El gasto en los Presupuestos, el más alto desde 2010 por pensiones, dependencia y vivienda

Las cuentas prevén una recaudación récord aunque 14.000 de los 20.000 millones de euros de subida se vinculan sobre todo al crecimiento de la economía

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZMadrid

Los Presupuestos que fueron presentados este lunes en el Congreso de los Diputados tienen un marcado carácter social. Las cuentas públicas registran un incremento del gasto que no se veía desde las de 2010, sobre todo debido al gran aumento por pensiones o dependencia. El total del gasto no financiero de los PGE es de 345.358 millones de euros, un 5,3% superior al de las cuentas de 2018 realizadas por el gabinete del exministro Montoro.

«La clara orientación social de los Presupuestos tienen la finalidad de que toda la ciudadanía pueda recibir los beneficios del crecimiento economico, sobre todo para los colectivos que han sido más perjudicados por la reciente crisis económica», expone el texto. Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo hincapié durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los Presupuestos ante la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que el 57,3% del total consolidado corresponde a gasto social hasta los 209.510 millones de euros, «el mayor crecimiento del gasto social desde 2009», asegura el proyecto de PGE.

Destaca la política de pensiones, que aumenta un 6,2% para revalorizarlas conforme al IPC hasta un total de 153.854 millones de euros presupuestados, «la mayor dotación histórica», explican desde Hacienda. Esta elevada cifra supone que 42 de cada 100 euros del Presupuesto se destina a pagar pensiones. Esta medida afectará a 9,5 millones de pensionistas, ya que todas las pensiones aumentarán un 1,6% y las mínimas y no contributivas un 3%.

Más allá de las pensiones, la dependencia será uno de los campos más beneficiados respecto a los Presupuestos anteriores. En total, se prevé una inversión de 2.232 millones de euros, el 59,3% más que el año pasado (831 millones), con el objetivo de que esta medida beneficie a 270.000 personas, según las cuentas. Y es que actualmente más de 250.000 personas con derecho a prestación no la perciben.

Así, las transferencias destinadas a ayudas directas a las familias aumentarán en 321 millones de euros, y la partida destinada a que el Estado vuelva a financiar las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, 315 millones. Además, los PGE también suprimen el copago farmacéutico para los pensionistas que cobren anualmente menos de 11.200 euros, lo que beneficiará a 6,8 millones de personas.

Otra de las partidas que destacan por un aumento del 41% respecto a 2018 dentro del gasto presupuestario es la de vivienda. El Gobierno destacó durante su presentación de PGE que los problemas derivados del alto precio de los alquileres afecta sobre todo a los más jóvenes, por lo que había que poner el foco sobre ello. Así, las cuentas públicas dotan con un total de 679 millones de euros este área a través de distintas actuaciones. Destacan los 137 millones presupuestados para impulsar un plan durante los próximos cuatro años de 20.000 viviendas para alquiler social destinadas a personas con ingresos limitados donde el mercado esté «especialmente tensionado».

Sin embargo, llama la atención que el gasto productivo prácticamente no aumenta en los Presupuestos de 2019 a pesar de la recaudación de 2.386 millones con la subida impositiva al diésel. Las políticas de Industria y Energía contarán este año con unos recursos de 5.803 millones de euros, solo un 0,5% más que el año pasado. De esa cantidad, un 75% del total serán para normativa y desarrollo energético, casi un 2% más que el año pasado. La mayor parte de las dotaciones para energía se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.

Recaudación de 20.000 millones

El Gobierno prevé recaudar 227.356 millones de euros a través de impuestos directos e indirectos, lo que supondría un 9,5% más que el año anterior, cuando a pesar de haber presupuestado 210.000 millones finalmente se obtuvieron poco más de 207.600 millones. Este aumento de la recaudación viene sobre todo dada por el incremento previsto en el Impuesto de Sociedades, en el que se ha establecido una aportación mínima del 15% para grandes empresas.

Y ello a pesar de que esta medida impactará solo en 10.092 compañías, un 0,7% de las empresas que tributan por Sociedades, según explicó este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los impuestos indirectos, como el IVA, aumentarán más del doble que los directos, casi un 14% respecto al año pasado hasta los 107.109 millones de euros. Esto se debe a la gran confianza que tiene el Gobierno en la buena marcha de la economía. Así, 14.000 de esos casi 20.000 millones de incremento de la recaudación este año se vinculan con ello.

«El capítulo de ingresos contempla una serie de medidas encaminadas a conseguir un sistema fiscal propio del siglo XXI, más justo y redistributivo», explicaron desde Hacienda. La ministra Montero cifró en 5.654 millones de euros el incremento de la recaudación por las nuevas medidas, como el tipo mínimo de Sociedades del 15%, la 'tasa Google', la subida del IRPF para las rentas altas o el aumento del 1% del Impuesto de Patrimonio.

De hecho, la consolidación de ese tributo a altas fortunas es una de las mayores novedades tributarias que incluyen las cuentas públicas. El Impuesto de Patrimonio pasará de ser temporal a fijo con el objetivo de que no desaparezca. Hasta ahora este tributo se prorrogaba año tras año, pero Montero ha decidido blindarlo con su apuesta por la «redistribución equitativa de la riqueza». Su gabinete propone a las comunidades -que son las que tienen transferido este impuesto- que lo puedan subir un 1% este año a ñas fortunas de más de 10 millones de euros. Con ello, el Gobierno prevé ingresar 339 millones con una medida que afectará solo a 2.550 contribuyentes.

Otra de las novedades es que a partir de ahora será la Agencia Tributaria quien vigile que las Sociedades de inversión de capital variable (Sicav) cumplen los requisitos para serlo, en lugar de la CNMV como hasta este momento. Y es que aunque la ley obliga a que estas sociedades tengan un mínimo de 100 accionistas, en la práctica no se lleva a cabo porque algunas grandes fortunas aportan nombres ficticios -denominados coloquialmente 'mariachis'-.

El sector no se ha tomado bien esta medida y la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) señaló en un comunicado que esto no hace sino alejar más aún a las Sicav del régimen europeo, perjudicial para la «financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos».

Para estrechar aún más el cerco sobre las altas fortunas, los Presupuestos incluyen un gravamen del 15% para los beneficios no distribuidos de las Socimis, las sociedades creadas en 2009 para estimular el mercado de la vivienda con claras ventajas fiscales. Esta medida tendrá un impacto en los ingresos, según el plan del Gobierno, de 10,5 millones de euros y afectará a 224 sociedades de este tipo.

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