Alcoa y la plantilla amplían el plazo hasta el 31 de julio para la venta a Parter o los despidos

Más tiempo. Eso es lo que acordaron en la madrugada del jueves al viernes los trabajadores y Alcoa con la firma de un acta que pone fin a las prolongadas reuniones que han mantenido a lo largo de los últimos nueve meses. La nueva fecha roja será el 31 de julio. Ahí se decidirá el futuro de las plantas de Avilés y La Coruña: o se ejecuta la venta a Parter o el plan social. Hasta entonces se mantendrán el empleo y la actividad de la fundición en ambas plantas, como se viene haciendo desde que se apagaron las series de electrolisis -las instalaciones que le dan a las factorías su carácter electrointensivo y donde se produce el aluminio primario- en febrero como parte del acuerdo del ERE firmado por la plantilla y Alcoa en enero.

La necesidad de esta nueva prórroga, la quinta desde que la aluminera hizo oficial el cierre de sus factorías de Avilés y La Coruña, surgió la semana pasada (el viernes 28 de junio) cuando la multinacional estadounidense anunció una suspensión a contrarreloj de la venta a Parter tras comprobar que este no cumplía con las garantías financieras exigidas. Tras este giro inesperado y ante la cercanía del 30 de junio -la anterior fecha límite para ejecutar la venta o los despidos-, la multinacional decidió dar un nuevo margen hasta el 8 de julio, que finalmente volvió a ampliarse con el acuerdo de esta semana hasta el día 31.

Alcoa, que ya ha suscrito un contrato con Parter, pone como condición para ejecutar la transacción que el grupo suizo proporcione 15 millones de dólares (13,3 millones de euros) a cada planta por medio de un contrato de crédito o de préstamo suscrito con un banco que cuente con una calificación 'investment grade', es decir, con bajo riesgo de quiebra. Y deberá hacerlo antes del 30 de julio, para que el día 31 se haga efectiva la venta.

De lo contrario, la aluminera ejecutará el plan social pactado con los trabajadores en enero que contempla la continuidad directa de 205 empleados -114 en La Coruña y 91 en Avilés- y la posibilidad de asumir hasta 106 más por medio de recolocaciones en la factoría de San Ciprián (Lugo), la única que no está afectada por un ERE de extinción. No obstante, esta cifra se ha reducido considerablemente y los representantes de los trabajadores estiman que finalmente solo se podrían llevar a cabo 37 traslados .

Asimismo, en el acta de finalización de este proceso, a la que ha tenido acceso este diario, Alcoa se compromete a desembolsar hasta 85 millones de euros (unos 95 millones de dólares) para las dos plantas que se pagarían en plazos durante un periodo de 21 meses. Estos fondos se ponen a disposición del comprador con una serie de condiciones: «El mantenimiento de la plantilla en las condiciones laborales actuales por un periodo mínimo de 24 meses, la implementación de un plan de negocio para las factorías que incluye inversiones y una serie de medidas de protección para procurar que la cantidad aportada por Alcoa sea utilizada en las plantas evitando su uso para otro fin». Además de esta cantidad, la aluminera desembolsará otros 9 millones de euros por planta (10 millones de dólares) destinados a inversiones. La multinacional estadounidense explica en el acta que ninguno de los inversores interesados en las factorías aceptaban la cantidad de 20 millones de euros que Alcoa se había comprometido a destinar a cada planta en el acuerdo del ERE firmado en enero con los trabajadores. «Todas las ofertas contemplaban aportaciones notablemente superiores», afirma la aluminera que destaca su predisposición a negociar una cuantía superior a la que estaba pactada inicialmente. No obstante, estima que desembolsará hasta 115 millones de euros (unos 130 millones de dólares) en el proceso, independientemente de si se produce la adquisición por Parter o el despido colectivo.

Alcoa cedió. Los trabajadores no tendrán que ratificar el acuerdo de venta a Parter. Era la condición que exigía la aluminera para sellar la operación con el grupo de inversión suizo y se convirtió en un auténtico obstáculo que bloqueó la transacción durante varios días. La plantilla se negaba en rotundo a dar su visto bueno a un acuerdo de venta cuyos pormenores desconocen y en el que no han tenido participación alguna. Tanto la postura de la empresa como la de los trabajadores parecía inamovible, hasta que en la maratoniana reunión de la madrugada del jueves al viernes, Alcoa dio su brazo a torcer.

«Estaban cerrados en banda. Nos decían que no querían pagar dos veces los despidos, que no querían responsabilidades si algo salía mal con Parter. Pero les quedó claro que nosotros no íbamos a ceder», explicó José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de Avilés. Aseguró estar «satisfecho» con el resultado del trabajo llevado a cabo por los representantes de la plantilla. «Ha sido un esfuerzo de una envergadura bestial. Hemos movido el problema de la planta de Avilés por toda España», remarcó.

No obstante, algunos trabajadores de la factoría avilesina no están tan satisfechos con la situación, pues el plan de Parter les genera demasiada incertidumbre y prefieren que se ejecuten los despidos. «Al final cada uno tiene su opinión, hay quien lo entiende y quien no. Lo que está claro es que no queríamos avalar la venta y no lo hicimos. Ahora la decisión final la tomará únicamente Alcoa», indicó Alberto Grijalbo (USO), secretario del comité avilesino.

En el caso de que se ejecute finalmente la venta, el futuro de las plantas vuelve a estar «en el aire», advierte el comité. «Nos tocará volver a pelear por conseguir un precio de la energía competitivo», apuntó Daniel Cuartas (UGT), vicepresidente del comité avilesino.