Los sindicatos apuntan a los empresarios asturianos para que la prevención «no sea un mero trámite»

«Desde el 8 de julio al 8 de octubre se han producido siete accidentes mortales y hay varios accidentes graves y constatamos que en la mayoría de los casos es por el incumplimiento de las normas básicas de seguridad y prevención» censuró Gerardo Luis Argüelles, responsable del área de Acción Sindical de CC OO de Asturias, que exigió a Fade que establezca un plan de choque para reforzar la prevención y el control en las empresas, con «planificación, organización y seguimiento de todo lo relacionado con la salud laboral». Y pidió que «igual que se invierte en nuevas tecnologías, hay que invertir en prevención de riesgos laborales».

Por su parte, el secretario de Organización de UGT en la región, Abel Suárez, instó a que las compañías no achaquen esta sucesión de siniestros a «una mala racha, sino a que tenemos algo que no funciona dentro de los aparatos preventivos». En este sentido, pidió rebajar la ratio de empleados por cada técnico de prevención, más acciones internas y que las medidas «no se queden en un mero trámite administrativo». Asimismo, abogó por un mayor compromiso.

Entre las medidas que proponen los sindicatos y que este miércoles recordaron, están: aumentar la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; instar al Gobierno central a crear juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y que haya una Fiscalía específica con medios; formar y dar carácter sancionador a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para actuar en casos flagrantes en materia de prevención; la revisión y modificación de los ratios de los Servicios de Prevención Ajenos; dar formación obligatoria en los centros educativos; instar al Gobierno central a firmar un Pacto contra la Siniestralidad Laboral; cubrir todas las vacantes del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL); personarse como acusación particular en aquellos casos en los que las primeras investigaciones denoten la existencia de negligencias por parte de los servicios de prevención o las empresas; establecer ayudas para las familias de las víctimas; restringir la facultad de contratación pública con aquellas empresas que hayan cometido delitos o infracciones; crear campañas informativas; poner en marcha auditorías; establecer un plan de choque en las empresas y también que todas cuenten con un responsable de prevención