El Gobierno plantea subir a 300 euros el bono joven del alquiler para viviendas de menos de 1.000 euros

En el documento que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, presentó ayer a los agentes sociales, se aboga por sustituir el actual bono joven del alquiler –dotado con 250 euros mensuales– por una nueva ayuda superior, de 300 euros, con un límite de hasta el 60% de la renta. La ayuda estará limitada a quienes alquilen pisos por un máximo de 1.000 euros al mes, un nivel que el Ministerio ha elevado desde los 600 euros que establece el bono joven, una cuantía que nació ya completamente desfasada por la imparable escalada de precios, por lo que los numerosos posibles beneficiarios se quedaron fuera.

En el caso de las habitaciones en piso compartido, el Plan Estatal plantea una ayuda máxima de 200 euros, siempre que la estancia no supere un precio de 600 euros. Esta cifra también se acerca más a la realidad del mercado, en un momento en el que arrendar una habitación ronda de media los 510 euros, el doble que hace una década, según estadísticas del portal inmobiliario Fotocasa.

En todo caso, hay límites para los beneficiarios. Para empezar, solo los menores de 35 años pueden solicitarla durante dos años, prorrogables si se siguen cumpliendo otras condiciones. Entre ellas, no se concederá la ayuda si el solicitante es ya propietario de alguna vivienda en España, salvo aquellos que justifiquen que no pueden habitarla por causas como un divorcio o que resulte inaccesible por razón de discapacidad.

Tampoco se darán ayudas si el inquilino es familiar del propietario o si supera ingresos a 5 veces el IPREM en el momento de la suscripción del correspondiente contrato.

El plan incluye otro tipo de incentivos, también para movilizar viviendas vacías hacia el parque público de alquiler social. Los propietarios de esas casas recibirán una ayuda por ceder su gestión a las comunidades autónomas o ayuntamientos, que tendrán limitado después su alquiler a 600 euros, aunque la cifra se irá actualizado anualmente conforme al índice de rentas de alquileres, «a partir de la entrada en vigor de este real decreto». «Las personas o entidades propietarias de las viviendas podrán recibir una ayuda de hasta 600 euros por vivienda y mes; esta ayuda se sumará a la percepción de la renta arrendaticia, limitada en los términos establecidos en este artículo», añade el documento.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrá una financiación total de 7.000 millones de euros, triplicando lo invertido en el anterior. La idea es que su financiación se reparta entre el Estado, que aportaría un 60% de los fondos, y las comunidades, con el 40% restante. El 40% de los recursos están orientados a aumentar la oferta de vivienda protegida; el 30% a la rehabilitación y el resto a ayudas a la emancipación y a reducir la tasa de esfuerzo, donde se incluye la medida estrella del Ejecutivo de ayudas al alquiler con opción a compra de viviendas de protección permanente de hasta 30.000 euros, aunque con un posible número de beneficiarios muy limitado.