Díaz Rato dice que Puertos del Estado «ordenó» llegar a un acuerdo con la UTE de El Musel

El exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón y a su vez exdirector de la obra de ampliación de El Musel, José Luis Díaz Rato, compareció ayer durante más de tres horas ante el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González. A preguntas del fiscal y las acusaciones particulares por el procedimiento abierto por los sobrecostes de la obra portuaria, el exdirector apuntó que fueron el propio presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, y el entonces secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Fernando Palao, quienes «ordenaron» al expresidente del puerto, Fernando Menéndez Rexach, y al exdirector, José Luis Díaz Rato, «que llegaran a un acuerdo con la UTE para la modificación del proyecto constructivo y un incremento de los precios de los áridos necesarios. También le ordenaron a Díaz Rato que amarrara todo lo que pudiera los precios. Y eso hizo, hasta el punto de que ahora la UTE reclama hasta 330 millones de euros, incluidos los intereses», explicó su abogado Viliulfo Díaz. Y, añadió que su defendido «desmontó punto por punto, con rigor matemático, todas las denuncias presentadas».

Tras la declaración ante el juez, el representante legal de Díaz Rato reconoció estar «muy satisfecho, porque por fin ha tenido la posibilidad de hablar. Además, el juez le dio la oportunidad de expresar sus 37 años de trabajo en el puerto, así como todo lo relacionado con los aspectos técnicos de la obra».

Díaz apuntó que su representado «respondió a infinitas preguntas del fiscal y contestó con rigor, precisión y conocimientos técnicos. Demostró su absoluta honradez y admitió su responsabilidad como director de la obra, pero no cobró ni un euro por ello». Recordó, además, que «nadie ha atacado la obra desde el punto de vista técnico, ni siquiera la Olaf. Y eso es de lo que él es responsable».

Tras explicar que tanto el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude como de la Intervención General de la Administración del Estado contienen datos «inexactos, erróneos y falsos», Viliulfo Díaz apuntó que Díaz Rato «se sentía humillado, porque salía en la prensa todos los días como si fuera un hombre ya casi condenado, junto con el presidente del Puerto».

El fiscal todavía no ha acusado de forma formal a ninguno de los implicados en este procedimiento, pero, en el caso de que José Luis Díaz Rato llegara a ser imputado, su abogado explicó que sólo podría ser por delitos de fraude o malversación -uno de los dos- y prevaricación. No obstante, entre los argumentos defendidos por el exdirector están que el informe de la Olaf no fue elaborado por técnicos, sino por abogados, mientras que el de la Intervención General de la Administración del Estado lo realizaron técnicos y no interventores. Sobre los sobrecostes de la obra, el letrado explicó que Díaz Rato «desmontó» que hubiera ocultado la existencia de esos sobrecostes hasta pasadas las elecciones de 2007, cuando se conocían un año antes, según la IGAE. «Es falso, porque los sobrecostes no estaban calculados. No se podía aprobar el modificado hasta saber cuánto valía. Ese modificado se presentó en 2007»

Y es que aquí viene el origen de esos sobrecostes. Tras decidir la ampliación portuaria ya que El Musel llevaba casi 50 años sin ser tocado, se consideró necesaria la obra para que el puerto gijonés no quedara obsoleto y pudiera competir con otros puertos de la Cornisa Cantábrica, según explicó el letrado. Díaz Rato señaló ante el juez que fue a finales de 2006 cuando se celebró una reunión en Madrid en la que estuvieron presentes, además de él y el presidente del puerto, Fernando Menéndez Rexach, los gerentes de las cuatro empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres, el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, y el secretario de Estado, Fernando Palao. Fue en ese encuentro en el que la UTE advirtió de la imposibilidad de continuar la obra si no se modificaban los precios. «Les ordenaron llegar a un acuerdo con la UTE y que amarraran todo lo que pudieran los precios. Ahora, incluso nadie cree que esa ampliación haya salido tan barata, pues hay una auditoría que dice que el precio ha sido inferior en cien millones de euros a su valor. Además, hay que recordar que el presidente del puerto nombrado por Foro Asturias -Emilio Menéndez- aprobó la liquidación de la obra y él era interventor general del Estado», apuntó Viliulfo Díaz.

Todos los requisitos legales

En este punto, el representante legal de Díaz Rato apuntó que se siguieron todos los requisitos legales del Estado. Tal fue así que, según Díaz, «la Abogacía del Estado, la Intervención del Estado, el Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y el Consejo de Administración del Puerto intervinieron en el control de esa legalidad». El proyecto modificado, según la declaración de ayer de Díaz Rato, no fue aprobado por el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria gijonesa hasta diciembre de 2007.

Y ya que una de las órdenes transmitidas por Puertos del Estado a Díaz Rato había sido la de controlar al máximo los precios, «se convirtió en la bestia negra de la UTE y las propias empresas dijeron que nunca habían visto instrumentos de control tan fuertes. Se negoció el modificado por la mínima cantidad de dinero», indicó el letrado.

Por último, se preguntó por qué no se investigan otras obras portuarias realizadas en España y recordó que el modificado de la obra de El Musel no incluye solo los sobrecostes, sino que es una modificación del conjunto de la obra, desde su inicio. Viliulfo Díaz aseguró que «también le preguntaron al exdirector por la dotación de seguridad e higiene. Su cometido era obligar a la UTE a que la tuviera y prueba de ello es que en El Musel sólo se registraron dos heridos leves, mientras que en la obra del puerto coruñés de Llagosteira hubo tres fallecidos».