Podemos afirma que la investigación de El Musel demuestra que la obra fue «un descontrol absoluto»

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha solicitado al Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional la declaración como imputados del exalcalde de Carreño, Ángel Riego, los gerentes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, adjudicataria de la ampliación de El Musel; el apoderado de Tudela Veguín José Antonio Muñiz «así como otras personas que hayan ejercido como consejero delegado o apoderados de la entidad Tudela Veguín entre 2005 y 2010, ya sea directamente o designados por alguna persona jurídica que ejerciera tal función».

En el marco de la investigación abierta por la macroobra del puerto, el fiscal Miguel Serrano Solís ha emitido dos escritos. En el primero apunta la «conducta contradictoria» de Ángel Riego en este proyecto como alcalde y como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, cargo que ocupó entre 2000 y 2014. La Fiscalía señala que en su condición de vocal votó a favor de adjudicar las obras a Dique Torres en enero de 2004 (aunque en realidad la obra fue adjudicada el 4 de enero de 2005); que el 20 de noviembre de 2007, cuando «el consejo se da por enterado de las dificultades sobrevenidas en la ampliación del puerto, acuerda (el consejo) continuar las gestiones para concluir el trámite de aprobación del modificado por 216.314 euros» y que el 18 de diciembre de ese mismo año el consejo aprueba «por unanimidad» el proyecto de modificado. El 30 de julio de 2009 Riego votó a favor de la aprobación económica del proyecto de modificado.

Sin embargo y, pese a que Dique Torres había manifestado en su oferta que disponía de dos canteras suficientemente cercanas, «aproximadamente a diez kilómetros del punto de arranque de la obra, siendo una de ellas Perecil I, «ésta no pudo ser utilizada como fuente de suministro de materiales pétreos durante el tiempo de ejecución de la obra», indica la fiscalía. El motivo manifiesta es que el Ayuntamiento de Carreño, del que era regidor Ángel Riego, acordó por resolución el 27 de julio de 2005 «la suspensión inmediata por el plazo de un año del otorgamiento de licencias para usos relacionados con industrias, canteras, actividades mineras en varios barrios del concejo, resolución adoptada siete meses después de la adjudicación de las obras de ampliación y que afectaba directamente a la cantera de Perecil I».

Serrano Solís también hace referencia a que «el consejo de administración de la Autoridad Portuaria acordó en mayo de 2005 iniciar el expediente de modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios que, con posterioridad, fue aprobado por orden del Ministerio de Fomento. Dicha orden fue objeto de recurso contencioso-administrativo por el Ayuntamiento de Carreño, que solicitaba su suspensión».

Desde el punto de vista de la Fiscalía, «las diligencias practicadas hasta la fecha en la investigación (declaraciones de los tres imputados: el presidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach; el director del Puerto, José Luis Díaz Rato, y el gerente de la UTE, Juan Miguel Pérez, así como el escrito dirigido por el presidente de la Autoridad Portuaria al Jurado de Expropiación en junio de 2009) avalan la tesis de José Prendes, titular de las parcelas expropiadas en el Alto de Aboño, quien sostiene que la expropiación de estos terrenos tenía como finalidad la obtención de materiales de relleno para las obras de ampliación. De hecho, con posterioridad al acta de ocupación de los terrenos expropiados y hasta la fecha, no se ha procedido a la explanación imprescindible para convertir esos terrenos en espacios útiles para el servicio portuario».

Todas estas circunstancias, según el fiscal, «ponen de manifiesto la conducta contradictoria de Ángel Riego al actuar en su doble condición de vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y alcalde de Carreño y con una relevancia jurídico penal en tanto que pudiera implicar una directa responsabilidad en la posible arbitrariedad en las resoluciones unánimamente adoptadas por la Autoridad Portuaria de Gijón a la hora de adjudicar el contrato y su modificación posterior y en la resolución de suspensión de licencias para usos relacionados con canteras».

En el mismo escrito, el fiscal solicita que también se llame a declarar como imputado al gerente de Dique Torres, David López Navarrete, pues «las declaraciones de los tres imputados y el informe pericial de los funcionarios de la Intervención General del Estado ponen de manifiesto que actuó como gerente de la UTE llevando a cabo actuaciones de las que pudieran derivarse responsabilidades juridíco penales por varios delitos: solicitud formal de un segundo modificado con fundamento en el sobrecoste de la obtención y transporte de los materiales pétreos de canteras».

En el segundo escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Serrano Solís ve «indicios de que Dique Torres no facturó obras a favor de Tudela Veguín y de que podría haber ocultado esta prestacion de servicios a la Agencia Tributaria» y de que el grupo cementero «podría haber omitido la contabilización de los ingresos de estas prestaciones en especie, ocultándolas en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2009».

El fiscal se basa, por un lado, en el informe final de la Oficina Europea Antifraude (OLAF), que recoge que «Tudela Veguín facturó únicamente a la UTE los importes relativos a los costes soportados por la empresa relacionados con la explotación de las canteras y que, según los contratos firmados, corresponden a la UTE Dique Torres. El importe total facturado entre el 31 de agosto de 2005 y el 28 de febrero de 2011 se elevaba a 7.703.456,10 euros / m3 . Pero, contrariamente a las informaciones transmitidas por el beneficiario de la ayuda a la OLAF (Dique Torres), el precio de los materiales suministrados por las canteras de Tudela Veguín no se correspondía con el precio inicialmente aprobado en el proyecto. De hecho, no existía ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales».

La Fiscalía también toma en consideración la declaración de Juan Miguel Pérez Rodríguez, gerente de la UTE entre julio de 2005 y octubre de 2009. «Vino a manifestar que, entre las prestaciones, habría una parte que fue facturada la correspondiente al cemento que Tudela Veguín vendió a la UTE, la correspondiente a los costes de extracción por esos casi 8 millones de euros y otra parte no facturada a Tudela Veguín al margen de contabilización a favor de ésta, sin factura y sin repercusión del correspondiente IVA».

Según el auto, «esas prestaciones, valoradas en 80 millones de euros, por el gerente de la UTE en su declaración, habrían consistido en la ejecución de diversas obras en beneficio de Tudela Veguín. A ellas se hace referencia de formagenérica en un contrato entre la UTE y Tudela Veguín, donde Dique Torres asume la obligación de ejecutar una serie de labores le sea útil o no para la realización de la obra». El fiscal ve indicios de que «no se habría facturado por la UTE la ejecución de obras a favor de Tudela Veguín» y que Dique Torres «habría oculatado esta prestación de servicios a la Agencia Tributaria», mientras que «Tudela Veguín podría haber omitido la contabilización de los ingresos por estas prestaciones en especie ocultándolas en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2009».

Por ello, considera «procedente ampliar la investigación y el objeto del procedimiento a un delito contra la Hacienda Pública. Considerando que pueden resultar responsables del delito bien prestándose a ejecutar obras que no facturan, bien percibiendo las mismas en 2009 y 2010, pide que secite a declarar commo imputados a José Antonio Muñiz, como apoderado que firma los contratos en representación de Tudela Veguín; Juan Miguel Pérez, como gerente que actuó en representación de la UTE; Isidro Alonso, posterior gerente de la UTE al cesar Juan Miguel Pérez, así como otras personas que hayan ejercido como consejeros delegados o apoderados de Tudela Veguín entre 2005 y 2010».

Contratos entre Tudela y la UTE

Según ha explicado Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo y abogada personada en este proceso que investiga las posibles irregularidades vinculadas con los sobrecostes de la ampliación de puerto gijonés, la Fiscalía quieren profundizar en las "relaciones entre la UTE y Tudela Veguín". La abogada afirma que existe la sospecha de que Dique Torres efectuó obras "sin facturar" o cuyos importes "no han sido declarados" en Tudela Veguín, es decir, "inversiones", o lo que posteriormente Ripa ha definido como "pagos en especies".

"Formaba parte del acuerdo de envío de materiales pétreos" de la cantera de Tudela Veguín, según ha explicado la videalcaldesa de Oviedo. Obras que, según ha estimado a partir de las declaraciones realizadas hasta ahora, podrían superar los 80 millones de euros.

Por este asunto, ha explicado la letrada, la Fiscalía solicita que "se remitan todos los acuerdos firmados entre Tudela Veguín y Dique Torres o sus empresas", así como "otra pericial sobre la determinación de diversos materiales". Se señala además la "la posible ocultación por parte de la Autoridad Portuaria documentación, o la elaboración de documentos ad hoc". Taboada afirma que la Fiscalía amplía la investigación porque considera también que pueden existir los delitos de "fraude y exacciones ilegales, falsedad documento oficial y fraude la Hacienda Pública".

Asimismo, explica que se alude a posibles "falsas informaciones de la UTE sobre el número de transportes", por lo que se solicita "la testifical de los investigadores de la OLAF", ante este "descontrol absoluto sobre el material que entraba, el pesaje y el duplicado de camiones".

"Se trata de una causa muy compleja que afecta a diferentes instituciones y empresas", ha explicado la abogada. Según su punto de vista, "la falta de control absoluto en cómo se han llevado a cabo los trabajos y la falta de interés del Consejo de Administración ha sido lo que ha conllevado estos sobrecostes tan elevados", en los que considera que existen "intereses privados claros".