La SEPI apura los plazos para responder a las solicitudes de Imasa e Isastur

«Transcurrido ese plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada», asegura la normativa del fondo. Sin embargo, fuentes de la SEPI reconocen que ese periodo es bastante más flexible, que puede sufrir parones en la cuenta atrás y que no se contempla que sean días naturales.

De eso sabe mucho Duro Felguera. La suya fue de las primeras operaciones en aprobarse, hace ya más de un año, y su plazo se extendió diez días. Pese a finalizar teóricamente el 28 de febrero, se entendió que el proceso estuvo en suspenso del 8 al 18 y se flexibilizaron esos seis meses estipulados. El 3 de marzo llegó la 'fumata blanca' por parte del consejo gestor y el día 8 fue ratificado por el Consejo de Ministros. El dinero tardó mucho más en llegar. Hasta mayo no se inyectaron los primeros 40 millones y en diciembre los 80 restantes, lo que retrasó también las posibilidades de intentar volver a la normalidad por parte de la empresa.

La situación de Imasa e Isastur es muy distinta. No se encuentran en la situación agónica en la que estaba Duro Felguera, que acumulaba prácticamente un lustro de problemas. De hecho, la petición de ambas se queda en el mínimo que permite este mecanismo, 25 millones de euros, con el objetivo de reforzar su situación patrimonial y financiera para abordar el esperado 'boom' de proyectos que tendrá el sector con los fondos europeos. Fuentes de la SEPI insisten en que sus expedientes están en fase de análisis y también en que este fondo, que consiste en la concesión de un apoyo financiero temporal procedente de dinero público, exige análisis exhaustivos y rigurosos que obligan a dilatar los plazos. En muchas ocasiones, se requiere, además, información adicional que suspende ese proceso administrativo y prorroga en la práctica el plazo de seis meses.

Fuentes empresariales, sin embargo, lamentan esa falta de agilidad con la que se pierde en parte el efecto de tabla de salvación con el que nació el fondo, ya que cuando llega la inyección económica la situación se puede haber complicado aún más. De hecho, solo se han aprobado 2.040 millones de los 10.000 dotados, poco más de una quinta parte.

Este mecanismo se aprobó en plena pandemia, en julio de 2020, para prestar una ayuda pública temporal para reforzar la solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la covid, que fueran consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. Según la programación inicial, este paquete de medidas ya debería de haber expirado. En principio, se establecía que el plazo de concesión de dinero finalizaba el 31 de diciembre de 2021, dentro del marco de flexibilidad que había autorizado la Comisión Europea para este tipo de ayudas. Posteriormente, Bruselas prorrogó seis meses ese marco temporal de ayuda, que, a priori, vencerá ahora el 30 de junio.

Esto da más tiempo a la SEPI, pero también es probable que haya relajado la ejecución de los procesos. De hecho, en el caso de Duro el retraso de tres días sobre el plazo previsto llegó a ser comunicado y ahora se da por bueno que esos seis meses se superan de forma generalizada.

Mientras, la rigurosidad en el análisis de los expedientes ha aumentado después de que se llegaran a cuestionar algunas de las ayudas, sobre todo la de la aerolínea Plus Ultra, que acabó en el juzgado, e, incluso, la de la propia Duro Felguera, a la que se acusó de no cumplir los requisitos ya que arrastraba una situación complicada antes de la covid. Así, dos años después de decretarse el estado de alarma, buena parte de las empresas que han solicitado ese apoyo aún no han recibido respuesta. Todo ello implica que, para algunas empresas, esa inyección pueda llegar tarde o cuando ya no lo necesiten, al haber buscado financiación por otras vías.