Gijón

El Ayuntamiento recurrirá la anulación de la ordenanza de movilidad gracias al voto de calidad de la alcaldesa

Este recurso lo promueve el equipo de gobierno de PSOE e IU y viene avalado por sendos informes de los juristas municipales que remarcan el interés casacional objetivo de dar este paso. Por un lado, de la Asesoría Jurídica Municipal y, por otro, de la Secretaría General del Pleno. Por el momento, se mantienen las restricciones previstas en la ordenanza, como que los vehículos sin etiqueta ambiental seguirán sin poder aparcar en zona azul y que las personas con movilidad reducida tendrán que pagar la ORA, entre otras.

El edil de Movilidad, Aurelio Martín, reiteró la defensa de la ordenanza, que calificó como «buena» dado que ha incorporado 119 enmiendas de los grupos municipales. También advirtió de que no recurrir traería más consecuencias, ya que se volvería a la Ordenanza de 2002, que no recoge actualizaciones normativas, como la de Cambio Climático, ni nuevos modos de movilidad, como los patinetes.

Aunque salió adelante con el voto de calidad de la alcaldesa, se pensaba que Podemos daría su voto favorable y no la abstención. La portavoz municipal de los morados, Laura Tuero mostró su preocupación por la judicialización de la política «por la derecha y la extrema derecha». Defendió la ordenanza y confió en «las decisiones que toman los técnicos municipales».

Foro, quien ganó el recurso a la ordenanza, defendió la postura a través de su edil Pelayo Barcia. Tildó de «total irresponsabilidad» el presentar este recurso. La concejala del PP Ángeles Fernández-Ahúja -partido que también puso un recurso y ganó- pidió cuantificar el coste del recurso y criticó que el gobierno no aproveche para «corregir los perjuicios de esta ordenanza».

No hubo problema para que la concejala de Hacienda, Marina Pineda, lograse el aval necesario para las modificaciones presupuestarias. Ya tenían la luz verde de la comisión de Hacienda y faltaba que fuese ratificado en pleno. Suman 12.582.874 euros. Tiene dos procedencias distintas. Por un lado hay 6.688.095 euros que es del Ayuntamiento, y por otro de los organismos autónomos. Lo más relevante son las subvenciones nominativas. Es donde quedan encajados, por ejemplo, los convenios para la celebración de la XXXVI edición de la Semana Negra (175.000 euros), el mantenimiento de la Fundación Evaristo Valle, otras cuantías que gestiona directamente el Ayuntamiento como el dinero para Otea, Fade, la Cámara de Comercio o las FAV, la rural y la urbana, etc.

Aunque salió adelante, hubo un aspecto polémico en el debate al incluir un contrato para el alumbrado público inteligente.«Nada que ocultar y nada extraño», replicó la edil de Hacienda sobre el citado contrato, del que recalcó que ha llevado muchas operaciones para poder fijar la cuantía y ajustarla a los cambios normativos.

Por un lado estaban las cuestiones del día a día en el funcionamiento del Ayuntamiento, el recursos y el presupuestos, y después había dos cuestiones que llevaban Podemos-Equo y PP que son compromisos a adquirir por el equipo de gobierno que no tienen una materialización inmediata. La más relevante era la de Podemos, que quiere mejor la calidad de la comida en los comedores escolares. La portavoz municipal de Podemos-Equo, Laura Tuero, recalcó que «no puede ser que este equipo de gobierno ponga excusas y mire para otro lado amparándose en que el contrato dice que la comida tiene que ser de calidad». Laura Tuero defendió «un compromiso de todos los grupos con la calidad de la comida de los comedores escolares a través de cocinas de proximidad«. Salió adelante con una enmienda introducida por el PSOE. En el pleno intervino la presidenta del AMPA del colegio público Laviada. Margarita Trasancos aseguró que sus hijos salen «con hambre» y que hay «quejas reiteradas» sobre que los menús no se ajustan a los gustos de los niños y que los platos son «poco apetecibles».

El PP sacó adelante por unanimidad una iniciativa para reaprovechar las instalaciones de la Fundación Metal Ángela para la formación de profesionales de este sector. La portavoz 'popular, Ángela Pumariega, señaló que si bien el Ayuntamiento no tiene competencia formativa, sí puede instar al Principado para que este inmueble no quede «en el olvido». Por ello, ve «imprescindible» no desaprovechar oportunidades aunque cambie el modelo de la FP. Ha visto importante, además, el diálogo con las empresas del sector.

La polémica vino con la aprobación del reglamento del Consejo de Memoria Democrática. En concreto, PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón han votado a favor, mientras que el PP, Vox y el concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo, lo han hecho en contra y se han abstenido Ciudadanos y Foro. La edil Salomé Díaz Toral recalcó la obligación «ética, política y legal» el recuperar del olvido y dignificar la memoria de los vecinos gijoneses, que sufrieron la «barbarie», según ella, por sus creencias políticas e incluso religiosas.

El Pleno municipal también aprobó dos declaraciones institucionales; una con motivo del 8M (lo apoyaron todos menos Vox y Alberto López-Asenjo) y en apoyo al pueblo de Ucrania, por unanimidad.