El 18% de los empleados públicos trabajan en casa por la crisis del COVID-19

Un total de 6.900 empleados públicos del Principado de Asturias ya teletrabajan con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19. O lo que es lo mismo, un 18,69% de los 36.907 empleados de la Administración regional, incluidos el personal de las consejerías y de los entes públicos, están realizando sus funciones desde sus domicilios desde el inicio de las restricciones por el estado de alarma .

El lunes, el Ejecutivo regional anunció los servicios esenciales de la Administración tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno central. Desde ese momento, el resto de empleados públicos pudieron acogerse al teletrabajo y no tener que acudir de manera presencial a su trabajo. Mientras que el martes, según fuentes del gobierno, se habían acogido 3.100 personas a esta posibilidad, la cifra ascendió ayer a los 6.900 usuarios habilitados para realizar su trabajo a distancia. Es casi la quinta parte de los 36.907 empleados, según los datos facilitados por UGT, de la Administración regional y organismos dependientes.

Tras decretarse el estado de alarma, el Gobierno asturiano recomendó a sus empleados públicos que no acudieran a sus puestos si sufrían una situación sanitaria de riesgo, como patologías crónicas graves, problemas respiratorios, personas inmunodeprimidas o embarazadas, o si tenían personas a su cargo, como hijos menores, personas dependientes o mayores.

Respecto a los servicios esenciales en las consejerías, el ejecutivo busca garantizar el funcionamiento de aquellos que son considerados imprescindibles, al tiempo que evita la afluencia de trabajadores a su puesto para prevenir posibles contagios.

Estos servicios esenciales implican que, por ejemplo, en la Consejería de Salud, -a la que pertenecen 331 empleados, más los 15.088 adscritos al Servicio de Salud del Principado de Asturias- tenga como mínimo, entre otros, la plantilla completa -salvo excepciones que pueda ordenar el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño- los Servicios de Vigilancia Epidemiológica y de Salud Poblacional.

Asimismo, en la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo es considerado servicio esencial la plantilla completa -salvo excepciones- del servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental. Estos mínimos se completan con los de otras áreas de la consejería.

Por otra parte, en los servicios mínimos de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar se establece que los Centros Residenciales para Personas Mayores dependientes del ERA -con una plantilla de 1.689 empleados- se mantienen vigentes las actuales carteleras, aunque se indica que pueden establecerse aumentos de dotación extraordinaria en atención a la evolución epidemiológica de la pandemia en las residencias. En ese caso, le corresponderá a la gerencia del ERA concretar el número de efectivos.

Según indicó Fernando Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, los decretos publicados por el Principado establece qué empleados «tienen que estar presencialmente», mientras que «al resto se les habilitará para poder tener el teletrabajo». Sánchez indicó que los que trabajan en cuestiones de atención personalizada no pueden acogerse al trabajo a distancia, mientras que los que realizan tareas «más administrativas» sí pueden pedirlo. Asimismo, explicó que el teletrabajo se está realizando a través de VPN (escritorios virtuales) mediante los cuales los empleados pueden acceder en remoto a los ordenadores de sus trabajos.

El secretario general del CSIF de Asturias, Sergio Peña, indicó que algunos servicios mínimos, como los del ERA «son excesivos». «Si en una huelga hay poquísimos funcionarios no entendemos que hoy en día hayan mandado una barbaridad en algunos servicios a trabajar», criticó.