La plantilla de Arcelor respalda el pacto laboral por amplia mayoría y allana el fin de la conflictividad

La aprobación del acuerdo marco permitiría también sofocar el conato de conflicto que llevó a convocar varias jornadas de paro desde el mes de abril, que lograron detener instalaciones, pero sin que llegara a escalar la tensión como en ocasiones anteriores. UGT ya ha trasladado su intención de desconvocar el resto de movilizaciones previstas.

La última propuesta de la compañía pasa por garantizar el IPC real cada año durante su vigencia, de 2022 a 2025, e incluye un 0,75% de retribución variable no consolidable, cuyos objetivos aún habría que definir en el convenio colectivo. Además, habría ingresos según se realice la firma, entre ellos se abonaría la subida correspondiente al IPC de 2022 (5,7%), que podría suponer una paga media de más de 2.250 euros de media que ya se incorporaría a tablas. También se contempla un adelanto del 2% de incremento provisional para este 2023, que rondaría los 1.000 euros adicionales. En 2024 y 2025 está previsto un pago adelantado del 1% al inicio del año. Al final de cada ejercicio se actualizarán las tablas. La oferta de Arcelor también incluye que el personal fuera de convenio se pueda incorporar a este, que la antigüedad pase de quinquenios a trienios o que el trabajador solo tenga que alargar su permanencia en el puesto dos horas ante la ausencia imprevista del relevo, cuando hasta ahora eran cuatro.

Quedarían fuera, sin embargo, dos asuntos relevantes, como el mecanismo para que el personal nacido en 1962 pueda adelantar su salida de la compañía -la dirección rechaza el contrato relevo-, que se negociará a partir del mes que viene, o el compromiso de inversiones. De hecho, el plan verde de la multinacional aún no cuenta con el respaldo del comité de inversiones, el órgano al más alto nivel que tiene que dar luz verde a ese gasto.

Está previsto que el proyecto de la acería eléctrica pase antes ese examen y que el de la planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI), mucho más costoso, aún se demore. El primero fue cuantificado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 130 millones de euros, hace casi dos años, cuando lo presentó junto a Lakshmi y Aditya Mittal en Gijón. El segundo rondará los mil millones y es probable que no llegue al comité de inversiones hasta que no cuente de forma definitiva con la ayuda de 450 millones de euros que ya le ha concedido el Gobierno, es decir, que primero la compañía en España solicite esa subvención formalmente y que, con toda esa información, se busque la aprobación final de la dirección del grupo al más alto nivel. No obstante, el proyecto tendría que estar maduro para solicitar oficialmente los fondos -tiene hasta inicios de julio para hacerlo-, dado que su rechazo posterior implicaría penalizaciones.

En relación a esta ayuda, el ministro de Industria, Héctor Gómez, aseguró ayer en la comisión celebrada en el Congreso de los Diputados sobre sus competencias que el proyecto «garantiza un proceso de modernización sin precedentes» de la actividad siderúrgica y defendió el respaldo con el que ya cuenta esa ayuda. Lo hizo en respuesta a preguntas del parlamentario de Foro Isidro Martínez Oblanca, que le pidió que despeje las dudas sobre el proyecto, más aún tras el incendio del horno alto, y que luche en Europa y en el Consejo de Ministros para que la industria no quede relegada, sobre todo, frente a los planes de descarbonización.