Fade estima que reducir la jornada laboral costará 500 millones más al año a las empresas asturianas

El informe elaborado por los empresarios del Principado habla de ese «indudable» coste laboral que implica reducir el límite horario sin hacer lo propio con la parte económica. Y pone los números sobre la mesa. En Asturias, señala, la jornada laboral media pactada por los convenios colectivos (empresa y sectoriales) es de 1.760 horas. Por ello, teniendo en cuenta el coste salarial/hora y el número de asalariados que no son funcionarios públicos y que potencialmente estarían afectados, esa reducción anual a 37,5 horas semanales implicaría una cifra adicional de 500 millones anuales «para tener las mismas horas de trabajo».

El secretario general de Fade, Alberto González, ponía también el acento, tras conocer el pacto -que tachó de «injerencia»-, en las 24 normas promulgadas en los últimos meses «que alteran sustancialmente la organización de las relaciones laborales» en el país. Y pedía una explicación sobre el «cómo» se debería aplicar la medida en el ámbito empresarial sin un acompañamiento proporcional de la retribución. «Quizá estamos apretando tanto a la empresa, que llegará un punto en el que no podrá aguantar, añadió.

Los cálculos se realizaron, según explicaron los empresarios, sobre datos medios. De esta manera, «no se asumiría de forma homogénea y sería especialmente intenso en aquellas actividades en las que se pacten las 40 horas semanales o se rijan por el Estatuto de los Trabajadores directamente». Es decir, apuntaron, la medida afectaría «a la inmensa mayoría de convenios colectivos, incluyendo a casi todos los sectoriales». Solo salvan uno actualmente: el de compraventa y/o reparación del automóvil. «En el caso de una vuelta de tuerca adicional a la reducción de la jornada para alcanzar 35 horas semanales, el coste se multiplicaría, con una afección adicional del coste del empleo público», advirtió la patronal regional.

Desde Asturias también se pronunció ayer la vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA, Adriana Lastra, para la que el acuerdo entre el PSOE y Sumar «garantiza una prosperidad económica, justicia social y una mejora de la vida de la gente».

Los que tampoco tardaron en reaccionar, en plena crisis de alza de costes y con el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de sus clientes, fueron los directivos del sector del gran consumo, que aseguraron que «si seguimos reduciendo horas, vamos a destrozar la competitividad de la economía española». Así lo indicó ayer Francisco Javier Campo, presidente de AECOC. La patronal del sector -que agrupa a más de 33.000 empresas como Mercadona, Alcampo, El Corte Inglés o Carrefour- se mostró muy crítica con la medida y explicó que «con 1,1 millones de empleados más, estamos trabajando las mismas horas que hace cuatro años». Durante su discurso inaugural en el 38 Congreso AECOC Gran Consumo en Zaragoza, Campo insistió en que la medida afectará a la ya mermada productividad de la economía nacional, que actualmente se sitúa un 24% por debajo de la zona euro y es tres puntos inferior a la de 2019, antes de la pandemia. «Solo van a conseguir profundizar el problema».

La cautela es máxima ante las dudas que rodean al pacto. «No tengo nada que discutir sobre el concepto y el objetivo; el problema es que tendrá un coste y hay que ver cómo se implementa y tener en cuenta a los agentes sociales», añadió Javier Roza, director general de Mantequerías Arias. Según advirtió, la medida provocará un aumento de los costes laborales -que el directivo calculó en hasta un 10%, al tener que emplear más gente para producir lo mismo- que algunas empresas no podrán soportar. «Puede llevar aparejada la reducción de resultados, la inversión y el empleo; o compensarlo subiendo el precio final y, si la gente trabaja menos pero le van a costar más las cosas...», reflexionó.

«Si queremos incrementar el PIB per cápita, la calidad de vida de nuestros clientes, tenemos que mejorar la tasa de actividad y la formación bruta de capital, y eso va a requerir de consenso político», añaden los empresarios, que advierten del riesgo que supone la «constante confrontación y la división de la que no puede salir nada bueno».