El Principado pide una moratoria en la aplicación de la ley de cambio climático

El Gobierno del Principado de Asturias anunció en la mañana de ayer la presentación de alegaciones al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy cuestionado a lo largo de los últimos días por los agentes políticos y empresariales de la región. El Ejecutivo, en este sentido, ha realizado varias observaciones técnicas que recogen las distintas peculiaridades y necesidades de la región. Su intención, en otras palabras, es que se aporte una visión más «equilibrada y justa» cogiendo como base el arraigo industrial del Principado. Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola, el documento inicial redactado por el Gobierno central cuenta con varias medidas de calado que harían necesario «incorporar una etapa de transición y adaptación antes de su entrada en vigor». En este sentido, el borrador señala que la norma comenzaría a estar vigente el día siguiente a su publicación en el BOE.

Las alegaciones del Principado, asimismo, también inciden en la necesidad de dar un papel «más protagonista» a las comunidades autónomas, así como a rebajar algunos de los «ambiciosos objetivos» que establece la norma y que están, incluso, «por encima de los objetivos de la Unión Europea», según indicó Pola. En este sentido, el consejero advierte de que poner metas tan exigentes «puede tener consecuencias indeseables», especialmente para el sector industrial.

Otro de los asuntos sobre los que se han presentado alegaciones es el de las reducciones en porcentajes de emisión de CO2, que podrían incidir «de forma significativa» en el sector industrial y en particular en el que está inmerso en el comercio de derechos de emisión, como es el caso de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal.

El Ejecutivo asturiano, además, no comparte tampoco la prohibición expresa de que las empresas dedicadas a la producción de combustibles fósiles, como es el caso de Hunosa, no puedan contar con participación pública. «Hemos mostrado nuestra discrepancia y también hemos planteado alegaciones en lo relativo a las prohibiciones de extracción y explotación de hidrocarburos, ya que generan incompatibilidades en la Ley de Hidrocarburos», defendió. Las medidas relativas a las energías renovables y la eficiencia energética, añadió, también tendrán un impacto importante para el transporte o la edificación.

Ese proceso, en definitiva, debe ser equilibrado en los «aspectos ambientales, técnicos, económicos y sociales» y debe llevares a cabo de forma «justa» y adaptada a la realidad de cada comunidad, incluida Asturias, que presenta singularidades tanto en el ámbito energético como en el de su desarrollo industrial.

El anteproyecto de la futura ley establece que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050, y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 90%con respecto a los niveles de 1990.

Así, la ley se fija dos referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: los años 2030 y 2050.

De esta forma, en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero deberían reducirse un 20 por ciento respecto a 1990 y el sistema eléctrico tendría que contar con un 70 por ciento de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética. Para 2050 las emisiones de gases invernadero se deberían reducir un 90 por ciento respecto a los niveles de 1990 y el sistema eléctrico se debería basar exclusivamente en fuentes renovables.

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