La plantilla de Alu Ibérica advierte de que «no se puede pasar página»

Los comités de empresa de Alu Ibérica acudirán mañana al Ministerio de Industria con la firme intención de pedir explicaciones a todos los implicados en las sucesivas ventas de las plantas de Avilés y La Coruña. «No se puede pasar página, primero hay que ver lo que pasó» hasta llegar a esta compleja situación, en la que Parter ha vendido la mayoría accionarial a Grupo Industrial Riesgo a espaldas del resto de las partes. En este sentido, el presidente del comité de empresa avilesino, José Manuel Gómez de la Uz, instó ayer a Alcoa a explicar por qué considera un «incumplimiento» la venta de Parter a Riesgo, ya que los trabajadores no conocen el contrato por el que Alcoa vendió, el 31 julio de 2019, ambas factorías al fondo suizo. La sorpresa fue mayúscula cuando, el pasado 15 de abril, se anunció que Riesgo había adquirido el 74% del capital Alu Ibérica (la nueva denominación de las fábricas tras pasar de manos de Alcoa a Parter).

Un contrato que se firmó con el visto bueno de Industria, el Principado y la Xunta de Galicia y que incluía el compromiso del mantenimiento de la actividad y el pleno empleo hasta el verano de 2021. La plantilla de Avilés siempre manifestó su preferencia por la otra empresa que estaba en la puja, Quantum Capital, porque, a su juicio, ofrecía mayores garantías de continuidad. Por ello, exigirá responsabilidades también al consejero de Industria, Enrique Fernández, quien manifestó en una entrevista publicada ayer en este periódico que pedirá «las explicaciones oportunas» a las empresas implicadas. «El consejero también tendrá que darlas, ya que respaldó la operación por lealtad institucional, aunque sabía que había proyectos mejores», apuntó Gómez de la Uz.

Ante este panorama, la prioridad para los trabajadores, que suman alrededor de 280 en Avilés, es contar «con un proyecto industrial que mantenga los puestos de trabajo, que sea sostenible a largo plazo». En este sentido, el presidente del comité recalcó que los sindicatos nunca habían señalado «quién tenía que ser, aunque seguro que, de todas las empresas que presentaron propuestas, las había mucho mejores que Parter». A este embrollo se suma que Riesgo no ha despejado las dudas que existen sobre su solvencia, a pesar de que, según Enrique Fernández, el Principado le ha requerido garantías que la demuestren.

Una posible salida que ven los trabajadores es que el Gobierno «intervenga en el capital de la empresa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)». A su juicio, sería la única forma de tener la máxima seguridad de que los planes comprometidos se lleven a cabo y no haya más sobresaltos que pongan en peligro su viabilidad.