa Press y McKinsey & Company. Como ocurrirá con los transportistas, el Estado asumirá 15 céntimos y los 5 restantes correrán a cargo de las petroleras, aunque algunas ya han anunciado rebajas superiores, como Repsol, Cepsa y BP. La rebaja se hará directamente al repostar en la gasolinera.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclaró ayer que técnicamente es imposible establecer una bonificación en función de la renta de cada conductor para beneficiarse de un descuento mayor o menor, dependiendo de su situación personal. Lo que hará España será un plan de ayuda similar al que ya han anunciado países como Italia o Francia -también en vigor a partir del día 1-, y en menor medida Portugal. El país vecino viene desarrollando medidas de apoyo por el alza del combustible desde el pasado mes de octubre y ha conseguido habilitar un sistema en función de determinadas variables, sin llegar a ser generalizado. Por ahora, solo Polonia ha rebajado el IVA del combustible como piden algunos partidos.

En España, ese descuento tendrá un coste para el Estado de 425 millones de euros al mes. Si solo se bonifica el carburante durante los tres meses previstos, supondrá unos 1.275 millones para las arcas públicas, pero si se extiende todo el año la factura ascendería a más de 5.100 millones, según datos obtenidos de la Agencia Tributaria, que revelan que los conductores consumieron un total de 34.000 millones de litros de carburante en 2019, año previo a la pandemia. Para las petroleras, que aportarán un mínimo de 5 céntimos por litro, significará 140 millones de euros al mes, es decir, un recorte de márgenes de 425 millones en los próximos tres meses.

Otras medidas de apoyo a las familias son la decisión de no poder subir los alquileres más de un 2% los próximos tres meses pese al incremento del IPC. El socio de Gobierno, Unidas Podemos, habría jugado un papel clave en esta decisión, apuntan fuentes gubernamentales. Además, la limitación no se circunscribirá a determinados colectivos, como los hogares más vulnerables, sino que se extenderá a todos los contratos de alquiler en vigor que tengan que enfrentarse a una renovación desde abril.

El problema al que se enfrentaban muchos inquilinos es que sus caseros podían exigirle, con el contrato en la mano, una subida de la renta mensual del 7,4%, el último dato de inflación disponible y correspondiente al mes de febrero. Un registro que será incluso mayor en marzo y que podría rozar el 10% a corto plazo.

El bono social eléctrico constituye desde hace años la medida que permite un ahorro a las familias con menos recursos para hacer frente la factura de la luz. Hasta ahora eran 1,2 millones los hogares acogidos a este descuento (en la actualidad, de hasta el 70% en la parte del consumo de energía). A partir de ahora, «se extenderá a 600.000 familias más, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares», indica el Gobierno.

Previsiblemente se tratará de ampliar los límites de renta actuales. Además, se extienden hasta junio las rebajas del IVA (del 21% al 10%) y del Impuesto Eléctrico (del 5,1% al 0,5%), junto a la suspensión del tributo de generación que pagan las empresas. Además, habrá 500 millones para compensar los peajes en un 80% y se alcanzará el máximo en la compensación del CO2.

Una de las ayudas estrella de la legislatura también contendrá cambios, a mejor. Se trata del ingreso mínimo vital (IMV), cuyo importe se incrementará un 15% durante los tres próximos meses. Este programa, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue puesto en marcha en plena pandemia y su cuantía varía en función de la situación social y económica de cada hogar.

A principios de marzo quedaban unos 102.000 trabajadores en ERTE tras la pandemia. Esta figura (denominada ahora Mecanismo RED) sigue activa aunque con menores bonificaciones de las que tenían antes. En cualquier caso, las empresas que los usen -si justifican verse afectadas por esta nueva crisis- no podrán realizar despidos de sus empleados.

Se habilita una línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Y habrá ayudas de 362 millones para agricultura y ganadería, 68 millones para la pesca, así como otras ayudas para la industria, las exportaciones y la cultura.

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