El futuro de las series de electrólisis «va por otra vía»

Teresa Ribera modifica la ley de Cambio Climático y Transición Energética y da más participación a los agentes sociales y a las empresas interesadas

L. CASTROGIJÓN.

Parter lo advirtió desde el principio: el futuro que dibuje para las plantas de Avilés y La Coruña dependerá de los costes energéticos. No arrancará las series de electrólisis hasta que la tarifa eléctrica no sea asumible y eso pasa por sacar adelante y de manera urgente el estatuto para las electrointensivas. Algo, que según indicó ayer Raül Blanco, secretario general de Industria, «va por otra vía». No obstante, afirmó que el Ejecutivo en funciones continúa trabajando en ello para que, en cuanto se forme el nuevo Gobierno, se pueda aprobar.

También continúan ahondando en el contenido de la ley de Cambio Climático y Transición Energética. El último borrador, al que tuvo acceso Europa Press, refuerza la capacidad de participación pública con diferentes mecanismos, entre los que está la creación de una página web específica, destinados a garantizar la participación de agentes sociales, empresas y público en general interesado.

Entre los cambios que el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha incluido en el anteproyecto de ley está también un nuevo plazo para que las gasolineras pequeñas instalen puntos de recarga eléctrica de vehículos. En un principio contaban con 21 meses y ahora el Ejecutivo ha decidido ampliarlo otros seis más, aunque la potencia a instalar ya no será de 22 kilovatios sino de 50. Estos puntos serán obligatorios desde el primer día para las nuevas estaciones de servicio y en los nuevos edificios entre otras instalaciones.

Asimismo, otra de las novedades más importantes es la relacionada con la parte presupuestaria. Elimina el porcentaje mínimo de que «al menos el 20%» de los Presupuestos Generales del Estado esté destinado a luchar contra el cambio climático y lo sustituye por un porcentaje aún pendiente de determinarse, que deberá ser revisado al alza en 2025. Para calcularlo, el anteproyecto de ley expone que deberá ser equivalente al acordado en el marco financiero plurianual de la Unión Europea.

Por otra parte y más allá de que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones evalúen el riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático, también estarán obligados a hacerlo el operador del sistema eléctrico, el gestor técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos, que deberán también evaluar riesgos y oportunidades asociados de un sistema energético libre de emisiones.

En lo que no ha variado el borrador de la ley de Cambio Climático y Transición Energética es en el objetivo de lograr un parque móvil sin emisiones de CO2 para el año 2050. De ahí que el ministerio de Teresa Ribera «invite» a establecer zonas libres de emisiones a los municipios de más de 50.000 habitantes, pero también a los territorios insulares.