Los candidatos asturianos evidencian la dificultad para llegar a acuerdos tras el 26-J

A estas alturas de la película, cuando apenas quedan un puñado de días para el 26-J, el horizonte de la gobernabilidad de España aparece teñido de nubarrones, de incertidumbre. Hay cuatro opciones en liza y las distintas posibilidades de pacto para investir un nuevo presidente no tienen, al menos a día de hoy, bases sólidas. Así quedó claro en el debate entre los cabezas de cartel por Asturias que se celebró ayer en Canal 10, en el que las diferencias entre Susana López Ares (PP-Foro), Adriana Lastra (PSOE), Sofía Castañón (Unidos Podemos) e Ignacio Prendes (Ciudadanos) pesaron más que las discrepancias, especialmente en materias muy sensibles como la corrupción y las políticas para detectarla o combatirla o la economía, el empleo y los impuestos.

Las relaciones entre los cuatro partidos inmersos en la batalla están muy deterioradas, producto de unas primeras elecciones, en diciembre, que resultaron fallidas, y a continuación de un largo periodo previo a estos nuevos comicios en el que han predominado los cruces de acusaciones y los reproches mutuos. Ha habido mucho enfrentamiento y pocas apelaciones a la concordia y la búsqueda de puntos de encuentro y eso estrecha el margen de maniobra a la hora de buscar mayorías de gobierno. Las discrepancias de fondo sobre cuestiones capitales de la realidad política, social y económica asomaron ayer en el debate entre los candidatos asturianos.

La corrupción es uno de los puntos más delicados, y no tanto por la voluntad de todos los partidos de afrontarla y mitigarla, que existe, como remarcaron los cuatro candidatos, como por las soluciones que se plantean y, sobre todo, por las responsabilidades por los hechos del pasado. En la discusión asomaron temas candentes como Gürtel o el caso Renedo y quedó claro que en este capítulo un abismo separa a los partidos.

Aquí fueron varios los puntos calientes. Hubo tensión entre Unidos Podemos y el PSOE cuando Castañón diferenció dos tipos de corrupción, una que podría considerarse ilegal y otra que sería legal, y metió en este segundo saco los sobrecostes y singularmente el caso de la ampliación del puerto de El Musel. Pidió, tanto para este caso concreto como para otros que situó en un plano similar, como el nuevo HUCA o la variante ferroviaria de Pajares, una auditoría independiente que clarifique la gestión de estas obras.

La alusión de Castañón a El Musel y las continuas referencias que desde Unidos Podemos se hacen a la gestión de esta obra soliviantaron a la número uno del PSOE, que salió a la ofensiva. «No admito que digas que El Musel es corrupción», espetó Lastra a su adversaria. «Puede ser un error político, o, mejor dicho, un error técnico, pero nadie se ha quedado con dinero», agregó, instando a los dirigentes de la confluencia de la izquierda alternativa a no sembrar dudas sobre personas «con nombres y apellidos» sin pruebas de ningún tipo. Castañón negó acusar a nadie de nada ilícito fue en ese momento cuando trazó la diferencia entre una corrupción ilegal y otra legal pero sí recordó que el asunto está en los tribunales.

A partir de ahí se entrecruzaron dos escándalos que han copado la actualidad en esta etapa reciente: la trama Gürtel y el caso Renedo. En relación con el primero, López Ares tuvo que fajarse ante los ataques del resto y presumió de que el PP, en estos cuatro años, ha impulsado más de 70 medidas para luchar contra la corrupción y remarcó que su compromiso es «claro y contundente». Explicaciones que no convencieron a Lastra, que afeó a Mariano Rajoy que «blindase» en el Senado a Rita Barberá, sacó a colación los mensajes a Luis Bárcenas y remarcase: «Es un partido imputado por financiación ilegal que rompe ordenadores a martillazos para destruir pruebas».

Escándalos de distinto color

Prendes, con más libertad para moverse, jugó a dos bandas. Al PP le echó en cara su, a su juicio, inacción en estos años para combatir la corrupción, y le afeó que haya impulsado una reforma para reducir los plazos de instrucción de los sumarios pero sin dotar de más medios materiales a la justicia, algo que, a su juicio, provoca una menor eficacia en la lucha contra esta lacra. Al PSOE, por su parte, le sacó el caso Renedo y el hecho de que, si bien no está imputado, permita que el ex presidente Vicente Álvarez Areces siga yendo en la lista al Senado. Recordó que la Junta General le señaló como responsable político del escándalo, un concepto este, el de la responsabilidad política, el «dimitir a irse a casa», que animó a extender. Fue un cruce de ataques porque tanto Prendes como López Ares azuzaron al PSOE con el caso de los ERE en Andalucía, a lo que Lastra replicó defendiendo la forma en que los socialistas han actuado ante el episodio de supuesta corrupción.

A partir de ahí el debate giró a lo económico y también aquí surgieron las discrepancias, curiosamente de mayor tono entre los candidatos de PSOE y Ciudadanos aunque también haciendo visibles las dificultades para que, llegado el caso, cuaje la hipótesis de una gran coalición que incluya al PSOE. Un acuerdo a tres que aislaría a Unidos Podemos y que se propugna desde algunos sectores pero que, en estos momentos, afronta muchas dificultades para cuajar.

Los reparos son muchos. Se habla de crear empleo pero se discrepa sobre la forma de hacerlo. El PP defiende las bondades de la reforma laboral pero tanto Lastra como Castañón abogaron por derogarla al entender que solo ha creado precariedad en el mercado laboral. Todos, además, hicieron frente común contra el Ejecutivo de Rajoy por su polémica amnistía fiscal, en un movimiento que comprometió la posición de López Ares, que tuvo poca defensa en este punto. Y capítulo aparte jugaron los impuestos, donde hay posturas muy dispares.

La cabeza de cartel del PP defendió que, en el actual escenario de crecimiento económico, es factible bajar impuestos. Un compromiso ante el que sus contrincantes le recordaron que en 2011 su partido llegó al gobierno a lomos de la misma promesa, que luego incumplió. En esta materia, Lastra fue clara al dejar sentado que las rebajas fiscales son incompatibles con el sostenimiento del estado de bienestar y que la clave es un reforma fiscal «para que tribute la riqueza». Una revisión de la estructura tributaria en la que incidió Castañón para que las rentas más altas y los grandes patrimonios paguen más que ahora.

Especialmente belicoso con el PP en materia fiscal fue Prendes, que criticó a los populares por varias cosas: por pactar en 2014 unos presupuestos con el PSOE en Asturias que no eliminaron el impuesto de Sucesiones, aunque López Ares le recordó que él hizo lo mismo en 2013; por incumplir sus promesas y permitir que en 2015 la presión impositiva sea mayor que la vigente en 2011, ya que las rebajas de la segunda mitad de la legislatura no habrían compensado las alzas de la primera; y por dejar un «agujero» de 8.000 millones de euros fruto del incumplimiento del déficit que abre la puerta, señaló, a una multa de la Unión Europea.