El cierre de Alcoa aviva el temor a una nueva reconversión

Una reconversión, en teoría, es el proceso técnico de modernización de industrias, al menos así lo define la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, la realidad es bien distinta, por lo menos para Asturias, que sabe bien que cada una de las que ha sufrido se ha llevado por delante empresas y empleos. Así pasó con la siderurgia, con la minería, con el naval o la agricultura, y podría volver a ocurrir si se cumplen los más negros augurios del Gobierno regional y los agentes sociales, que llevan años advirtiendo, aunque con más intensidad en los últimos meses, de la posibilidad de deslocalizaciones. El anuncio de Alcoa de que pretende cerrar sus plantas de Avilés y La Coruña vuelve a avivar los peores temores en pleno proceso de debate sobre cómo debe abordarse la descarbonización, con el coste de la energía y del CO2 disparados, a pesar de cierto abaratamiento en los últimos días, y el anuncio de una desaceleración de la economía.

El viernes pasado, el presidente del Principado, Javier Fernández, y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que sin un sistema eléctrico estable que ofrezca precios competitivos y que permita a las compañías ser rentables y planificar sus inversiones pueden llegar nuevos cierres. Según cálculos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), la electricidad se ha encarecido en lo que va de 2018 un 10% con respecto a igual periodo de 2017, pero el fin de año no pronostica nada bueno. Según el mercado de futuros, el precio medio anual en todo el ejercicio se situará en 58,2 euros/MWh, un 12% más que un año antes y un 28% más caro que, por ejemplo, lo que pagan las compañías alemanas.

Este incremento supone un duro golpe para los balances de la industria asturiana, que consume el 68,8% de la electricidad en Asturias -en España es un 23,1% -. Para compañías como Alcoa la factura de la luz representa el 40% de sus costes, por lo que el encarecimiento «conlleva de inmediato una pérdida real de competitividad industrial», alerta Aege.

La multinacional americana justifica la decisión sobre los cierres en «problemas intrínsecos» de las plantas y hace referencia a su tecnología obsoleta y problemas de productividad, pero ni los gobiernos de Asturias y Galicia ni los agentes sociales dudan de que la principal dificultad es el coste de la electricidad, aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se haya mostrado convencida de que esa no es la causa real del anuncio de Alcoa.

El problema del precio de la energía quizás no sea el único. Alcoa hace referencia también al encarecimiento de las materias primas -la alúmina que ella misma produce en Lugo y con la que logra pingües beneficios- o la sobrecapacidad de China, pero la factura mensual que paga por la luz, incluso con el apoyo que supone la subasta de interrumpibilidad -500 millones en los últimos cuatro años-, es determinante.

Este mecanismo, por el que se paga a las empresas por desconectarse de la red si es necesario, no contenta a nadie, ni a las empresas, que critican que no les permite contar con esa estabilidad que requieren - dependen del incierto resultado de una puja que se celebra cada año o seis meses-, ni al sector público. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha encargado de criticar el sistema en varias ocasiones por el alto coste que supone. Precisamente, ante estas advertencias y también debido a la vigilancia de Bruselas, que mira con lupa que no suponga, al menos formalmente, una ayuda de Estado, la subasta se ha ido modificando para aumentar la competencia. Se ha ido reduciendo la potencia asignada, se ha abierto el proceso a más empresas y el precio medio de la retribución ha ido cayendo. En la última puja, celebrada en mayo y solo para los últimos seis meses del año, el pago a las empresas se redujo un 40% con respecto a la de 2017.

En Asturias se benefician de esta subasta Asturiana de Zinc, ArcelorMittal y la propia Alcoa, aunque son muchas otras las grandes compañías que entienden que el precio de la electricidad supone un lastre para su negocio. La presidenta de DuPont Ibérica, Ángela Santianes, reconoció en una entrevista a este periódico que «la tarifa eléctrica es un reto que dificulta la competitividad de las empresas en España» y, en una reunión con el presidente del Principado en marzo, el CEO del clúster Asturias de ArcelorMittal, Oswaldo Suárez; el presidente de Química del Nalón, Rufino Orejas; el director de Fertiberia en Asturias, Jesús Alberto González, y el director general de Masaveu Industria, Julio Peláez, también advirtieron de la necesidad de contar con unos costes energéticos competitivos para poder tener éxito en un mercado global, y garantizar el mantenimiento de las plantas y los empleos.

Entonces, el coste eléctrico aún no se había disparado como ahora, debido a un periodo en el que las fuentes renovables aportaron poca electricidad al sistema, y los costes de la emisión de CO2 se desbocaron. Estos últimos afectan a la gran industria doblemente: en la factura eléctrica y también a través del propio mercado de derechos, que obliga a muchas compañías a acudir a él para mantener sus procesos productivos. Tampoco en aquel momento se había enardecido el debate sobre una descarbonización exprés que suponga el cierre en el corto plazo de las térmicas de carbón, que en Asturias suponen el 75% de la producción eléctrica y que cuentan con una plantilla de casi 600 trabajadores, una cifra que se eleva mucho más si se tienen en cuenta los empleados de auxiliares y los puestos indirectos.

Ante este panorama, la decisión de cerrar de Alcoa marca un punto de inflexión que significa pasar de las amenazas a los hechos consumados, sobre todo porque no ha dado pie a una negociación, y la manifestación que se celebró ayer en La Coruña en rechazo a la medida adoptada por la multinacional va más allá de la mera defensa de las plantas. El tablero de juego es mucho mayor. Incluso la hipotética compra de las factorías por parte de algún grupo dependerá de la factura eléctrica que tenga que pagar.